Carlos Aguilar Cano fue un personaje central en las historias de corrupción en la administración pasada. Su cercanía personal con el entonces gobernador, le valió para hacer y deshacer a su antojo. “El muchachito de Eruviel”, le llamaban en la propia prensa al narrar sus desplantes. El desaseo con que conducía la Coordinación de Imagen Institucional era bien sabido y tolerado por su jefe. Miles de millones de pesos pasaron por sus manos sin control o registro alguno, muchos de ellos en efectivo, para contratos de servicios publicitarios. Su salario formal y oficial fue de poco menos de 100 mil pesos mensuales durante todo el sexenio, pero su patrimonio creció exponencialmente y se calcula que hoy posee bienes por más de 150 millones de pesos. En el extenso inventario de sus propiedades destaca el restaurante “Casa Colibrí” abierto en una hermosa casona del patrimonio histórico en la plaza principal de Malinalco. Es un inmueble que ni con todos sus salarios cobrados le alcanzarían para pagarlo. La mano que roba puede ocultarse, la que gasta, no. Llegó sin nada al servicio público y salió millonario. Carlos debería estar en la cárcel y ser obligado a devolver lo robado.
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“Casa Colibrí” no es la única propiedad del eruvielista Aguilar, también tiene una finca de descanso en Malinalco, una casa en Metepec, otra en Ecatepec, un departamento en Interlomas, Huixquilucan, el portal hoyestado.com, que por cierto dirige su ex secretario particular, Issac Ramírez, y hasta una empresa inmobiliaria. Ahora sí, como en la propia jerga política dicen con cinismo, “hay que ser puerco… pero no trompudo; no solo mamó… se llevó la vaca”.
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Más claro, ni el agua. Alejandro Ozuna ha atajado los rumores con un contundente “no voy a renunciar: seré secretario General de Gobierno hasta que el gobernador Alfredo Del Mazo lo disponga”. Con Elías Rescala, su subsecretario, sostiene que no tiene diferencias ni desencuentros, por el contrario, trabajan muy bien juntos. Son intrigas, explica, consustanciales a la actividad política y la lucha por el poder. No se distrae con apetitos futuristas, en sus anhelos no está ser candidato a gobernador, lo único que quiere es dar buenos resultados en su trabajo para cerrar con ese encargo su vida activa en el servicio público en el 2023.
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La cantidad de recursos públicos gastados en la última década en la compra y blindaje de camionetas para uso de altos funcionarios, es francamente aturdidora. Aunque no hay un registro preciso, la estimación es por más de mil millones de pesos en vehículos de seguridad, muchos de los cuales terminaron como propiedad privada. Este es un buen asunto para que el secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl, dé signos de vida y utilidad pública.