La iniciativa de reforma electoral que ha sido presentada por el gobierno federal pretende desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales locales.
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En caso de aprobarse implicaría ajustes a la estructura electoral, pues todo se concentraría en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y las resoluciones de juicios estarían a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Gasto IEEM y TEEM
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) representan un gasto de entre mil 500 y tres mil millones de pesos anuales para la entidad mexiquense.
Para este 2022 el presupuesto estatal señala que entre el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral estatal gastarán más de mil 582 millones de pesos.
En el 2021, año electoral, los recursos asignados a esos dos entes electorales sumaron tres mil 370 millones de pesos.
Ese gasto incluye mantener la burocracia de los dos entes que se encargan de organizar y calificar las elecciones locales de integrantes de ayuntamientos y de la Legislatura local; así como los comicios por la gubernatura mexiquense y de resolver los juicios que se interpongan.
Salarios
De acuerdo con el tabulador publicado hasta el año pasado del IEEM, el salario mensual neto de las y los consejeros electorales era de 70 mil 241 pesos. Los montos no se han actualizado a este año.
En cuanto a las y los magistrados electorales estatales perciben 119 mil 43 pesos netos al mes y la presidenta 141 mil 921 pesos netos mensuales, ya actualizados al 2022.
En ambos órganos electorales las y los consejeros y magistrados tienen prestaciones de ley. Además, las y los magistrados reciben una gratificación de 32 mil 680 pesos netos semestrales y 39 mil 813 pesos netos mensuales en el caso de la presidenta magistrada.
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Las y los consejeros perciben una prima de 26 mil 620 pesos netos, una gratificación anual de fin de año de 77 mil 524 pesos netos, así como un aguinaldo de 127 mil 351 pesos.
La reforma
La iniciativa plantea que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. Argumenta que en los últimos años sus actos se han caracterizado por falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.
El punto culminante de esa crisis de autoridad, señala la propuesta, fue el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato.
También menciona que un grave problema del sistema político mexicano es el costo de operación de los procesos electorales. Ejemplifica que mientras en 1999 se asignó un presupuesto de 13 mil 400 millones de pesos, para 2018 ese gasto ascendió a 68 mil 300 millones de pesos; un crecimiento de 409% en menos de 20 años.
La propuesta advierte que existe un «gigantismo de los órganos electorales locales» y considera que los tribunales locales en materia electoral tienen irrelevancia, pues no brindan certeza a los procesos electorales. La instancia federal es la que resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado.
Por ello, propone que el TEPJF absorba las controversias electorales locales del país.
¿Quién suplantaría al INE?
Para el caso del Instituto Nacional Electoral, su lugar lo ocuparía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como única autoridad administrativa electoral del país. Esta instancia absorbería a los órganos públicos locales, con lo cual, se encargaría de organizar todos los procesos electorales nacionales, estatales y municipales.
La propuesta también eliminaría los distritos electorales, la estructura electoral distrital y prevé la creación de órganos temporales y auxiliares, en especial en periodos electorales para concentrar las funciones actualmente fragmentadas en innumerables unidades administrativas.
Una sola autoridad administrativa, señala la propuesta, abonaría a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana.
