La ausencia de cifras actualizadas sobre los deudores alimentarios en México llevó a la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF).
Este lunes, en una ceremonia en el Poder Judicial del Estado de México (PJEM), se entregaron las llaves digitales para operar este nuevo sistema, que busca calcular el número de deudores y restringir derechos a quienes no cumplan con sus obligaciones.
Alejandro Cárdenas Camacho, director general de asuntos jurídicos del SNDIF, subrayó la falta de datos precisos sobre la morosidad alimentaria en el país.
“Se desconoce la cifra exacta de deudores alimentarios en todo el país, menos aún conocemos en qué región o entidad existe mayor incidencia de incumplimiento o las causas que lo provocan. Se desconoce también cuántos de todos los juicios de alimentos erradicados en el país se han logrado cumplir con una orden o un mandato judicial”, expresó.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias nace como un mecanismo para garantizar que la niñez y los grupos vulnerables puedan acceder a sus derechos alimentarios.
“Con la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tendremos una herramienta valiosa para empezar a generar estadísticas en la materia y construir políticas públicas a nivel nacional”, añadió Cárdenas Camacho.
Suspensión de derechos a deudores
El registro incluirá la difusión pública de datos de los deudores, alimentada por los expedientes de los distintos poderes judiciales del país. Entre los derechos que se suspenderán a los morosos están:
- Obtener pasaporte o documento de identidad y viaje.
- Ocupar cargos públicos, tanto elegibles como de elección popular.
- Aspirar a cargos de magistrados o jueces federales.
- Realizar trámites ante notario para la compraventa de bienes inmuebles o derechos reales.
- Salir del país salvo que otorguen una garantía suficiente.
Además, se informará a los cónyuges si su pareja está inscrita en el registro de deudores de pensiones.
Nuria Fernández Espresate, titular del SNDIF, exhortó a los poderes judiciales del país a subir la información sobre las sentencias de morosos alimentarios.
“Es necesario que los juzgados respondan, luego es necesario un siguiente paso que es cuando se dicte sentencia, se suba el registro. Sin ustedes, sin el poder judicial, el esfuerzo del DIF sería inútil”, afirmó.
Los congresos locales tendrán 90 días para adecuar sus códigos estatales a este nuevo registro, que no implicará la extinción de los registros estatales existentes.
Implementación y acceso al registro
Ricardo Sodi Cuellar, presidente del PJEM, destacó la importancia de estas políticas públicas y aseguró que el Estado de México está preparado para operar el registro conforme a los lineamientos publicados.
El registro será gratuito, digital y nacional, permitiendo a los tribunales recabar y cruzar información para una administración de justicia más efectiva en materia alimentaria. Los datos públicos incluirán el nombre del deudor, su RFC, su CURP, el plazo de pensión adeudada y el juzgado que ordenó su inscripción.
Cualquier usuario podrá consultar el registro de manera pública. Los tribunales y las Procuradurías de Protección a la niñez serán responsables de suministrar y actualizar la información de deudores alimentarios morosos.
Además, los usuarios podrán descargar certificados de “no inscripción” desde su ordenador, validados por el Registro Nacional de Población.
Retroactividad y derechos
Alejandro Cárdenas Camacho aclaró que el registro no tiene carácter retroactivo, sino que es contemporáneo a su implementación.
«El argumento de retroactividad no aplica aquí. Si ya tienes la calidad de deudor alimentario moroso, tienes que ser inscrito. La retroactividad siempre es en perjuicio de una persona, pero en este caso, es en beneficio de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores», explicó.
Cárdenas Camacho también comentó sobre las implicaciones para los candidatos políticos.
“El decreto indica que no podrán participar como aspirantes si tienen calidad de deudores alimentarios. Una vez que se les entrega su constancia de mayoría y si incumplen con sus obligaciones alimentarias durante su mandato, sufrirán las consecuencias de estar inscritos en el registro, lo que incluye la imposibilidad de obtener pasaporte, salir del país, o participar en cargos concejales”.
El registro también permite que los tribunales suministren y actualicen la información sin necesidad de solicitar permiso al SNDIF, lo que garantiza la independencia y rapidez en la actualización de datos.
“Nosotros administramos la plataforma, pero son los tribunales quienes deciden. Si un deudor quiere saldar su deuda, debe ir al tribunal, pagar y el tribunal actualizará el registro sin necesidad de consultarnos”, puntualizó Cárdenas Camacho.
Para las autoridades, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias representa un avance crucial en la lucha por el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Con esta herramienta, aseguraron, se espera generar estadísticas precisas y construir políticas públicas efectivas para garantizar los derechos alimentarios de la niñez y los grupos vulnerables en México
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