De acuerdo al artículo 40, Capítulo Tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, “el presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por mayoría de votos, en forma abierta o secreta, por los magistrados que integren el Poder Judicial, según lo determine el pleno del propio Tribunal, en la primer sesión que se celebre durante el mes de enero del año que corresponda, y durara? en su cargo cinco años, al concluir éste, deberá reintegrarse a la función jurisdiccional que le corresponda”. Faltando escasas semanas para que eso suceda, el proceso es hermético, sólo unos privilegiados pueden saber lo que pasa. Hasta ahora, ninguno de los magistrados ha manifestado públicamente su legítima aspiración al cargo, todos están agazapados, siguiendo el viejo ritual casi esotérico del advenimiento presidencial. Mansos como corderos, los hombres responsables de administrar justicia están a la espera de que le envíen las señales para saber por quién votar, no tiene arbitrio propio. Origen es destino, allí está en buena medida la explicación de por qué estamos como estamos.
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Salvo Baruch Carbajal, que es el que sale, técnicamente cualquiera de los otros 58 magistrados podría ascender a la presidencia, pero esa es una utopía. Sólo tiene posibilidades reales aquellos no con las mejores relaciones políticas. No necesariamente los más justos o lo mejores en el desempeño en su función son los que escalan. Habría que saber cuáles son los magistrados más cercanos a los afectos e intereses del presidente saliente, quién de ellos tiene más tiene las simpatías de gobernador y de su grupo, quién ha hecho los mejores servicios al sistema, quién tiene contacto con el presidente Peña o tiene algún vínculo con su grupo.
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Es justamente en ese contexto que desde hace meses los nombres de los magistrados Marco Antonio Nava y Navas y Sergio Medina se repiten una y otra vez como los dos aspirantes con mayor posibilidades, y no hay que restarles méritos académicos, pero su fuerza está más en sus relaciones políticas. Pero no hay nada seguro todavía, por allí podría surgir una tercera opción.
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La presidencia del Tribunal Superior de Justicia es una pieza para mantener el status quo del sistema político que ha gobernado al Estado de México durante los ultimo 74 años. Es con el gobernador y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, el tridente del poder. Por ley le corresponde ocupar también la presidencia del Consejo de la Judicatura, el órgano de control administrativo, el que maneja los dineros, los nombramientos. Políticamente en su figura se deposita la representación legal del Poder Judicial y, políticamente, es el que articula hacia fuera con las demás fuerzas.
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En las costumbres y tradiciones del poder, para ser presidente del Tribual Superior de Justicia uno es el requisito rey, disposición absoluta a la subordinación al poder Ejecutivo. Sino no de obediente, no pasa.
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