La dura sanción que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia impuso a 32 de los 36 diputados locales Morena por aprobar en diciembre pasado el aumento de 17 por ciento al refrendo vehicular a todos los dueños de un automóvil, camión o autobús, remolque o motocicleta, en franca contradicción a la oferta de campaña con la que llegaron al poder, por supuesto que es de alcance legal, pero su peso es de carácter deontológico. Combatirla en tribunales es viable, pero ni con el agua más cristalina de todos los mares podrán borrar la mancha que les ha dejado el estigma de haber traicionado a sus electores, según el juicio de su propio partido.
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Uno de los efectos prácticos de la sanción es que los 32 castigados quedan fuera de la competencia por algún cargo de dirección, en otras palabras, no podrán participar en la renovación de su dirigencia estatal prevista para el último bimestre del año. La lista de inhabilitados: Maurilio Hernández, Azucena Cisneros, Valentín González, Nazario Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez Cureño, Gerardo Ulloa, Tanech Sánchez, Faustino de la Cruz, Max Correa, Mariana Uribe, , Karina Labastida, Liliana Gollás, Mónica Álvarez Nemer, Montserrat Ruíz, Benigno Martínez, Jorge García, Xóchitl Flores Rosario Elizalde, Rosa María Zetina, Bryan Tinoco, Alfredo González, María de Jesús Galicia, Juan Pablo Villagómez, Julio Hernández, Anaís Burgos, Emiliano Aguirre, Margarito González, Adrián Galicia, Nancy Nápoles, Violeta Nova, Berenice Medrano, Camilo Murillo. El GAP, grupo que controla las decisiones en la legislatura, ha recibido un duro golpe y vuelve a colocarlo bajo el señalamiento de colaboracionista.
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En contrasentido, habría que reconocer a las diputadas Beatriz García Villegas, Elba Aldana, Alicia Mercado y Elizabeth Millán, quienes valientemente en diciembre votaron en contra del refrendo, a pesar de las presiones que en su propio grupo ejercieron contra ellas.
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El Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, que preside Andrés Hoffmann Palomar, tendría que ser el principal interesado en que se resuelva con celeridad y justicia la penosa investigación iniciada en contra de al menos un par de sus miembros por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que los señala como parte orgánica de bandas criminales que despojan de sus propiedades inmuebles a personas de la tercera edad, algo realmente nauseabundo. El propio secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal, Rodrigo Espeleta, tendría actuar de motu proprio para retirar de inmediato el nombramiento a ese fedatarios delincuentes.
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En el Conversatorio AD de este miércoles, el secretario del Medio Ambiente, Jorge Rescala, en vivo con líneas abiertas y comentarios libres a través de nuestro portal http://www.alfadiario.com.mx y de nuestras redes sociales. Una buena oportunidad para escucharlo y nos escuche.