En el Estado de México, la pobreza no solo se mide en carencias materiales, sino en su impacto directo sobre el acceso a derechos fundamentales. De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de la Secretaría del Bienestar, 7.6 millones de personas —casi la mitad de la población estatal— no tienen acceso a servicios de salud. Además, más de 3 millones no cuentan con una alimentación suficiente y nutritiva.
Esta situación afecta de manera particular a las mujeres. Según el CONEVAL, en 2020 más del 51 % de las mujeres mexiquenses no tenía acceso a la seguridad social.
La falta de acceso a la salud pública no es solo una cuestión de cobertura institucional. La doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx, Martha Isabel Ángeles Constantino, entrevistada por AD Noticias, subraya que la exclusión sanitaria es el resultado de factores estructurales y culturales profundamente arraigados, como la división sexual del trabajo, la discriminación interseccional y la desigualdad territorial.
Mujeres pobres: el rostro más vulnerable
Uno de los ángulos más alarmantes del fenómeno es el impacto diferenciado sobre las mujeres. “Las mujeres en situación de pobreza obtienen su derecho a la atención pública de salud de manera indirecta, generalmente por parentesco”, explica la investigadora. Esta dependencia institucional está ligada a un sistema laboral de informalidad, además complicado si no están afiliadas por medio de un familiar varón.
Según el reporte de CONEVAL 2022, más de la mitad de las mujeres en el Estado de México no tenía acceso a la seguridad social en 2020 (51.6 %), aunque esta cifra bajó ligeramente en comparación con 2018. La segunda necesidad más frecuente fue la falta de acceso a servicios de salud, que afectó al 32.4 % de las mujeres, un aumento significativo de 14 puntos en solo dos años. Además, el 24.5 % enfrentó carencia alimentaria, es decir, no contaban con una alimentación nutritiva y de calidad, lo que también representa un incremento respecto a 2018.
Los datos y el análisis coinciden. Las prácticas de desigualdad y discriminación estructural hacen que el acceso a la salud no sea un derecho garantizado, sino una posibilidad remota para millones de personas.
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El sistema de salud: lejos, escaso e insuficiente
Según el CONEVAL, el 75% de las personas en situación de pobreza no pueden acceder a servicios médicos públicos. Aunque en el discurso oficial se habla de cobertura universal, la distancia geográfica, los costos de traslado, la falta de medicamentos y la concentración de hospitales de alta especialidad en zonas urbanas impiden que esa cobertura se materialice en atención efectiva.
Esta fragmentación es especialmente crítica en los entornos rurales y semiurbanos, donde viven muchas de las personas más pobres. Allí, la infraestructura médica es limitada, y las clínicas comunitarias suelen estar mal equipadas o sin personal suficiente.
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La realidad local
El diseño del sistema de salud pública se basa actualmente en la densidad poblacional y no en la incidencia regional de enfermedades. En consecuencia, los centros médicos no se instalan en función de necesidades epidemiológicas, sino por criterios de concentración demográfica. Lo que invisibiliza las enfermedades endémicas de ciertas regiones y reproduce un modelo urbano-centrista.
“La atención médica tendría que diseñarse en función de las características de la población, las enfermedades recurrentes por espacios sociales y la vinculación entre medicina hegemónica, medicina tradicional y métodos preventivos”, plantea Ángeles Constantino.
Señaló también que, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Inequidades en Salud (ONIS), en el Estado de México se registran 95 muertes por cada mil egresos hospitalarios debido a atención médica tardía. Esta cifra, que da cuenta de una falla crítica en el acceso oportuno a los servicios.
