Los tiempos legales que aguardan al legislador federal electo de Naucalpan, David Sánchez Guevara, llevarían a su suplente; Alejandro Juraidini Villaseñor, a ser llamado a rendir protesta, aunque será a partir de hoy cuando se vaya aclarando la situación legal real del detenido. Los minutos y las horas son el enemigo o el aliado de David, dependiendo del cristal con que se mire. Entre más tiempo pase en prisión más se aleja la posibilidad de rendir protesta y evadir la justicia.
El alcalde con licencia de Naucalpan y legislador federal electo será presentado en las próximas horas ante un Juez con sede en Almoloya de Juárez, donde se determinará si hay elementos para iniciar lo que se considera investigación judicializada.
Para determinar esta vinculación, a partir de que sea presentado ante el Juez correspondiente, pueden transcurrir desde 72 hasta 144 horas, como plazo máximo, si así lo solicita la defensa del legislador electo y luego tendrán que transcurrir hasta seis meses para que define si apuesta por un proceso abreviado o un juicio normal.
El proceso abreviado significaría que David Sánchez acepte los cargos que se le imputen para obtener los beneficios legales, lo cual acorta la lucha legal o bien declararse inocente y esperar el juicio normal que puede ser muy largo.
Ahora bien; dentro de las 144 horas máximas, el Juez puede determinar si le da el beneficio de obtener la libertad bajo caución con las debidas garantías o si niega este derecho.
Cabe mencionar que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados establecen como requisito para ser legislador no estar sujeto a algún proceso penal, por lo que resulta clave si el Juez correspondiente le otorga o no la libertad bajo fianza.
De permanecer en “Prisión Preventiva Justificada” en el Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, mejor conocido como “Santiaguito”, David Sánchez estaría imposibilitado para cumplir con los tiempos marcados tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la instalación de la próxima LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.
La Carta Magna establece que “incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado”.
La Ley Orgánica puntualiza que los diputados electos por mayoría y por representación proporcional se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de agosto a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día primero de septiembre.
Enseguida, se citará para la sesión de Congreso General correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 17:00 horas del primero de septiembre del año que corresponda.
Sin embargo esta Ley contempla casos en que ciertos diputados no puedan acudir a los actos anteriores. Señala que “los diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con posterioridad a la sesión constitutiva de la Cámara, rendirán la protesta constitucional ante el Presidente de la Mesa Directiva en los términos de la fórmula prevista”.
Por eso podría ser clave si se le otorga la libertad bajo finanza y la instrucción del PRI de mantenerlo o bien dar línea para que su suplente, Alejandro Juraidini Villaseñor, asuma el cargo una ves que se instale la Legislatura y pueda ser llamado.
Juraidini Villaseñor pertenece a la CNOP, es Coordinador Nacional de Jóvenes Emprendedores de la Red Jóvenes x México y se ha desempeñado como asesor en la Comisión Federal de Electricidad.
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