La reciente sentencia del pasado 28 de noviembre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado de mexicano por la tortura sexual ejercida contra mujeres durante la represión en Atenco ha dejado muda a toda la clase política local, particularmente a los involucrados directos, entre ellos el propio Enrique Peña Nieto, gobernador durante los hechos; su entonces secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño; Wilfrido Robledo, Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, responsable del operativo; el hoy senador de Morena; Higinio Martínez, entonces diputado del PRD y uno de los instigadores de la represión, junto con el actual diputado tambien por Morena, Nazario Gutiérrez, en esos tiempos alcalde de Texcoco, donde empezó el día negro de la historia de horror.
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Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdado, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriel Cuevas Jaramillo, valientes mujeres víctimas que jamás se rindieron frente la injusticia, ellas nos han dado una enorme lección al no permitir que quedaran impunes los abusos de un gobierno atroz como fue el de Enrique Peña en el Estado de México. Honor y gloria para esas mujeres, la sociedad debería reconocerles en agradecimiento a su enorme aportación.
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La sentencia es una vergüenza más de las muchas que carga Enrique Peña; orondo y retador, una y otra vez, se asumió responsable en un discurso que emitió frente a estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Hoy, al estigma de corrupto y mediocre se le agrega el de represor y violador de derechos humanos. Es una vergüenza para el Estado de México.
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El gobierno del Estado de México tendrá que reparar el daño, serán alrededor de dos millones de dólares en indemnizaciones. La sentencia es extensa pero en una de las partes sustantivas de la condena es en su párrafo 376 a la letra dice: “La Corte recuerda que determinó en este caso que el Estado cometió violaciones graves contra la integridad personal, vida privada y libertad personal de las once mujeres, así como de sus familiares. En consideración de las circunstancias del caso, todas las violaciones cometidas, la denegación de justicia, los sufrimientos ocasionados y experimentados, el impacto en las vidas de las once mujeres y sus familiares, así como las restantes consecuencias de orden inmaterial que sufrieron, este Tribunal considera pertinente fijar, en equidad, por concepto de daño inmaterial,las cantidades de: USD$ 70.000,00 (setenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada una de las diez mujeres víctimas de este caso que han solicitado indemnización económica, es decir, a Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez; USD$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada una de las madres, padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes de las referidas víctimas, identificados en el párrafo 324 de esta Sentencia, y USD$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada uno de los hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas de dichas víctimas identificados en el párrafo 324 de esta Sentencia”. (Para leer la sentencia completa este es el link: file:///Users/VIDEO/Desktop/seriec_371_esp.pdf)