Llevamos ya un tiempo presenciando el cambio de régimen en México. Tras la llegada del movimiento obradorista, se han modificado muchas cosas para tratar de distanciarse del modelo implementado desde mediados de los años ochenta del siglo pasado y al que conocemos como neoliberal. Todos lo hemos notado: se modificó ya el poder judicial, se han desaparecido los llamados “organismos autónomos”, se ha reformado la constitución para reconocer derechos sociales, se han impulsado mejoras salariales y reformas laborales, etc. Yo diría que solo faltan dos cosas para concluir ese proceso de alumbramiento del nuevo régimen: la reforma política y la fiscal.
La primera de ellas, la que tiene que ver con las instituciones y procesos que permiten constituir gobiernos, tendría que realizarse antes de que inicie el proceso electoral que culmina con los comicios de 2027. Es decir, se tendría un par de años. Para esa reforma ya hay algunas iniciativas que parecen contar con aprobación social: reducir el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir el número de legisladores (sobre todo replanteando la figura de los plurinominales), abaratar los costos de organismos electorales, incluso desapareciendo los que tiene cada entidad federativa, entre otras.
Estoy seguro que la resistencia a una reforma política que apunte en esa dirección no será mayor ni de parte de la ciudadanía. Solo los muy disminuidos partidos de oposición podrían alimentar su narrativa del “gobierno autoritario” y de la aplastante mayoría de Morena, pero nada distinto de lo que ya han venido diciendo y haciendo en los últimos años. En consecuencia, la reforma bien podría pasar muy rápidamente en el poder legislativo e implementarse precisamente en los comicios de mitad de sexenio, cuando se renueve la Cámara de Diputados federal y haya elección de varios gobernadores, alcaldes y diputados locales.
La otra reforma, la fiscal, probablemente enfrente mayores obstáculos para pasar. No olvidemos que se trata, nada menos, de la que permitiría que sean sostenibles los programas sociales, la obras de infraestructura a cargo del Estado y, en general, la operación del aparato gubernamental. Los impuestos que sostienen toda esa enorme maquinaria tendrían que incrementarse considerablemente para garantizar su operación.
Nuestro país no es, ni de lejos, uno en el que los impuestos sean excesivos. Hay muchas otras naciones, sobre todo del llamado “primer mundo”, en las que sus cargas impositivas son mucho mayores. La contra parte de los impuestos, que son los servicios públicos, son siempre la forma de justificar la carga tributaria. Si hay seguridad pública, servicios de salud dignos, educación de calidad, etc., el gobierno puede justificar el monto de los impuestos. Y si no hay nada de eso, siempre existirá espacio para descalificar su cobro, explicar la evasión y elusión.
Pienso que los obstáculos que podría enfrentar esa reforma serán mayores, sobre todo porque el gobierno en lo general (federal, estatales y municipales) no han hecho el mejor de los trabajos. Resulta muy difícil anunciar que se incrementará el predial cuando las calles están llenas de baches, o que se va a cobrar más Impuesto Sobre la Renta cuando no hay seguridad pública eficiente.
Tengo la impresión, además, que siempre habrá quien asuste a todos diciendo que, si se suben los impuestos, se van a ir las inversiones y que eso derivará en una crisis económica para el país. De hecho, esta argucia ha sido utilizada en muchas y diversas ocasiones cuando se trata de mover, aunque sea un poco, el escenario en el que se hace dinero en el país: si se trata de regular a los mercados, se amenaza con la salida de capitales; si se busca incrementar el salario, se amenaza con la espiral inflacionaria; si se busca gravar la riqueza, se amenaza con que es la puerta al comunismo.
Impulsar esta reforma requerirá de mucho más tacto del que ahora han mostrado los legisladores de la mayoría de Morena. Será necesario que la presidenta utilice o invierta parte de su capital político en ello (ahora tiene altos niveles de aprobación, pero eso no hay garantía de que siga así) y que se diseñe bien el tipo de ajustes que se deben hacer, no gravando el consumo, sino la riqueza; no aumentando de manera generalizada, sino selectiva; no dejando espacio para que se genere miedo en el grueso de la población, sino cubriendo todos los espectros del ámbito informativo, donde se tiene que conocer a detalle qué impuesto, para quién y por qué o para qué.
Creo que una vez que ambas reformas pasen, ahora sí estaremos en condición de evaluar el funcionamiento del nuevo régimen. El sexenio 2018-2024 fue más bien de transición; el que corre, en cambio, es ya de operación del nuevo diseño. Yo he comentado en otras ocasiones en este espacio que ante un nuevo régimen podría ser pertinente una nueva Constitución. No se optó por ello, sino por el camino de las contrarreformas. Bueno, pues ahora que terminen de hacerse —y ello tendrá que ocurrir en el corto plazo—, vamos a ver qué tal funcionan. A partir de entonces, estará a juicio el nuevo régimen y creo que no tendremos que esperar mucho tiempo para eso.
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