Impartir justicia no es lo mismo que administrarla. Nada hay tan humano como el sentido de imaginar que existen leyes que deben regir la vida. Esas leyes nos las damos a nosotros mismos. El humano tiene, entre sus características exclusivas, el regular sus comportamientos en apego a ideales. Uno de esos ideales es la justicia. Al tratarse de un ideal, es algo cuya existencia se pre-supone. Dicho de otra manera, hablamos de algo que no existe, sino que creemos que debería existir.
Dado que estamos en el plano de los supuestos, lo que el humano se inventó para volverlos acciones es la ley. Así es: algunas personas con poder suficiente para lograr que ello operara, decidieron poner por escrito las reglas que todos debían seguir en su día a día. Esto ocurrió hace miles de años. Lo que se puso en esos primeros códigos prefiguraba escenarios en los que era necesario que “alguien” interviniera para impartir justicia. Ese alguien, al que podemos equiparar con la figura de un juez, era el responsable de dirimir las diferencias, de dar a cada quien lo que le correspondía y, de esa manera, permitir que la vida de todos siguiera su curso normal.
Ese ideal de la justicia, terminó, pues, por instituirse. Esto último significa convertirse en una instancia real, existente, con nombre y rostro, con facultades e instrumentos. De esta manera, ser juez significaba la encarnación de quien imparte la justicia, pero los tribunales, representaban la instancia que administra esa impartición de justicia. Con el paso de los años, con el cambio de modos de gobernar, con la consolidación del Estado moderno, con las nuevas leyes expedidas bajo condiciones cambiantes, ese ideal terminó erigiéndose en un Poder del Estado.
Digámoslo de esta manera: cuando la forma republicana de organizar las sociedades se consolidó como la “adecuada” a los tiempos modernos, apareció la división de poderes. Se pensó básicamente en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así es como está organizado el Estado moderno, incluido el nuestro, el mexicano.
¿Qué tenemos, entonces? Un ideal (el de la justicia) convertido en un Poder. Ello tiene consecuencias importantes en los hechos, porque pasamos de la impartición de justicia a la administración de la misma. Dicho de otra manera, los ciudadanos acuden a ese poder en busca de justicia, pero lo que encuentran son procedimientos, reglas, actores, tiempos, instrumentos, jerarquías, lenguajes, hábitos, costumbres y usos que van a ubicarse justo en medio de la situación agraviante y la justicia.
Si pudiéramos dibujarlo sería como un personaje diminuto que desea un poco de agua, pero la única fuente disponible está del otro lado de un terreno accidentado, lleno de obstáculos y oponentes. Quienes han tenido que enfrentar un juicio –del tipo que sea- saben de lo que hablo. La administración de la justicia es todo antes que pronta y expedita. ¿Por qué?, básicamente debido a que se trata de un complejo aparato, que se alimenta a sí mismo de usos y costumbres propios, que tiene un limitado contacto con el grueso de la población, que se resume en la figura de un juez que lee expedientes en la soledad de su oficina y, con base en lo que dicen los documentos, “imparte justicia”.
Debido a que hay cientos y cientos de expedientes que esperan el lerdo análisis del juzgador, los juicios duran meses o años. Entretanto, el ideal de justicia se deslava y la gente opta por otros caminos para obtener lo que quiere, lo que estima propio, lo que le hace sentir tranquilo: la corrupción, la venganza, la ilegalidad u otras rutas, menos cercanas al ideal moral, pero más cercanas al pragmatismo cotidiano.
Hoy, por lo menos, se debate este gran problema a nivel nacional. El pequeño “detalle” es que se está concentrando la mayor atención en el Poder Judicial de la Federación, dejándose en la oscuridad lo que ocurre con los Poderes Judiciales de cada entidad federativa. Estos últimos son los encargados de la justicia en el fuero local, es decir, la relacionada con los problemas inmediatos de las personas: la violencia familiar, vecinal, las disputas civiles, los atropellos administrativos, los abusos de autoridad, etc.
En cada entidad de la República debería replicarse el gran debate que se ha abierto acerca del poder judicial que queremos, que nos merecemos. Debería aprovecharse esta inercia, que se desprende de la iniciativa del presidente de la República, para reformar el Poder Judicial de la Federación y hacer ejercicios similares de discusión y deliberación legislativa sobre el funcionamiento de los poderes judiciales estatales.
Sabemos que, luego de las elecciones del pasado 2 de junio, en al menos 27 estados de la República los congresos estarán dominados por los legisladores de Morena y sus partidos aliados. Sin en ellos impera el mismo ánimo que ha demostrado el actual presidente y la futura presidenta para remover ese anquilosado poder que hoy administra la justicia, deberían hacer lo propio en su ámbito de competencia.
Los mismos vicios, abusos, privilegios y prácticas corruptas que se han advertido que imperan en el Poder Judicial federal se replican a niveles locales. ¿Dónde están las iniciativas para iniciar la revisión y reforma de estas instancias? Desde los Ejecutivos estatales o desde las legislaturas de cada estado deberían ponerse en marcha ya los mismos esfuerzos encaminados a darnos aparatos menos complejos, más abiertos, más funcionales para que la gente obtenga justicia en los casos en que así lo demande.
