Parece que, como en Las Vegas, lo que pasa en el sur… se queda en el sur. Poco es lo que llega a saberse en la capital –o en alguna de las diez grandes ciudades del Estado de México– de lo que sucede en su rural, bucólica y olvidada región sur, particularmente en tierra caliente, donde la vida es como en Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad Juárez o cualquier otro de los territorios controlados por el crimen organizado. En Tlatlaya, Amatepec, Luvianos y Tejupilco se vive un verdadero infierno desde hace más de una década; hasta la propia autoridad ha sido sometida por el régimen de terror que han impuesto los narcos. Los muertos y los desaparecidos se cuentan por cientos, quizá miles. El sur está perdido.
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Todo el mundo sabe que el delincuente que controla la región a fuego y muerte es Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”. Todos le temen, hasta los policías y los soldados destacamentados por allá, presuntamente para combatirlo. Se mueve a sus anchas, con toda impunidad, por donde le da la gana; se hace acompañar de al menos 20 sicarios en camionetas blindadas. Controla la siembra de amapola y marihuana y la producción de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos; extorsiona a empresarios, cobra cuotas hasta a los ayuntamientos y vende protección a las mineras frente a los ojos de todos, desde hace años, y nadie hace nada por detenerlo.
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“El Pez” y su hermano “La Fresa”, José Antonio Hurtado Olascoaga, son los criminales que más daño hacen en el sur de la entidad y a los que –extrañamente– ni el comisionado de Seguridad, Eduardo Valiente, ni el fiscal, Alejandro Gómez, han querido tocar ni con el pétalo de una rosa. Allí algo huele muy mal. La muerte de Antonio “El Charco” López Vences (como anteriormente la de su hermano, José “El Chanis” López Vences) de poco o nada ha servido: acciones cosméticas, placebo, como querer curar con aspirinas a un enfermo de cáncer. “El Pez” es mucho, pero mucho más peligroso y nocivo que “El Ojos” de Tláhuac.
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Alfredo del Mazo ha dejado muy claro que no habrá gabinete de transición sujeto a caprichos electorales. Quien sea convocado a formar parte de la administración pública estatal tendrá que renunciar a cualquier otro interés político; en otras palabras, el que entre al gobierno en 2017 no podrá ser candidato en las elecciones del próximo año. Las probabilidades de que Alfredo sea instalado en la gubernatura son de 99 por ciento; por eso, está dedicado a elaborar el Plan de Desarrollo y a formar el próximo gabinete.
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Manuel Anthony Domínguez Vargas –“el diputado chamaco”, como se refieren a él con sorna algunos de sus compañeros de la legislatura– no niega la cruz de su parroquia; tan es así que dedica parte del tiempo que cubre la dieta –que le pagan los contribuyentes– no a las labores propias de un parlamentario y representante popular del sur, sino a repartir las invitaciones a la boda del secretario de Salud, César Gómez. Vaya, vaya, cada quién tiene sus prioridades.
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