En la elección judicial de 2025, Ricardo Sodi Cuéllar, sobrino y nieto de exministros y un expresidente de la SCJN, busca llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cercano al Grupo Atlacomulco y con una trayectoria marcada por logros, rezagos y polémicas en la justicia mexiquense, obtuvo su candidatura tras ser seleccionado en la tómbola del Senado.
Estirpe de leyes y poder
Ricardo Sodi Cuéllar proviene de una élite familiar que agrupa una gran cantidad de políticos, científicos y hasta artistas ―como la actriz Camila Sodi y la cantante Ariadna Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía―. Pero, sobre todo, los Sodi son una dinastía apegada a las leyes y al poder.
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En su libro Derecho de Sangre, historias familiares del poder público, el periodista de investigación Esteban David Rodríguez ahonda en la genealogía de esta estirpe. “Los Sodi son una familia criolla que en el siglo XIX estaban ya involucrada en la cosa pública, en el poder público”, explica el también reportero de EmeEquis en entrevista con AD Noticias.
Originarios de Italia, los Sodi emigraron a Oaxaca a finales del siglo XVIII. Al poco tiempo, formaron parte de la élite económica y política en esa entidad. El bisabuelo de Ricardo Sodi Cuéllar, Carlos Sodi Candiani, por ejemplo, mantuvo una relación “muy buena” con el dictador de México, Porfirio Díaz (1884-1911).
Durante el porfiriato, Sodi Candiani se mantuvo en el cargo de senador durante 24 años. Mientras tanto su hijo, Demetrio Sodi Guergué, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) de 1906 a 1914 y dirigió la máxima autoridad judicial del país de 1908 a 1911. También se desempeñó como secretario de Justicia de Díaz, un equivalente a fiscal general de la República, y defendió a José León Toral, asesino del expresidente Álvaro Obregón.
“Los Sodi se fueron imbricando con toda clase de grupos, por ejemplo, con los Díaz Ordaz”, apunta Esteban Rodríguez. El tío de Sodi Guergué, Alfredo Sodi, “uno de los hombres más ricos de Oaxaca”, fue el padrino de bautizo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.
Por otro lado, su sobrino Carlos Franco Sodi, tío de Ricardo Sodi, también fue ministro de la Suprema Corte. Cercano al expresidente Miguel Alemán Valdés, Franco Sodi encabezó la Procuraduría General de la República de 1952 a 1958. Al mismo tiempo, fue ministro de la SCJN, adscrito a la primera sala, desde 1956 hasta su muerte en 1961.
A su vez, Manuel Sodi del Valle, primo de Franco Sodi y papá de Ricardo Sodi Cuéllar, fue diputado federal por Oaxaca de 1946 a 1949.
El legado de Sodi Cuéllar también se mantiene vivo en su hija, Sofía Sodi Zapfe, cuya coordinación ejecutiva del Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) inició apenas un año después de que su padre se convirtiera en presidente del PJEM. La esposa del ahora candidato a ministro, Jacqueline Zapfe Jiménez, presidió el voluntariado durante la gestión de su marido.
De cuna de oro al Poder Judicial Mexiquense
Ricardo Sodi Cuéllar es el menor de los siete hijos que tuvo Manuel Sodi del Valle con la reina de belleza de la Feria de San Marcos, Aguascalientes, Elena Cuéllar Ajuria. También fue el más consentido de todos sus hermanos, a decir del propio Ricardo Sodi.
“Tan fue así que cuando murieron mis padres el albacea de la sucesión fui yo, no el mayor. [..] Tuve una infancia y adolescencia maravillosas”, presumió el abogado para Milenio.
Gracias al capital político y económico de su familia, Ricardo Sodi tuvo todas las oportunidades a su alcance para construir un camino académico. Puesto que a temprana edad ya dominaba cinco idiomas, a los 14 años trabajó como traductor de los corresponsales de Alemania de Televisa.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Sodi Cuellar ha escrito al menos 13 libros y ha sido profesor en escuelas de 11 entidades. De todas ellas sobresale la Universidad Anáhuac, fundada por el sacerdote y abusador de menores Marcel Maciel.
De 2004 a 2022, Sodi Cuéllar fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, propiedad de los Legionarios de Cristo. De acuerdo con exlegionarios consultados por la organización PODER, el abogado formaba parte de dicho grupo religioso.
Auque Ricardo Sodi nunca negó las acusaciones sobre sus simpatías con el grupo religioso de Marcel Maciel, sí aseguró que jamás tuvo contacto con el sacerdote pederasta. “Nunca lo conocí. Nunca tuve oportunidad de verlo en persona, jamás”, expresó en 2020, de acuerdo con Proceso.
En 2006, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, nombró a Ricardo Sodi integrante del Consejo Ciudadano de la investigación por corrupción del exgobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas.
Montiel, tío de Peña Nieto y miembro del Grupo Atlacomulco, fue investigado por la procuraduría estatal por peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de dos a 111 millones de pesos. Peña Nieto ofreció designar un fiscal especial para investigar a su antecesor inmediato, así como a un consejo de “ciudadanos notables” que supervisaran el proceso en todo momento.
Sin embargo, a las pocas horas de haber asumido el puesto, Miguel Ontiveros Alonso, el fiscal especial para ese caso, renunció y el exmandatario mexiquense resultó exonerado. En una revisión hemerográfica del caso, AD Noticias constató que Ricardo Sodi nunca realizó una declaración al respecto.
Cuatro años después, en 2010, Ricardo Sodi Cuéllar fue propuesto por Peña Nieto a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM). La legislatura estatal, entonces dominada por una mayoría priísta, aprobó la propuesta. De esta manera, Sodi llegó a la máxima autoridad de justicia en la entidad, sin tener alguna carrera judicial.
En 2015, la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, aseguró al periodista y fundador de Proceso Julio Scherer García que su abogado era Ricardo Sodi Cuéllar. El magistrado negó el señalamiento y consideró “imposible que haya sido su defensor”.
La más reciente relación controversial de Ricardo Sodi se relaciona con el caso Ayotzinapa, mientras presidía el Poder Judicial mexiquense. En abril de 2020, Sodi Cuéllar reclutó al general en retiro Marcos Esteban Juárez Escalera como coordinador General de Vigilancia, Eventos y Logística del PJEM. Se trata de uno de los últimos testigos de la desaparición de los 43 normalistas.
Juárez Escalera, alias El Caminante, era director general de la Policía Ministerial de Guerrero durante la noche de Iguala, en 2014. A pesar de ser señalado como corresponsable de la desaparición de los 43, la Fiscalía General de la República lo consideró un testigo indispensable y le brindó protección como testigo protegido.
Aunque el caso resonó en la prensa local, el magistrado presidente nunca dió una declaración al respecto. En noviembre de ese mismo 2020, Marcos Esteban Juárez Escalera murió de covid-19, aportando un fantasma más al caso Ayotzinapa.
Trayectoria judicial y política
En 2020, Ricardo Sodi Cuéllar se convirtió en presidente del TSJEM, cargo en el que permanecería hasta 2024; además, fue el primer titular del Poder Judicial mexiquense electo: consiguió el 70% de los votos de los magistrados locales. En aquel entonces, se refería a Sodi como cercano al exgobernador Alfredo Del Mazo Maza, quien promovió su candidatura.
El mandato de Sodi como máxima autoridad de justicia en la entidad lo enmarcan logros y escándalos considerables.
Durante su gestión, se actualizó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Con ella se fortalecieron políticas para la equidad de género en la institución y se consolidó la carrera judicial en la entidad.
Además, se crearon organismos judiciales para acelerar los procesos, como el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea y la Sala de Asuntos Indígenas.
Sin embargo, a la fecha no son públicos los datos que permitan evaluar a profundidad el trabajo de estos organismos.
Lo poco que se sabe, por ejemplo, es que sólo el 35% de las sentencias sobre violencia familiar vienen del Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo especializado creado en 2021.
Mientras que de 2020 a 2023 se judicializaron 96 mil 308 carpetas en materia penal, en el mismo periodo de tiempo se desecharon 91 mil 186 casos penales, ya sea por sobreseimiento e incompetencia. Asimismo, en dichos años únicamente se dictaron 24 mil 329 sentencias.
Al analizar el desempeño del PJEM durante la administración de Sodi Cuéllar, encontramos que cada año los jueces mexiquenses recibieron 24 mil 77 causas penales, en promedio. Pero sólo dictaron seis mil 110 sentencias anuales, en promedio. Una sentencia por cada cuatro procesos penales nuevos. En otras palabras, durante la era Sodi por cada caso penal que se resolvía en los juzgados llegaban otros tres.
Este fenómeno ―común en todos los poderes judiciales del país― se debe, en principio, a la larga duración de los juicios. Por ejemplo, para que un proceso penal por feminicidio en la entidad llegue a sentencia el tiempo promedio es de un año y nueve meses, según el último informe de gobierno de Ricardo Sodi.
Hay que mencionar que de 2020 a 2024, el Estado de México empeoró su situación en materia de justicia, según la organización internacional evaluadora World Justice Project.
De acuerdo con sus informes del Índice de Estado de Derecho en México, que evalúa el papel de los poderes judiciales y fiscalías locales, así como de los gobiernos estatales, la justicia civil y penal en la entidad empeoró.
En 2020, el Estado de México ocupaba el lugar 16 de 32 entidades federativas en justicia civil y el 28 en justicia penal. Pero en 2024 el territorio mexiquense bajó de posición al puesto 21 y 31, respectivamente.
Por un lado, esto significa que la población mexiquense terminó con menos posibilidades de resolver sus quejas de forma accesible, libre de corrupción; por otro, que fue más ineficiente la impartición de justicia penal y el respeto a los derechos de las privadas de la libertad, y las víctimas de algún delito.
Derechos humanos, deuda pendiente
Otro logro que presume Sodi Cuéllar es la sustitución de la prisión preventiva oficiosa con dispositivos de localización electrónica ―brazaletes localizadores―. De acuerdo con su último informe de gobierno, en mil 718 procesos se implementó esta política.
La prisión preventiva oficiosa consiste en encarcelar automáticamente a una persona antes de recibir una sentencia condenatoria. Esta medida, respaldada por el gobierno federal desde las presidencias de Felipe Calderón hasta la de Andrés Manuel López Obrador, viola los derechos humanos.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la prisión preventiva oficiosa representa en los hechos una detención arbitraria, pues atenta contra los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal.
En contraste, la política de Sodi Cuéllar benefició a personajes como el priista Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca, detenido en diciembre de 2023 por el delito de secuestro exprés contra su suegro.
El político pasó tres meses en prisión preventiva hasta que, en marzo de 2024, el juez de control Pablo Ortiz González, otorgó un cambio de medida cautelar al exedil para que siguiera su proceso en libertad, usando el brazalete electrónico. Tras pagar una fianza de un millón de pesos, Raymundo Martínez sigue siendo juzgado bajo arresto domiciliario.
“La justicia tiene que ver con la clase social y las relaciones políticas”, comenta al respecto Antonio Lara Duque, director del centro Zeferino Ladrillero.
El abogado especializado en derechos humanos y organizaciones como Presunción de Inocencia y Haz Valer mi Libertad, han denunciado la fabricación de culpables en la entidad, y responsabilizan a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial. Los colectivos señalaron que jueces sentencian sin pruebas y condenan a inocentes a pasar años en prisión.
La amnistía fue un pendiente de Sodi Cuéllar del que poco se sabe. De las seis mil 240 personas privadas de la libertad que solicitaron amnistía entre 2020 y 2024, sólo tres mil 108 la recibieron. Apenas la mitad.
En mayo del 2021, el Observatorio de la Ley de Amnistía en la entidad señaló que había “incongruencias de fondo” en el PJEM, las cuales limitaban en forma arbitraria y dolosa el cumplimiento de esta política, promovida por AMLO.
Gusto por la abundancia
Ricardo Sodi se define como una persona a la que “le gusta todo lo bueno en abundancia”, según explicó en una entrevista para Milenio. Desde el vino, el baile, el trabajo, la comida hasta las simpatías por el poder.
Tal vez su gusto por la abundancia explique su salario, superior al del expresidente López Obrador. Durante su gestión como presidente del PJEM, Ricardo Sodi Cuéllar ganó 13 millones 757 mil pesos; su salario mensual neto era de 192 mil 843 pesos, en promedio.
Dicha cantidad supera los 122 mil 943 pesos netos que AMLO ganó mensualmente, en promedio, durante su sexenio; de igual forma excede el salario neto mensual de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, que fue de 96 mil 961 pesos en 2024. O el del exgobernador Alfredo Del Mazo, quien ganó 105 mil 956 pesos mensuales, en promedio, a lo largo de su gobernatura.
También la abundancia llegó en general al Poder Judicial mexiquense en la administración de Sodi Cuéllar. De 2020 a 2024 se gastaron tres mil 425 millones de pesos en obra pública.
Del mismo modo, en 2023 el PJEM adquirió una obra de arte millonaria envuelta en contradicciones acerca del origen de los recursos para pagarla.
AD Noticias reveló que el Monumento Magno del Bicentenario del Poder Judicial mexiquense, una escultura de bronce adquirido para celebrar los 200 años de la dependencia, costó 7 millones 192 mil pesos. Sin embargo, la dependencia sólo tenía autorizados 6 millones 296 mil pesos para compras de ese tipo.
La totalidad de la pieza se pagó con “aportaciones voluntarias” de jueces y magistrados locales, de acuerdo con la versión oficial. Pero los documentos del Poder Judicial mexiquense cuestionan y contradicen esta aseveración. A la fecha, el PJEM no ha aclarado los orígenes de estos recursos.
A un paso de la Suprema Corte
El 30 de enero de 2025, mediante una tómbola, Ricardo Sodi fue elegido para aspirar a una silla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De mil 239 aspirantes, Sodi y otros 20 candidatos fueron elegidos por insaculación por el Senado de la República.
La lista de candidatos del Senado fue remitida a la SCJN para su validación; pero la Corte rechazó la propuesta el 6 de febrero. El Senado envío el 12 de febrero la lista directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para su evaluación. Si el INE aprueba el listado, Ricardo Sodi Cuéllar aparecerá en la boleta electoral del 1 de junio de 2025.
A juzgar por el perfil que han tenido los ministros de la SCJN en las últimas décadas ―cercanos a los partidos y gobernantes― resulta obvio pensar que Sodi ocupará una silla, considerando su cercanía con los gobernadores priistas del pasado y el actual secretario de gobierno, Horacio Duarte.
“Ha tenido una posición bastante cómoda, podríamos llamar sumisa o colaborativa con el poder”, considera Esteban David Rodríguez al respecto. Mientras tanto, el exmagistrado da clases de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y se alista a continuar su dinastía.
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