La tajada de recursos públicos del Estado de México que se llevarán este año los dueños de bancos y constructoras será, nada menos que, de 10 mil 818 mil 304 millones de pesos, de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado por la Legislatura local. Una cifra francamente demencial, casi equivalente a lo destinado al pago de pensiones y jubilaciones. La deuda pública heredada, sus mentadas renegociaciones y los carísimos Proyectos de Prestación de Servicios, son el equivalente al huachicoleo institucionalizado y legalizado de los recursos del pueblo.
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Todos y cada uno de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que los tres gobiernos anteriores usaron para financiar invariablemente con sobreprecios la construcción de hospitales, centros culturales, presiones y obras viales, tendrían que ser revisados y renegociados. El robo es descarado, algo que vale un peso se está pagando hasta en cien y nadie dice nada. Todos los contratos son revisables y pueden ser renegociados o cancelados. La legislatura tiene facultades para hacerlo. El asunto es tan grave que habría elementos para procesar a esos empresarios bandoleros que están saqueando el Estado de México.
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Es obvio que Enrique Peña la está pasando muy mal, no hay día que no haya un señalamiento de culpa o acusación en su contra; su prestigio, como su popularidad, está por lo suelos, ni Salinas en su peor momento estuvo tan mal. Pero esa suciedad con la que carga no sólo es de él, también es de sus cercanos. Es enero y se calculaba que sería el mes para que empezarán a incorporarse a la administración pública estatal, no ha sido así y el panorama es muy complicado para que lo hagan, afectarían negativamente al gobernador Alfredo del Mazo, quien, poco a poco, ha logrado mejorar en los índices de aceptación y reconocimiento popular de acuerdo a los encuestas, entre ellas la de Integralia. No puede permitirse que el Estado de México se convierta en el muladar de Los Pinos.
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Los indicios del sabotaje para provocar la escasez de gasolina en el Estado de Estado de México, son abrumadores. Los ataques a los ductos Tula-Toluca (principal ramal de abastecimiento al valle de Toluca) y Tuxpan-Azcapotzalco (línea de abasto al Valle de México), no son una casualidad. Hay evidencia de cómo en muchas estaciones de servicio hay gasolina, pero se niegan a venderla. Parece clara la intención de generar irritación social. Es lamentable la incapacidad del gobierno para dar explicaciones claras a la gente de lo que pasa, allí esta el problema. La estrategia de comunicación para este asunto ha sido pésima.
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Se aprobó en la Cámara Baja la reforma para la Guardia Nacional y la grata sorpresa fue que los diputados del PRI hicieron lo correcto y fueron mas allá de sus intereses de grupo y votaron a favor de la iniciativa, entre ellos los diputados federales por el Estado de México. Parecería algo increíble, pero Luis Miranda, Ernesto Nemer, Ricardo Aguilar, Ana Lilia Herrera, el antorchista Brasil Peña Acosta, Cruz Juvenal Roa y hasta el antipático Eduardo Zarzosa, dieron su apoyo a la iniciativa del presidente López Obrador. Laura Barrera fue la única que no lo hizo, eligió no presentarse a trabajar.
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