La universidad no necesita salvadores, necesita una refundación
La única salida ética a la crisis de la UAEMéx no es el nombramiento de un nuevo rector funcional al sistema, sino la apertura de un rectorado de transición con mandato claro: conducir una reforma legislativa que reinvente el modelo universitario desde sus cimientos. No se trata de cambiar de administradores, sino de revisar los fines. La universidad ha sido secuestrada por lógicas ajenas a su esencia: la del poder por el poder, la del control clientelar, la de la simulación tecnocrática. El conocimiento ha dejado de ser horizonte y se ha convertido en trámite. Lo que se requiere es una reforma epistémica que reconcilie a la institución con su misión crítica, una reforma axiológica que restaure la gratuidad, la inclusión y el valor intrínseco del saber, y una reforma deontológica que recuerde que la universidad no está para obedecer, sino para pensar. Su deber es formar inteligencias libres, no piezas del engranaje. Hoy más que nunca, se impone reimaginar la docencia, el aula, el acceso y la autoridad. Como advirtieron Jaspers, Newman y Ortega: cuando la universidad deja de interrogarse por su razón de ser, se convierte en ruina moral con títulos oficiales.
¿Quién —en serio— está pensando así?
**
Un año para refundar, no para administrar ruinas
Una reforma universitaria real no se decreta: se construye. Y su primera condición es el tiempo. Un rectorado de transición con duración limitada —un año, no más— permitiría lo que hoy parece imposible: diseñar una nueva legislación universitaria, discutirla con la comunidad, aprobarla con legitimidad y aplicarla desde un nuevo ciclo fundacional. Para eso, se requiere más que voluntad: se necesita un pacto. Uno que inicie con un gesto de responsabilidad colectiva, casi ético: la declinación pública de las cinco aspirantes visibles, la no ratificación del rector interino y la disposición de los sectores en paro para liberar la función académica, incluso si deciden mantener el control físico de los planteles. Las clases pueden reanudarse de forma remota. Lo que no puede continuar es la simulación, el estancamiento ni la lógica del “mientras tanto”. Esa propuesta ya está sobre la mesa en espacios discretos, y aunque aún no se verbaliza en voz alta, podría abrir una vía de despresurización institucional, evitar la judicialización del conflicto y dar lugar a una nueva universidad.
**
Cuando la prevención llega después del desastre
Hay decisiones que, más que tardías, son reveladoras. Apenas ahora —con el agua hasta el cuello, literal y metafóricamente— el gobierno del Estado de México ha lanzado una licitación nacional para actualizar el Atlas de Riesgos y diseñar herramientas de información y capacitación frente a desastres. La apertura de propuestas será el próximo 26 de junio, cuando la temporada de lluvias ya habrá mostrado todo su rigor. El documento oficial habla de amenazas, emergencias y desastres, pero olvida el principal riesgo: la inexperiencia de quienes deberían prever. ¿No era eso una obligación básica de toda administración pública? ¿Dónde estuvo la anticipación, la planeación, la responsabilidad estructural? La respuesta está en la ausencia de saber técnico, de lectura del territorio, de sentido de urgencia. Hacer ahora lo que debió hacerse antes no solo es ineficaz: es cínico. La protección civil no es un acto administrativo, es un deber deontológico con la vida.
**
El sistema de compras: el verdadero tobogán de la corrupción
El gran botín en los municipios no está en el discurso, sino en las compras. Allí, donde fluyen contratos, facturas y adjudicaciones, es donde muchos alcaldes han encontrado su mina. No se trata de excepciones, sino de modus operandi: hay testimonios que detallan cómo ciertos presidentes municipales imponen como regla recibir el 20% de cada contrato firmado. Hijos, esposas, hermanos, primos, amigos y hasta compadres figuran como proveedores estrella, a través de decenas de empresas creadas ex profeso para sangrar los presupuestos públicos. Dos de los más voraces —uno en el Valle de Toluca, otro en el Valle de México— se comportan como auténticos reyes del moche. De momento, gozan de impunidad, poder y blindaje político. Pero esa impunidad tiene fecha de caducidad: ya se prepara la documentación que pondrá al desnudo este negocio ruin.
**
Un juez muerto: ¿quién dicta la última sentencia?
El cuerpo del juez Everardo Maya Arias fue hallado en Zinacantepec, con un disparo en la cabeza dentro de su camioneta. La Fiscalía del Estado de México asegura que fue suicidio. Pero en este país, el suicidio institucional es muchas veces una forma de homicidio narrativo. Maya fue exhibido en julio de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina como símbolo de la corrupción judicial, tras otorgar amparos a José Luis Abarca —vinculado al caso Ayotzinapa— y a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Que su muerte ocurra en territorio mexiquense, donde los silencios del poder judicial suelen pesar más que sus sentencias, no es dato menor. Esto no es solo un caso policial: es una pregunta ontológica. La justicia se vacía cuando se convierte en espectáculo. Y el espectáculo, a veces, termina en cadáver.
Síguenos