Ricardo Salinas Pliego realizó un primer pago de 10,400 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se comprometió a cubrir un total de 32,131 millones de pesos, en lo que constituye uno de los mayores reveses fiscales para un empresario en México en las últimas décadas. El acuerdo, informado este martes por el SAT, marca un punto de inflexión en la política de combate a la evasión y en la narrativa del Ejecutivo sobre el fin de los privilegios fiscales heredados del periodo neoliberal.
El monto pactado equivale a casi una quinta parte de la fortuna del dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, valorada en alrededor de 185 mil millones de pesos según estimaciones de Forbes. El pago inicial —el más alto registrado para un contribuyente individual— representa ya más del 5% de su patrimonio.
El organismo recaudador detalló que Grupo Salinas realizará 18 pagos para saldar el adeudo, derivado de litigios fiscales que se prolongaron por más de una década. En noviembre de 2025, el Estado había estimado el monto en 43 mil millones de pesos, pero la cifra final fue 37% menor tras la negociación.
El conglomerado respondió que, con el pago acordado, “ya no deben nada al gobierno”, mientras que el SAT subrayó que el caso se resolvió sin condonaciones, en línea con la prohibición constitucional vigente desde 2019. La resolución cierra uno de los litigios empresariales más emblemáticos del país, utilizado por el propio Gobierno como ejemplo de los abusos tolerados durante administraciones pasadas.
El caso se convirtió en símbolo del choque entre el Estado y las élites empresariales que construyeron su expansión durante el auge neoliberal. Desde 2020, la administración federal ha reiterado que ningún gran contribuyente está por encima de la ley y ha forzado a corporativos como Walmart, IBM y Femsa a pagar adeudos millonarios, aunque ninguno tan voluminoso como el de Grupo Salinas.
El SAT no reveló el calendario exacto de los pagos, pero indicó que el convenio obliga a la empresa a cumplir en plazos específicos. Con este acuerdo, el Gobierno cierra un capítulo emblemático en su estrategia de presión fiscal contra los grandes grupos económicos, a poco menos de dos años de que concluya la administración actual.
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