Por primera vez desde que comenzó la crisis política en El Oro, el síndico municipal Ubaldo Velázquez y las regidoras y regidores Agustín Bastida, Melissa González, Fernanda Gutiérrez, Érica Rodríguez y Dolores González hablan con un medio de comunicación. Lo hacen con AD Noticias, donde detallan una serie de señalamientos que, de acuerdo con su dicho, apuntan a malos manejos financieros que habrían dejado al municipio sin servicios básicos y en una situación de virtual parálisis institucional.
Los ediles aseguran que la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, retuvo y administró recursos municipales de manera directa, sin ingresarlos a la Tesorería.
Tales actos, señalan, podrían constituir uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, al tratarse presuntamente de dinero público que no fue registrado ni controlado por las instancias legales correspondientes.
“Desde el inicio de la administración, se hicieron cobros municipales que nunca se reflejaron en la Tesorería”, explica el síndico Velázquez. “La presidenta administraba directamente recursos que pertenecen al municipio”.
Como sustento, señalan la existencia de tres videos grabados en sesiones de Cabildo donde la presidenta admite tener recursos municipales en su poder. Ese material fue entregado tanto a la Contraloría del Poder Legislativo como a la contraloría interna, sin que hasta el momento exista una resolución.
Los regidores de El Oro describen efectos inmediatos: basura sin recolectar, pagos retrasados a trabajadores, un Cabildo sin presupuesto, decisiones tomadas al margen del órgano colegiado.
A ello se suma el robo del sello oficial del secretario del Ayuntamiento, un hecho que, según los ediles, pone en duda la validez legal de documentos recientes, incluida la sesión convocada el 16 de enero de 2026.
Los regidores también denuncian la destitución de la directora de Seguridad Pública y el nombramiento de encargados de despacho sin aprobación del Cabildo, incluso en áreas estratégicas como el Organismo de Agua.
Aseguran que, el 18 de diciembre, el tesorero municipal fue apartado del manejo financiero: se le retiró el token bancario y se le negó acceso a la cuenta pública. Señalan la presunta participación de la contralora municipal, María Elena Bautista Togo, en esa decisión.
Consultados sobre las declaraciones del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, quien insinuó un trasfondo político en la disputa, los regidores rechazan esa versión.
“No es un pleito entre grupos. Esto tiene que ver con los servicios detenidos, con la opacidad y con el uso del dinero público”, sostiene la regidora Fernanda Gutiérrez.
Los ediles afirman que, hasta ahora, ocho carpetas de investigación están abiertas sobre el caso, aunque ninguna con resolución.
El síndico agrega que este martes podrían recibir respuesta para una audiencia con Duarte o con la gobernadora Delfina Gómez.
“Nos deslindamos totalmente de estas decisiones. Y hacemos responsable a la presidenta por el uso y destino del dinero que no fue entregado a la Tesorería. Lo que queremos es que el municipio vuelva a funcionar”.
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