“Un hombre pendenciero no tiene buenos vecinos”, señaló alguna vez Benjamín Franklin. Y es que la actitud de las personas determina el tipo de convivencia que puede generar con sus semejantes. Otro Benjamín, llamado también Ricardo Salinas Pliego, parece no haber entendido que las disputas no tienen casi nunca un buen final. Son amplias y han sido bastante bien documentadas todas las disputas del señor Salinas. Parece no haber actividad en la que se involucre que lleve aparejada una contienda, sea con socios, con la autoridad fiscal, con sus clientes, con sus trabajadores, etc.
Una larga disputa legal que entabló él con el Sistema de Administración Tributaria llegó a su fin el jueves pasado. Después de 17 años de litigar ante los tribunales para eludir el pago de impuestos por algunas de sus empresas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó sus últimos alegatos y dejó firmes las sentencias que le obligaban a pagar lo que él dice que no debe.
El “pleito” de las empresas del señor Salinas era básicamente para seguir sin pagar algunos impuestos que ya se había acostumbrado a no pagar. ¿Cómo es eso? Bueno es que las leyes fiscales en el país (a partir de 1990 y hasta 2013) permitían que los grupos empresariales no pagaran ciertos impuestos porque algunas de sus filiales no reportaban ganancias. Se llamaba régimen de consolidación fiscal y decía que se valía sumar todos los resultados de las distintas empresas: si una empresa del grupo perdía dinero, sus pérdidas «compensaban» las ganancias de otra empresa del mismo grupo, reduciendo el impuesto total que se debía pagar. Era un régimen que de alguna manera volvía legal eludir impuestos a empresas exitosas, porque le restaban las pérdidas de sus “hermanas” no tan rentables.
El grupo Salinas encontró la manera de simular pérdidas para no tener que pagar todos los impuestos que debía cubrir dadas sus ganancias. Así lo hizo por varios años, pero cuando desapareció el régimen de consolidación fiscal acudió a los tribunales para decir que las nuevas disposiciones fiscales (que ya no permitían sumar ganancias y pérdidas para sacar el total de impuestos a pagar) eran inconstitucionales. Solicitó, pues, el amparo de la Corte. Ninguna instancia le dio la razón, los jueces y tribunales colegiados le dijeron que debía sujetarse a las nuevas disposiciones tributarias.
Hay un viejo adagio popular que dice: “Quien un mal hábito adquiere, esclavo de él vive y muere”. Entonces, a Salinas se le hizo costumbre eludir impuestos y llegó a comprar acciones de empresas quebradas (como Mexicana de Aviación), para restarlas (sobrevaloradas, por supuesto) de sus ganancias, y así no tener que tributar lo que le correspondía en función de sus ganancias. Sabedor de que acudir a los tribunales significaba dejar pasar años y años hasta que se aclarara el caso, lo hizo. De hecho, han sido cientos los amparos que este grupo empresarial ha solicitado, pero más como una táctica dilatoria y de desgaste que por creer que le asiste la razón.
Varios lustros pudo pasar el señor Salinas Pliego sin tener que pagar sus adeudos fiscales, pero ya se le acabaron las instancias judiciales, así que desde hace unos cuantos años llevó su pleito al ámbito mediático. Fiel a su carácter pendenciero, hoy alega que “lo persiguen”, que lo buscan “extorsionar”, que quieren verlo quebrado porque “él piensa diferente”. Desde luego se trata de un embuste que trata de vender a través de un personaje creado para tal fin: “El tío Richie”.
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Ya en otras ocasiones hemos escrito sobre este personaje creado para generar audiencias, así que no vale la pena agregar nada más. Lo que vale la pena comentar ahora es que, por fatales coincidencias, hoy se le han acumulado sus querellas, pues en los Estados Unidos también el sistema de justicia lo ha requerido para que pague una deuda con inversionistas que se ronda los 600 millones de dólares. Allá también ha buscado diferir ese pago con recursos legaloides, pero él insiste en su actitud beligerante.
Tras conocerse el fallo de la SCJN el jueves pasado, que deja firmes las sentencias que le obligan a pagar al SAT casi 50 000 millones de pesos, ahora ha anunciado que buscará acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego, se trata de un sinrazón, no solo porque las empresas no tienen derechos humanos, sino porque esa instancia a la que dice que buscará acudir, se fundó antes de que él naciera, con la firma de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (en 1948) y ese documento que permitió la creación del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), dice en su Artículo XXXVI: “Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos”.
La Declaración Americana es un documento pionero (firmado antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU) que sentó las bases para la protección internacional de los derechos humanos en el hemisferio y que sigue siendo un pilar fundamental del Sistema Interamericano. Si él quiere ir a la Corte, lo van a batear, no solo porque no le asiste la razón, sino porque ni siquiera conoce el procedimiento ni los fundamentos del SIDH.
Lo que le queda es seguir en solitario su pendencia. No tiene respaldo de su gremio, no hay ninguna Cámara empresarial, ningún otro grupo o magnate que lo acompañe en su lucha. Eso de pelearse con todos y por todo, no es buen negocio.
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