Reserva Procuraduría por cinco años detalles del caso Tlatlaya

Toluca, Méx.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) le asignó a la indagatoria por tortura agravada y abuso de autoridad en contra de policías ministeriales que intervinieron en el caso Tlatlaya, el carácter de reservado por cinco años. El diario Reforma informa en un nota publicada este sábado en su portal web, que la PGJEM resolvió reversar por cinco las actuaciones, dictámenes y documentos que integran la carpeta de investigación radicada por la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en respuesta a una solicitud de información. Esa indagatoria fue iniciada a raíz de la recomendación
julio 23, 2016

Toluca, Méx.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) le asignó a la indagatoria por tortura agravada y abuso de autoridad en contra de policías ministeriales que intervinieron en el caso Tlatlaya, el carácter de reservado por cinco años.

El diario Reforma informa en un nota publicada este sábado en su portal web, que la PGJEM resolvió reversar por cinco las actuaciones, dictámenes y documentos que integran la carpeta de investigación radicada por la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en respuesta a una solicitud de información.

Esa indagatoria fue iniciada a raíz de la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, en la que se documentó que personal de la PGJEM cometió abusos en contra de las tres mujeres que atestiguaron los hechos del 30 de junio de 2014, cuando 22 civiles murieron en un enfrentamiento con militares.

En julio de 2015, la PGJEM informó mediante un comunicado que había ejercitado acción penal contra siete agentes ministeriales que presumiblemente maltrataron física y psicológicamente a las víctimas para obtener información sobre las personas que perdieron la vida.

"No es procedente la entrega en versión pública de información y documentos que integran la carpeta de investigación, toda vez que la misma se encuentra en proceso de integración e investigación, además de contener datos personales de quienes intervienen en la misma", señaló la PGJEM, y agregó que entregar una versión pública de la carpeta representaría un riesgo para la seguridad pública.

"Puede desencadenar en riesgos reales de represalias contra la vida o integridad física de las víctimas, testigos o incluso de servidores públicos", indicó.

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