Las remesas que los migrantes mexiquenses en Estados Unidos envían a sus familias en el Estado de México son de alrededor de 300 millones de pesos todos los días, ingreso en riesgo con el plan de deportación masiva del presidente electo Donald Trump.
Trump regresará a la Casa Blanca este 20 de enero, día en el que firmará 100 órdenes ejecutivas, entre las que se encuentran las medidas de seguridad fronteriza y de aplicación de las leyes de inmigración.
Ante este panorama, el gobierno mexiquense no ha emitido algún plan emergente para los migrantes del Edomex que posiblemente puedan ser deportados, salvo reuniones con personal del Instituto Nacional de Migración o declaraciones a medios informativos.
Compatriotas mexiquenses y la economía estatal
De acuerdo con el Banco de México, los migrantes mexiquenses envían trimestralmente a sus familias un promedio de 1,200 millones de dólares en remesas. Esto se traduce aproximadamente a 400 millones de dólares al mes o 13.3 millones de dólares diarios. Convertido a pesos mexicanos al tipo de cambio actual, estas remesas representan casi 300 millones de pesos diarios.
Las remesas enviadas anualmente por los mexiquenses desde Estados Unidos, que suman aproximadamente 4 mil 800 millones de dólares anuales, equivalen alrededor del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de México. El PIB del Edomex fue de 2 billones 184 mil 863 millones de pesos, lo que equivale al 9% del PIB nacional
Este porcentaje destaca la importancia de las remesas no solo como un apoyo directo a las familias, sino como un factor significativo en la economía local. Si se reduce este flujo de dinero, las repercusiones económicas para el estado serían notorias, afectando tanto el consumo familiar como sectores clave que dependen de este ingreso.
Migrantes mexiquenses
Aproximadamente 1.2 millones de mexiquenses viven en Estados Unidos, según la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México. De ellos, alrededor de 660 mil se encuentran en situación irregular.
Planes de Trump
La estrategia de Donald Trump contempla declarar una emergencia nacional, lo que le permitiría utilizar recursos militares para frenar el flujo migrante. Este discurso busca justificar medidas extremas como el uso de la Ley de Insurrección. Esta normativa otorga al presidente la facultad de desplegar tropas militares dentro del país para apoyar a las autoridades civiles en situaciones de disturbios.
La aplicación de esta ley implicaría la militarización de las políticas migratorias, elevando el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de acciones represivas.
Además, Trump ha planteado la posibilidad de recurrir a disposiciones aún vigentes de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798. Con ellas, se pretende tratar a los inmigrantes como un ejército invasor. Esta narrativa no solo criminaliza a millones de personas que buscan mejores oportunidades, sino que también abre la puerta a políticas migratorias deshumanizantes.
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