En los centros penitenciarios femeniles y mixtos del Estado de México, la provisión de productos de higiene menstrual como toallas sanitarias, tampones o copas menstruales es limitada e irregular. Aunque las autoridades tienen la obligación de suministrarlos, las reclusas a menudo dependen de donaciones de organizaciones civiles o de sus propias familias para obtenerlos.
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De acuerdo a los artículos 9 y 10 de la Ley de Ejecución Penal del Estado de México, las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a disponer de instalaciones adecuadas y de los insumos esenciales para garantizar una estancia segura y digna, con especial énfasis en aquellos productos que cubran las necesidades de higiene específicas de su género. Así como recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal.
Cuando no pueden acceder a estos insumos, muchas mujeres recurren a métodos improvisados, como el uso de telas reutilizadas, papel higiénico, pedazos de colchón o incluso cubrebocas. Estas prácticas elevan el riesgo de infecciones urinarias y enfermedades ginecológicas, agravadas por la falta de acceso a agua potable en las celdas y la escasez de ropa limpia.
La realidad de la pobreza menstrual
Conforme a la definición del CONEVAL, estás mujeres están sufriendo pobreza menstrual, que es la falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre higiene menstrual e instalaciones para el aseo. Así mismo calcula que en México, el 42.2% de las mujeres que menstrúan enfrentan condiciones de pobreza menstrual. También se valora que en el país hay aproximadamente 64 millones de mujeres en edad reproductiva.
Según datos recabados en 2023 por el INEGI, había 233,277 personas privadas de la libertad en México, de las cuales el 5.7% eran mujeres. El Estado de México encabeza la lista de entidades con más mujeres en reclusión, con un total de 2,129 internas. La edad promedio es estás mujeres es de 35 años, por lo que entran en el porcentaje de mujeres que están en edad reproductiva y por lo tanto edad menstruante.
En 2021, la CNDH emitió una recomendación, en la que enfatiza la importancia de garantizar el derecho a una gestión menstrual digna. En este documento, solicita a nivel nacional, asegurar condiciones adecuadas de salud para las mujeres privadas de la libertad. A la fecha no se han implementado políticas públicas ni infraestructura para solucionar esta situación.
La Marea Roja del activismo y la salud menstrual
Ante la falta de atención institucional, organizaciones civiles han trabajado para visibilizar la problemática de la salud menstrual en prisión.
Marea Roja Mx, es una colectiva mexiquense que nació desde las observaciones de la Licenciada en Antropología Social Victoria González, quien desde su experiencia como educadora en salud menstrual se ha acercado a grupos de mujeres que se ven vulnerados por la falta de información y de acceso a recursos socioeconómicos.
Durante los últimos años ha estado presente en el Centro de Internamiento para Adolescentes «Quinta del Bosque» y el penal de “Santiaguito” en Almoloya de Juárez para apoyar a las mujeres y adolescentes privadas de la libertad.
Su labor ha consistido, principalmente, en impartir talleres sobre la elaboración de toallas sanitarias reutilizables, menstruación digna, salud reproductiva y derechos humanos. También organiza colectas de insumos de salud menstrual para mujeres en situación de cárcel.
“Debemos cuestionarnos si la menstruación se vive de la misma forma en una zona urbana por ejemplo o a una zona periférica, una zona rural, una comunidad indígena porque a veces asumimos, por la falta de estos cuestionamientos que todas las niñas, adolescentes, mujeres o personas menstruantes tienen lo mismo”
Victoria González
Una de las problemáticas que más atestigua durante su trabajo de campo es la falta de acceso a toallas sanitarias entre las mujeres en prisión, muchas de las cuales carecen de recursos o apoyo familiar
El abandono que sufren limita aún más su acceso a estos productos y sólo algunas de ellas tienen la posibilidad de trabajar dentro de estos centros y quienes lo hacen reciben una paga mínima, insuficiente para costear artículos de primera necesidad, cuyos precios dentro de los centros penitenciarios son excesivos
Victoria, no sólo visibiliza la situación precaria de la educación menstrual e insumos, también el que las mujeres privadas de la libertad no tienen acceso a medicamentos que les ayuden a tolerar los dolores que provocan los cólicos menstruales. Lo que vulnera otro de sus derechos fundamentales, dado que el estado de reclusión no impide que puedan tener acceso a la atención médica y el tratamiento adecuado.
Desde su trinchera, Marea Roja se une al movimiento social y feminista en conjunto con otras colectivas del país, en donde diversas asociaciones civiles luchan por los mismos objetivos. Ejemplo de ello son Mujeres Unidas X la Libertad, quienes acompañan a mujeres en su proceso de reinserción y buscan mejoras en las condiciones de vida de quienes siguen bajo privación de libertad.
Políticas Públicas
En un sistema penitenciario históricamente diseñado para hombres, la menstruación sigue siendo un tema invisibilizado. Mientras que los productos de higiene personal masculina suelen estar más disponibles, las necesidades específicas de las mujeres son vistas como secundarias. Esta desigualdad refuerza la discriminación de género dentro de las cárceles y limita aún más las oportunidades de las internas para considerarse personas sujetas de derechos plenamente.
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En el panorama nacional, desde 2021 se llevaron a cabo propuestas sobre erradicar los impuestos a los productos de higiene menstrual. Posterior a una larga lucha de los colectivos feministas como Menstruación Digna, en enero del 2022 entró en vigor el 0 por ciento de IVA en estos insumos. Sin embargo, está política no contempla por completo a los grupos más vulnerables.
Comparando contextos, al mismo tiempo que esto ocurría en México, en Sudáfrica disminuyó el precio de las toallas sanitarias en un 25 por ciento y su eliminación de impuestos en estos insumos ocurrió desde el año 2019.
Para garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad, es necesario que las autoridades implementen medidas urgentes, tales como:
- Asegurar instalaciones adecuadas para el aseo personal.
- Gratuidad de productos de salud menstrual.
- Brindar educación menstrual con perspectiva de género para eliminar estigmas y promover alternativas de gestión saludable.
La menstruación digna no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todas las mujeres, sin importar su condición legal. Mientras esta problemática continúe ignorada, miles de mujeres en prisión seguirán enfrentando condiciones que atentan contra su salud, su dignidad y su reinserción social.
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