La Contraloría del gobierno capitalino impondrá 54 sanciones, entre ellas algunas denuncias penales e inhabilitación, contra 33 servidores y exservidores públicos por su responsabilidad en las irregularidades registradas en la Línea 12 del Metro.
En conferencia de prensa, señaló que este es el resultado de 11 auditorías realizadas, entre ellas, algunas que se hicieron en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y una con la Contraloría Mayor de Hacienda, a través de las cuales se impusieron las primeras 54 sanciones.
Como parte de los primeros sancionados, la Contraloría señaló a Enrique Horcasitas, exdirector general del Proyecto Metro, inhabilitado por 20 años para ocupar algún cargo en la administración pública y una denuncia ante la PGJDF, por la comisión de posibles hechos constitutivos del delito, al permitir la entrega preliminar de trabajos que no estaban concluidos. A Reyna María Basilio, exdirectora de Administración de Contratos, se le multó e inhabilitó por autorizar adeudos de obras no reconocidas en el contrato.A Juan Carlos Mercado, exdirector de Administración y Finanzas del STC Metro -quien fue inhabilitado por 20 años- se le sancionó con 34 millones 503 mil 40 pesos, por firmar de manera irregular un convenio para comprar un torno, cuyo costo es el mismo a la multa.
Algunos de los 33 responsables tienen más de dos sanciones y hay 15 casos de posibles responsabilidades penales, para lo cual se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Aún hay abiertas seis investigaciones y cuatro auditorias, en los que se derivarán otros castigos.
Desde hace casi 6 meses están cerradas 11 de las 20 estaciones que tiene la Línea Dorada -que corre de Mixcoac a Tláhuac- tras haberse detectado que las vías y los trenes no son compatibles y ocasionan desperfectos que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, esto hizo que se iniciaran investigaciones por fallas técnicas y suspensión del servicio, pero estas indagaciones señalaron diversas irregularidades administrativas que, la mayoría, se imputan a servidores públicos del Proyecto Metro.
(Con información de Notimex y Reforma)


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