Víctorino Barrios Dávalos presentó el pasado 1 de julio su renuncia irrevocable como titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), citando “motivos personales”. En su entorno, fue lo único que argumentó al ser cuestionado sobre su decisión.
Barrios, quien apenas llevaba poco más de un año en el cargo, fue designado a comienzos de 2024 por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para encabezar una profunda revisión administrativa. Según distintos reportes, su gestión se destacó por la detección de irregularidades, como la adjudicación directa de contratos, casos de médicos que expidieron incapacidades fraudulentas y compras de insumos a precios elevados.
En una entrevista reciente con AD Noticias, reveló la existencia de una trama de corrupción en el instituto: compras infladas, sobornos sistemáticos del 10 % a proveedores, y escasez deliberada de medicamentos en clínicas del ISSEMyM. Barrios denunció, por ejemplo, adquisiciones de algodones a 3 500 pesos cuando el precio real ronda los 61 pesos, así como la contratación de un despacho externo para trámites rutinarios por 18.4 millones de pesos.
“Las compras irregulares y el desabasto están en el centro de la crisis”, declaró Barrios, agregando que el desfalco estaba sustentado por una red de funcionarios que operaba con respaldo institucional.
El ISSEMyM enfrenta hoy una profunda crisis financiera: con una deuda cercana a 27 000 millones de pesos, un gasto mensual en pensiones superior a los 2 000 millones y severos problemas de abasto farmacéutico. La salida de Barrios deja en el aire la continuidad de investigaciones clave y plantea serias dudas respecto a si el instituto está dispuesto a enfrentar sin obstáculos su propia corrupción estructural.
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