Toluca, Estado de México; 11 de julio de 2019.- Los dos ministros que votaron en contra de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su Facultad de Atracción para conocer y resolver los cuatro amparos relacionados con la Operación Safiro –Saneamiento Financiero-Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo, estuvieron presentes en una de las fiesta organizadas por el abogado Juan Collado Mocelo, actualmente investigado por su presunta participación en actos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Lo anterior podría no tener mayor importancia, si no fuera porque Antonio Collado Mocelo, hermano del detenido, fue uno de los abogados que defendió al ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado por el desvío de recursos por un monto total de 251millones de pesos, en el marco de la Operación Safiro, durante el juicio que se le siguió en el Estado de Chihuahua, de acuerdo a información de Aristegui Noticias.
Apenas este miércoles, la SCJN aprobó con tres votos contra los dos de los ministros ya mencionados, atraer los tres juicios de amparo presentados por el gobierno de Chihuahua y el de revisión promovido por la defensa del Alejandro Gutiérrez, a fin de “analizar el fondo de la controversia jurídica y así resolver si se le reconoce la calidad de víctima al Estado de Chihuahua en la causa penal que se le sigue al político priista por el presunto desvío de recursos públicos.
Asimismo, será necesario que los ministros resuelvan si amparan o no al gobierno de esa entidad para “revocar el sobreseimiento o desechamiento de la acusación penal contra Alejandro Gutiérrez que un juez federal decretó en septiembre de 2018, a petición expresa de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), tres meses ante del cambio de sexenio” del ex presidente Enrique Peña Nieto –a quien también se involucra en este asunto.
Al celebrar el fallo de la SCJN, el consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, explicó a Aristegui Noticias que si bien los 251 millones de pesos que fueron desviados para financiar campañas del PRI eran de carácter federal “en el momento en que se transfirieron las cuentas bancarias del gobierno de Chihuahua, pasan a ser recursos del erario estatal,por lo que se actualiza una afectación directa a la entidad”.
La facultad de atracción aprobada permitirá a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte fijar parámetros y criterios que permitan otorgar la calidad de víctima u ofendido a “personas morales oficiales”, es decir, a las propias autoridades estatales, locales y municipales que hacen uso de este servicio, en este caso al gobierno de Chihuahua.
Las cuatro facultades de atracción fueron enviadas la Suprema Corte por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, con el propósito de que los ministros se pronuncien sobre la llamada Operación Safiro y resuelvan en torno a los fallos de un juez de control que le negó la calidad de víctima al gobierno de Chihuahua en este caso y el de otro fallo que canceló las acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República en contra de Alejandro Gutiérrez.