La reputación de la exalcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, ha tocado fondo. No puede descender más, no hay espacio. El nuevo video que circula en redes sociales con audios de algunas de sus conversaciones privadas con su esposo –o exesposo- Luis González, es una canallada porque viola su intimidad. A Gabriela se le puede juzgar por su actividad pública, no por su vida privada. Quien lo haya hecho exhibe una miseria patética.
*
Como políticos, la señora Gamboa y Juan Rodolfo, entre otros personajes de la derecha que simularon brincar a la izquierda, están absolutamente desprestigiados. Sus gobiernos en Metepec y Toluca fueron terribles. Que ambos sean ahora dos de los apoyos del senador Higinio Martínez en su intento de hacerse de la candidatura de Morena a gobernador habla muy mal del senador. Dime con quién andas y te diré quién eres.
*
Hay un dato que ha pasado por desapercibido y merece un análisis. Teniendo el padrón de votantes más grande del país, el Estado de México no está ni en los 5 primeros lugares de los estados con más firmas recolectadas para validar el proceso de revocación de mandato. En otras palabras, el morenismo mexiquense no entregó los resultados que se esperaban. La senadora Martha Guerrero y la cúpula del GAP que controlan los órganos de dirección tendrían que dar las explicaciones.
*
Algo muy grave sucede en Villa Guerrero, tierra de prósperos floricultores. La descomposición política ha generado las condiciones para que el crimen organizado se consolide como poder fáctico y tome control del territorio. La disputa entre ciertas élites ha llegado al extremo de colocar en riesgo la gobernabilidad y la paz social. Es tiempo de visibilizarlo lo que allí sucede.
*
Aunque el presidente lo ha colocado como una muestra de las peores prácticas en ejercicio del poder público, el robo legalizado a través de los llamados PPS para la construcción de hospitales y centros culturales en el Estado de México, sigue intocado. En la agenda de los diputados locales no figura. Si realmente les preocupará el buen uso de los recursos públicos, mínimamente deberían someter a revisión esos abusivos contratos.