Toluca, Estado de México; 14 de agosto de 2019.- Al calificar la medida cautelar en contra de Rosario Robles de “innecesaria e injusta”, su abogado Julio Hernández dio a conocer que en las siguientes horas apelarán la decisión del juez, a fin de que la ex titular de Sedesol y Sedatu pueda seguir el proceso que se le sigue en libertad. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera ya inició el proceso de análisis para presentar una nueva denuncia en contra de Rosario Robles, tras detectarse 105 convenios adicionales reportados por la Auditoría Superior de la Federación, por más de 800 millones de pesos.
A través de un comunicado, Hernández Barros señala que se exhibirán las garantías necesarias para ese propósito y reiteró que su clienta es un “chivo expiatorio” en un tribunal de Estado. Denunció además que se enfrentan a un tribunal de Estado, donde el juez actuó por consigna; ya que se presentaron graves violaciones al principio de inocencia, al debido proceso, pese a todas las pruebas presentadas para demostrar su inocencia.
Al respecto, dijo que durante las casi 12 horas que duró la audiencia de Robles Berlanga, su defensa había logrado desvirtuar todas las acusaciones de la Fiscalía. Sin embargo, el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, decidió no solamente vincularla a proceso penal, sino incluso imponerle prisión preventiva como medida cautelar, a pesar de que el delito del que la acusan no es grave.
“No cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de Estado que habla de un proceso imparcial y por consigna contra Rosario Robles, que evidencia que se trata de un “chivo expiatorio” para intentar exculpar a otros exfuncionarios que probablemente sí tengan responsabilidad administrativa o penal por el manejo de recursos públicos”, expresó Hernández Barros.
Explicó además que las auditorías que dieron lugar a la imputación en contra de la ex funcionaria federal aún se encuentran en proceso de solventación, en proceso resarcitorio y en procesos ante los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa.
Mientras tanto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, confirmó a través de su cuenta de Twitter que, efectivamente, este martes sostuvo un encuentro “informal” con dos de sus antecesores en esta dependencia: José Antonio González Anaya y José Antonio Meade.
Éste último también ha sido mencionado en las investigaciones que se le siguen a Robles Berlanga, ya que la defensa de la ex secretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña, aseguró que Rosario Robles le informó en tiempo y forma de las irregularidades e inconsistencias que había señalado la Auditoría Superior de la Federación cuando le sucedió en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol.
El caso contra la ex funcionaria federal obedece a la denuncia que presentó la Fiscalía General de la República por la presunta omisión en que incurrió para evitar o denunciar actos realizados por terceros lo que causó daños a la hacienda pública por más de cinco mil millones de pesos.
Presuntamente esto se llevó a cabo a través de 27 convenios de colaboración firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (al mando de Robles) con diversas universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas.
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Meade y Peña sabían de irregularidades…
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