Se dice que

La diputada local priista Maribel Martínez Altamirano está en graves problemas legales y parece no entenderlo… o se pasa de cínica. Ha sido sentada en el banquillo de los acusados como estafadora por el alcalde de Luvianos, también priista, Alfredo Jaime Benítez

La diputada local priista Maribel Martínez Altamirano está en graves problemas legales y parece no entenderlo… o se pasa de cínica. Ha sido sentada en el banquillo de los acusados como estafadora por el alcalde de Luvianos, también priista, Alfredo Jaime Benítez, quien la señala de conspirar para cometer fraude a nombre de la hacienda pública estatal. Una vergüenza que embarra a dos representantes del PRI en un escándalo de moches. El nivel moral e intelectual de ambos es francamente cavernario, encarnan muy bien a lo peor de la clase política, advierten la clase de especímenes infiltrados en el servicio público y dejan muy mal parado a su partido de cara al proceso electoral.

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Hay antecedentes de cómo la diputada Martínez Altamirano –de representación proporcional, por cierto–, operaba desde la Legislatura su estafa, ofreciendo a alcaldes sus supuestas buenas relaciones con el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, para gestionarles recursos extraordinarios a cambio de un moche o mordida. Existen testigos de conversaciones por WhatsApp que solo lo comprueban.

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La conducta de la legisladora era bien sabida por sus compañeros diputados, fue tema recurrente de conversaciones, pero nadie se atrevió a denunciarla, lo dejaron increíblemente a nivel anécdota a pesar de la gravedad. Sería interesante saber si su coordinador parlamentario, Miguel Sámano, fue alertado o no con oportunidad.

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Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. El alcalde de Luvianos, querrá hacerse pasar por cándido, pero incurrió en responsabilidad legal al desviar recursos públicos del municipio a una cuenta privada para pagar el soborno o moche a la diputada Martínez Altamirano que le habría prometido a cambio un préstamo por 15 millones de pesos a fondo perdido. Ambos deberían ser sancionados ejemplarmente e investigar si verdaderamente hay alguien implicado de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

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Es el colmo de la inmoralidad de una clase política corrupta y rapaz. Ahora, hasta estafándose entre ellos mismos, ¡vaya espectáculo! Los más indignados deberían ser los propios priistas a quienes dejan en evidencia y en ridículo frente a una sociedad agraviada y enojada con ellos desde hace tiempo. La presidenta del PRI tiene ante sí la oportunidad de demostrar si los ánimos de cambio son auténticos o solo una pose.