Por encima de cuatro amparos que dictan la suspensión de la construcción del Tren Interurbano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eligió el 12 de diciembre para reiniciar los trabajos de construcción de esta obra, suspendida hace más de un año.
Comuneros de Coapanoaya se reunieron en un claro cercano al monumento a El Caminero para informar que es mentira que se hayan pagado las afectaciones causadas por la obra a esta comunidad, tal y como lo aseguró la dependencia federal a través de un comunicado difundido a finales de noviembre.
En tanto, trabajadores de la construcción, en medio de un despliegue policiaco, llevan a cabo maniobras de revisión de material y, a decir de un elemento de seguridad, la valoración de las condiciones para reanudar la construcción.
Noé Morán Martínez, integrante de la Mesa Directiva de San Juan Coapanoaya, mencionó que con la reanudación de los trabajos se pasa por encima de sus derechos como comunidad; explicó que los pobladores no están en contra de ningún proyecto y están dispuestos a dialogar, aunque aclaró que con una mesa distinta de negociación, que no busque imponer el resarcimiento a la comunidad a su manera.
Martínez explicó al respecto, que las autoridades federales y estatales impusieron los acuerdos, los cuales no tienen que ver con el pliego petitorio de los pobladores; dichas propuestas, consideraron, no son suficientes para resarcir el daño que se ha hecho: “ellos no quieren pagar un derecho de vía que ellos tomaron sin autorización de la comunidad, ellos quieren pagar simplemente lo que ellos quieren, ni una cuarta parte de lo que ellos tomaron como derecho de vía”, afirmó Noé Hernández.
En el tramo de los kilómetros 22 y 28, la labor de trabajadores comenzó luego de las 7:00 am. En todos los puntos donde se trabaja se observa presencia policiaca. Los elementos de seguridad explicaron que era para resguardar el material; en algunos momentos se observó el sobrevuelo de un helicóptero y un dron.
Los comuneros, mencionaron que es importante que se sepa que no ha habido entrega de obras sociales para la comunidad y que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en lo mismo que los gobierno pasados: pisotear a la comunidad.
Esta obra, explican, afecta a 167 comuneros ya que se divide el territorio. Denunciaron por ejemplo que no pueden sacar pastura para los animales, además del daño ecológico y social que se produce por la instalación de este megaproyecto. Mencionaron que en el inicio de la negociación había el compromiso de dejar libre el paso, lo que no se ha respetado.
Cabe recordar que a mediados del mes pasado, durante el anuncio de la aprobación del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el tren a Toluca costaría 30 mil millones de pesos adicionales a lo previsto.
Se refirió también a quienes se oponen a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca: “Ya se pagó el derecho de vía, para hablar claro, se puede probar lo que se ha destinado a pagar afectaciones más otro tipo de erogaciones para mejorar las comunidades por donde pasa el tren”, lo cual, a decir de los comuneros de San Juan Coapanoaya, no es verdad.
Legalmente, el amparo principal de los pobladores mexiquense es el 387 del 2007, iniciado hace 12 años, en el cual se reclama la afectación provocada por infraestructura estatal y federal; la suspensión se concedió en 2011 ya que se demostró que no hay pago y se repuso el procedimiento para cuantificar la superficie afectada.
En varios puntos donde se reanudó el trabajo, AD Noticias intentó conocer la versión de la Secretaría, sin embargo, esto no fue posible debido a que – según explicó uno de los ingenieros- los responsables se movían constantemente y no estaban localizables, y ellos eran los “únicos” que podrían brindar una declaración sobre el tema.
Por su parte, Manuel Hernández, presidente del comisariado de bienes comunales de Coapanoaya, quien se encontraba invitado en una mesa de trabajo de ejidatarios de San Salvador Atenco, informó que entregó al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, la solicitud de los pobladores, a lo que respondió que revisaría este caso que tiene más de 12 años, la agresión registrada, en 2018 a uno de los pobladores y los cuatro amparos.
Hernández anunció además que este viernes 13 convocarán al poblado de Acazulco para planear distintas movilizaciones.