A finales de los años 90 tuve la oportunidad de trabajar para la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Era una instancia pionera en México para atender un problema que hasta la fecha sigue siendo agenda pendiente: la seguridad de quienes ejercen el periodismo o promueven y defienden los derechos civiles.
Quienes laborábamos ahí éramos, mayoritariamente, compañeros que de distintas maneras y en diferentes medios habíamos ejercido el periodismo, habíamos sido reporteros, comunicadores, fotógrafos. Pero ahora nos tocaba construir y ofrecer una vía institucional para atender, investigar y resolver aquellos casos en que el trabajo periodístico o la promoción de los derechos humanos derivaba en problemas para sus actores.
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Eran, sin duda, otros tiempos: teníamos un Estado organizado para controlar políticamente a los medios (a todos los niveles, desde las grandes cadenas de radiodifusión hasta los semanarios locales); los aparatos gubernamental, policiaco, militar y de inteligencia, de los tres niveles de gobierno, solían emplearse como herramienta para “regular” lo que se publicaba; la Delincuencia Organizada estaba lejos todavía de engendrar los grupos combativos que ahora tienen; el territorio nacional no había sido abierto a los megaproyectos extractivos del presente siglo; Internet era apenas una promesa, las redes sociales no existían, los iPhone, tablets y otros dispositivos móviles que pueden transmitir en vivo no se imaginaban siquiera.
En aquellos años la labor periodística en el país se expresaba de forma impresa y electrónica, en los medios tradicionales: periódicos, revistas, radio y tv. La inmediatez, la viralidad y la producción generalizada de contenido no formaban parte del ecosistema informativo de aquel momento. Sin embargo, periodistas y defensores civiles de derechos humanos, eran ya considerados un grupo vulnerable.
El tipo de quejas que llegaban a la Coordinación tenían que ver con reporteros y/o activistas que habían sido amedrentados, detenidos, golpeados o vejados por alguna autoridad, policías, sobretodo. Desde luego que la competencia de la CNDH era determinante en esto: es una instancia encargada de atender aquellos casos en los que se atribuye responsabilidad a algún servidor público. Pero la investigación de cada una de las quejas recibidas nos llevó por senderos que retrataban los tipos de relación que entablaban los periodistas con la sociedad y con el gobierno.
Eran frecuentes los casos en que a la agresión era precedida por una relación tortuosa con los actores gubernamentales. No eran pocos los casos en que el periodista criticaba un actuar para utilizarlo como elemento de negociación al solicitar “apoyo” para su medio vía la publicidad. Había otros más en que los reporteros asumían actitudes prepotentes, escudados en la categoría de “ser prensa”, y se acercaban mucho a los linderos de los actos ilícitos. En ambos escenarios eventualmente llegaban a presentarse episodios de agresión, amenaza o amago de violencia y era cuando se presentaba la queja. Realmente fueron contados los casos denunciados en que estuvo en riesgo la vida de los periodistas.
En el caso de los defensores civiles de derechos humanos, el tipo de quejas que se recibían tenían que ver con temor por estar siendo espiados, vigilados o perseguidos por algún tipo de actor gubernamental, presuntamente incomodado por la exhibición de su proceder en contra de los ciudadanos. Se trataba de agentes y organizaciones que buscaban erradicar prácticas como la detención ilegal, la tortura, los tratos crueles, la criminalización de la protesta.
Han pasado más de dos décadas desde aquella realidad que describo. Durante todo ese tiempo las condiciones para ejercer el periodismo o promover derechos en México se han transformado. No solo el ecosistema informativo ha incorporado nuevos actores y dinámicas, sino que los aparatos de gobierno son distintos y los intereses involucrados en el ejercicio del poder son más complejos.
En México los números son contundentes, la violencia se ha extendido y generalizado como nunca antes. Los homicidios dolosos han roto todos los récords históricos y la impunidad es la regla, no la excepción. En ese sangriento registro de quienes han perdido la vida están periodistas, defensores ambientales, activistas junto con miles más de personas que mueren porque en México se puede matar sin que pase mayor cosa.
El perfil del concepto periodista en México se ha complejizado. La posibilidad que otorgan las plataformas digitales hacen que puedan caber en una misma clasificación quienes reportean para un diario que quien administra una perfil en Facebook o un canal en YouTube. Informar es hoy una actividad que ejercen miles y miles de personas, porque las dinámicas contemporáneas despiertan en todos una necesidad imperiosa de producir contenidos y, por ello, millones reportan en Twitter o WhatsApp, comentan en TikTok o publican en Instagram y Facebook.
De acuerdo con el INEGI, en el año 2020 había en México 44 mil 364 ocupadas como periodistas. Según se desprende de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 84% de estas personas ejercerían bajo un contrato que los liga a una empresa o institución. Pero, aparte de ellos, hay muchos más actores moviéndose en la actividad informativa, aunque esta no sea su actividad-sustento. Por esta razón se vuelve mucho más complicado decir con toda claridad que alguien es periodista y asumir que ha sido víctima de la violencia criminal debido a su trabajo.
En México se mata a diario a cientos de personas, lo hacen actores que no existían hace apenas un par de décadas. El término sicario, por ejemplo, fue incorporado a nuestro lenguaje cotidiano apenas en este siglo y nombra a personas que cobran por matar. Cada vez son más jóvenes y se ponen al servicio de quien pueda pagar.
Los casos de periodistas asesinados en nuestro país en los últimos años apuntan más hacia grupos delictivos e intereses privados que hacia las estructuras de gobierno. Puede deberse a que en amplias regiones del territorio nacional las autoridades están rebasadas. Igualmente estaría relacionado con la facilidad para conseguir un arma y resolver cualquier diferencia a balazos, sabiendo que la taza de impunidad es superior a 90 por ciento.
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La libertad de expresión, como derecho universal, debe ser garantizada por el Estado. No basta con que el gobierno se abstenga de censurar o perseguir a alguien por lo que publica. Hubo un tiempo en que ese era el problema. Hoy el riesgo para quien publica no proviene tanto de las autoridades o del aparato de gobierno, sino de particulares, muchas veces agrupados con fines delictivos.
Las fiscalías estatales y federal son responsables de sancionar a los responsables de las muertes acaecidas. Las autoridades de seguridad pública son responsables de que no operen con libertad grupos delictivos que matan cotidianamente. Las autoridades políticas son responsables de que no se acalle la voz de nadie por expresarse. La población es responsable de construir relaciones sociales no basadas en la violencia. Los periodistas son responsables de lo que publican. Las audiencias de esos periodistas son responsables de exigir veracidad, objetividad e inteligencia.
Tenemos un muy grave problema de violencia. Esta es ya una metástasis que lo contamina todo (el hogar, la calle, los estadios, las plazas públicas, etc.) y se puede atribuir —dice la socióloga Rossana Reguillo— a la impunidad que “sopla al oído de los perpetradores en todos los niveles: tú puedes, no pasa nada”.
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