“La gestión menstrual es difícil. Cuando tenemos en la casa [donde nos hospedamos], sí nos brindan lo que necesitamos: las toallas y el agua cuando hay. Cuando tenemos las toallas es porque nos las regalan, pero cuando no, tenemos que comprarlas”, explica Any, una mujer migrante de 26 años proveniente de Honduras que, en su camino por encontrar mejores oportunidades de vida para ella y su familia, decidió emigrar a México.
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Sin embargo, en el proceso de movilidad se enfrentó a la complejidad de gestionar su menstruación, así como a la falta de atención sanitaria digna para cuidar de su salud sexual y reproductiva.
“Faltan muchas cosas para el cuidado de una como mujer, y por una parte sí me siento preocupada, porque no tenemos de dónde sacar lo que necesitamos”, explicó Any a AD Noticias, sentada dentro de la biblioteca de la Casa del Migrante Arcángel Rafael II, ubicada en Ecatepec, Estado de México.
En 2019, durante el primer mandato del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este ordenó una emergencia nacional en la frontera con México: la política “Quédate en México”. Desde entonces, impera una militarización de la ley migratoria, la suspensión de las admisiones de personas refugiadas y las deportaciones masivas.
A la fecha, esto ha representado amenazas a la salud pública de las personas migrantes. Algunos de estos riesgos se relacionan directamente con la salud menstrual, que forma parte del bienestar sexual y reproductivo de las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes.
Las mujeres en situación de movilidad humana tienen necesidades diversas, y una de ellas es el acceso a derechos sexuales y reproductivos, así como a la salud materna y la gestión menstrual. Sin embargo, no hay servicios accesibles en sus tránsitos migratorios y de movilidad.
Se trata de un problema sistémico que no se atiende. Al contrario, se ignora, se habla poco, con miedo o vergüenza. La falta de datos sobre migración con perspectiva de género imposibilita la creación de políticas eficientes y la asignación de recursos para comprender y abordar las desigualdades entre mujeres, personas menstruantes y hombres a lo largo del proceso migratorio.
Ser mujer en contextos de movilidad: una situación sin perspectiva de género
Actualmente, las mujeres representan el 48 por ciento de las personas migrantes a nivel mundial. Son ellas quienes ahora migran de manera independiente, incluso como jefas de hogar, lo que se ha identificado como “la feminización de la migración”, explica la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
Sin embargo, desde la perspectiva de género, ser mujer u hombre influye de maneras distintas en los motivos para migrar, los trayectos elegidos, las posibilidades de integrarse en un lugar determinado o acceder a ciertos servicios.
A esto se suman los procesos fisiológicos entre los cuerpos diversos. La menstruación es uno de ellos.
“Los temas de salud sexual y reproductiva nos atraviesan de forma distinta. No siempre se tiene el acceso a los servicios. Aunque en México hay una legislación al respecto, aún así no se puede acceder siempre a los servicios de salud, sobre todo a los especializados en salud sexual y reproductiva”, explicó la equipa de Las Vanders, una organización feminista enfocada en el acompañamiento y la incidencia política con y para mujeres, personas LGBTTTIQ+ y comunidades en situaciones de movilidad, a AD Noticias.
Por si fuera poco, a la experiencia de migrar como mujer se suman otros procesos que se relacionan directamente con los cuidados. Las infancias, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad en contextos de movilidad suelen ser acompañadas y cuidadas en su mayoría por mujeres, lo que complejiza aún más los trayectos y el autocuidado que ellas pueden tener.
“Las mujeres que migran normalmente lo hacen cuidando de otras personas. Migran con niños, migran con adultos mayores. Creo que eso ya hace una diferencia muy grande en cuanto a la migración de hombres y mujeres”, detallan Las Vanders.
“Tengo cuatro bebés y estaba embarazada del último”, detalla Any. “Caminar era difícil porque mi hija de cuatro añitos quería que en el trayecto la cargara y no podía hacerlo bien. Cuando salí de casa tenía cuatro meses de embarazo. Para mí fue muy duro”.
Periodo en movimiento: pobreza y violencia asociada a la menstruación
Cada mes, más de 2 mil millones de personas en el mundo tienen su periodo. En México, las mujeres representan el 51 por ciento de la población. De ellas, cerca del 62 por ciento se encuentran en edad menstruante.
Sin embargo, nuestro país no cuenta con políticas públicas, programas o acciones específicas que consideren, de manera particular, la gestión del periodo menstrual en contextos de migración y movilidad dentro del territorio mexicano, explica la primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México, realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF en 2022.
Aunque este es un proceso natural y saludable, muchas mujeres y personas con capacidad de menstruar no tienen acceso a productos, agua y saneamiento seguros para gestionar su salud menstrual.
A esto se le conoce como “pobreza asociada a la menstruación”, que se refiere a la incapacidad de pagar productos menstruales o acceder a ellos, además de la falta de espacios para cuidar la higiene o los conocimientos necesarios para gestionarla, explica ONU Mujeres.
En promedio, las mujeres utilizan aproximadamente 300 toallas sanitarias al año, lo que representa un gasto total de alrededor de 26 mil pesos a lo largo de su vida si el producto tiene un costo de 2 a 3 pesos, y hasta 30 mil pesos en el caso de los tampones, si el precio promedio es de 4 pesos por unidad, detalla la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“Las mujeres en tránsito sufren la precariedad en la que está en el país, debido a que no hay servicios accesibles y eficientes en las rutas migratorias. Las personas tienen que buscar por sus propios medios cómo gestionar su menstruación, y muchas veces lo hacen en condiciones indignas”, explica Dinorah Arceta, coordinadora de Incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), en entrevista con AD Noticias.
Según registros en la frontera sur, muchas mujeres recurren a cartones, papel de baño, hojas de árboles, pedazos de tela o cualquier material que encuentren para gestionar su menstruación debido a la falta de servicios y recursos económicos.
Incluso se ha documentado que los propios traficantes que las ayudan a cruzar la frontera les obligan a suspender su menstruación, proporcionándoles pastillas o inyecciones anticonceptivas para detener su ciclo menstrual.
Sin embargo, tomar estas medidas puede resultar contraproducente por los efectos secundarios que las hormonas producen en el cuerpo, como en el caso de Leticia, emigró desde Venezuela y ahora reside en la Casa del Migrante Arcángel Rafael II, Ecatepec, Estado de México.
En contextos más graves, incluso se ha documentado que usar las inyecciones anticonceptivas es una medida desesperada para prevenir un embarazo no deseado por violación y abuso sexual en su ruta migratoria. Las mujeres saben que pueden ser abusadas en sus trayectos.
La salud sexual y reproductiva en riesgo por falta de asistencia médica digna
Afrontar la gestión menstrual en contextos de movilidad no sólo es complicado, sino también riesgoso. Las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes, por falta de productos de gestión menstrual o suministros necesarios, son propensas a sufrir consecuencias negativas profundas para su bienestar y salud física.
“Hay muchas recurrencias, sobre todo de infecciones vaginales severas […] Aquellas que llegan a acceder a un albergue muchas veces, por la saturación y la precarización del estado mismo, no reciben atención médica”.
“Ahora que EE. UU. cortó el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, lo que hay para gestionar la menstruación para las mujeres y personas gestantes en movilidad a veces es nada más tomarse un té de manzanilla si tienes una situación como amenorrea o cólico”, detalla Dinorah Arceta.
Existen otros casos en los que incluso el estrés intenso que produce migrar provoca que la menstruación desaparezca por un tiempo indefinido, lo que es grave, pues la modificación del periodo hace que la ovulación sea más tardía o no ocurra, que el endometrio del útero adelgace y haya sangrados irregulares.
Incluso, puede modificar el funcionamiento del hipotálamo, la glándula que regula las hormonas, afectando la salud general de las mujeres, niñas y personas menstruantes.
Debido a que la menstruación digna forma parte de la salud sexual y reproductiva, es común ver que tampoco se facilite información o métodos de planificación familiar en las rutas migratorias por parte del estado, a menos que provengan de las organizaciones civiles.
“Hemos escuchado casos de mujeres que han querido acceder a métodos anticonceptivos y no han podido porque en los centros de salud se les niega la ayuda por no tener un documento de identificación. Algo que no debería ser así, porque la salud es un derecho humano”.
Comentó Nancy Pérez, directora ejecutiva de Acción para Cambio Social AXC ONG, en la frontera entre México y Guatemala para AD Noticias, quien además señaló la violencia ginecológica y obstétrica que se vive en los espacios de salud cuando las mujeres llegan a solicitar ayuda por casos de gestión menstrual, embarazo, abortos espontáneos, infecciones de transmisión sexual (ITS) o incluso violación y abuso sexual.
Al respecto, Prudencio Ramírez, Coordinador de la Casa del Migrante Arcángel Rafael II, dijo en entrevista para AD Noticias que lamentablemente se han presentado casos de mujeres dentro de este espacio que aseguran haber vivido discriminación por parte de los centros de salud más cercanos a la zona por falta de documentación.
Los retos no se presentan solamente mientras las mujeres, niñas y personas menstruantes están en un estado de desplazamiento activo, sino que también cuando están en espacios de alojamiento temporal.
Los derechos a migrar y a la salud digna coartados en la práctica
Aunque en México existe todo un marco jurídico para garantizar los derechos de las personas migrantes y en situación de movilidad, este solo es letra muerta si no se ponen en práctica estrategias que garanticen el ejercicio efectivo de la ley.
El artículo 8 de la Ley Federal de Migración detalla que:
La Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México menciona en su artículo 7 que el estado está obligado a garantizar los derechos de las personas migrantes y construir políticas públicas que los protejan:
“Las autoridades estatales y municipales coadyuvarán con la autoridad migratoria en la protección y defensa de los derechos de los migrantes […] para su protección y, de manera enunciativa más no limitativa, en materia de cultura, desarrollo económico, desarrollo rural, educación, política social, salud y turismo”.
En materia de salud digna, en 2021 se aprobó la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para eliminar el IVA en productos de higiene menstrual en la Miscelánea Fiscal 2022 que se cobra en los productos para la higiene menstrual.
Esta propuesta representó avances importantes para los derechos humanos, pues por primera vez en la historia del país se realizó una acción con perspectiva de género en materia tributaria en beneficio de las mujeres y personas menstruantes. Con esto habría menos obstáculos para gestionar su menstruación de manera digna.
En diciembre de 2023, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, decretó la modificación a varios artículos del Código Administrativo del Estado de México para garantizar el derecho a la salud y gestión menstrual de las niñas, adolescentes y mujeres del Edomex.
Sin embargo, en el ejercicio práctico las cosas son distintas, y los grupos vulnerables donde las mujeres y personas menstruantes en situación de movilidad se encuentran, son los más afectados.
“Estas normativas a nivel nacional de eliminar los impuestos para los productos de gestión menstrual, pues realmente no ha llegado a la población en tránsito de movilidad porque no está en las rutas migratorias”, explica la especialista Dinorah Arceta del IMUMI.
El tiempo pasa y las mujeres seguirán migrando
En los últimos años, la situación migratoria de las mujeres en México tiene diversas aristas. Están aquellas mujeres y personas menstruantes mexicanas y de Centroamérica que atraviesan el país para solicitar la protección internacional de EE. UU.
Por otro lado, encontramos a aquellas personas del sur latinoamericano que ven a México como un lugar para emprender sus proyectos de vida y buscan una integración socioeconómica.
Así como también vemos a aquellas personas que, en el contexto de las políticas restrictivas actuales de Estados Unidos, han sido regresadas desde ese país hacia México y que son mexicanas.
Según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la migración femenina que se dirigió a Estados Unidos incrementó considerablemente de 2015 a 2020. Las mujeres migrantes representan el 30.2 por ciento (145 mil) y los hombres 69.8 por ciento (335 mil) en ese periodo.
No obstante, con las políticas que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó en su primera presidencia -y continúan a la fecha-, se han generado deportaciones masivas así como la violación a los derechos humanos de las mujeres migrantes.
Por su parte, la diputada, Anai Esparza Acevedo, presidenta de la Comisión de Apoyo y Atención a las Personas Migrantes del Congreso local, dijo para el mismo medio que el promedio de mexiquenses deportados pasó de los 600 a los 2 mil por semana, a través de vuelos programados por el Instituto Nacional de Migración (INM).
AD Noticias solicitó una entrevista con el coordinador de Asuntos Internacionales del Estado de México, José Pablo Montemayor Camacho y con el INM para conocer no sólo la cantidad de personas deportadas, sino también las condiciones de salud en las que estaban siendo trasladadas. No obstante, a la fecha de publicación, no hubo respuesta por parte del coordinador. Por su parte, el INM declaró que no daría entrevistas.
Un estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicado en diciembre del año pasado reveló que la violencia de género es una experiencia constante para las mujeres migrantes.
Las experiencias fueron de todos los tipos de violencia de género: violación, agresión física, agresión sexual, matrimonio o uniones forzadas, negación de recursos o servicios de salud y maltrato psicológico o emocional; en varios casos se experimentó dos o más tipos de violencia.
“Lo que no se enuncia no existe”
Aunque en el marco jurídico hay propuestas para poner sobre la complejidad de la menstruación digna, enmarcada al derecho a una vida sexual y reproductiva sana, estas propuestas están lejos de llegar a los grupos más vulnerables, como las mujeres y personas menstruantes en situación de movilidad.
Claro ejemplo de ello es que a la fecha no hay estadísticas públicas o diagnósticos de cómo las mujeres en su día a día sortean su salud menstrual, explica Dinorah Arceta del IMUMI:
“Si de por sí a nivel nacional no hay una estadística, un diagnóstico de cómo las mujeres y personas gestantes llevan a cabo su gestión menstrual, pues menos para la población en movilidad. Se han hecho algunos esfuerzos en algunas fronteras en el norte y sur, pero hace falta en toda la ruta migratoria”.
Por su parte, la equipa de Las Vanders indica que otro obstáculo considerable para que ocurra una buena atención a la salud menstrual es que sigue siendo un tema tabú todo lo relacionado con la menstruación y en general los derechos sexuales y reproductivos.
“Debe haber iniciativas motivadas por la apropiación de nuestra sexualidad, de nuestro derecho a ejercerla y de ir más allá de los roles de género como cuerpos reproductores y gestantes. Yo regresaría al principio: hablarlo, porque lo que no se enuncia no existe”.
“Hay que hablar de la sexualidad desde lugares cuidadosos con preguntas detonadoras de ideas e intercambio de experiencias y construcción conjunta. Pero que eso se lleve a los espacios en donde es necesario que se hable al respecto; en las rutas migratorias”.
La violencia de género, la cultura machista y la indiferencia institucional agravan la situación de las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes en situación de movilidad. A pesar de los avances legales, la realidad es que muchas de ellas siguen sin acceso a servicios de salud dignos ni a información sobre sus derechos, lo que perpetúa su vulnerabilidad.
La falta de estadísticas y diagnóstico sobre la gestión menstrual en este contexto evidencia la urgencia de atender estas necesidades en las rutas migratorias, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Como señala Dinorah Arceta del IMUMI, la invisibilidad de estas problemáticas sigue siendo uno de los mayores obstáculos para mejorar la calidad de vida de las personas migrantes.
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