En su análisis sobre la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, Antonio Lara Duque, defensor de derechos humanos, destaca que este avance representa un logro histórico para los pueblos originarios de México.
En el Estado de México (Edomex), donde la población indígena ronda las 417 mil personas mayores de tres años que hablan alguna lengua originaria, esta reforma cobra especial relevancia al reconocer a estas comunidades como sujetos de derecho público.
Este reconocimiento refuerza su capacidad para defender y preservar sus propios derechos, algo que ha sido una demanda histórica de los pueblos originarios. Asimismo, la reforma impulsa la autodeterminación, permitiendo que los pueblos indígenas decidan su identidad y continúen su lucha por la autonomía.
Lara Duque también subraya que la reforma fortalece la aplicación de los sistemas normativos propios de las comunidades indígenas, lo que les otorga la posibilidad de aplicar su derecho en contextos específicos. Además, se fomenta la creación de modelos educativos adecuados a las necesidades y cosmovisión de estas comunidades.
Aunque reconoce las bondades de esta reforma, enfatiza que es fundamental que las comunidades sigan organizándose para defender y consolidar estos avances, recordando que la lucha por los derechos de los pueblos indígenas ha sido un proceso largo y complejo que continúa en desarrollo.
