Súbitamente, el PRD quiere cambiar de pasivo a activo: todo lo condescendiente, amigable y colaboracionista que fue el sexenio anterior parece haber terminado con el mandato de Eruviel. Ahora, con Del Mazo, cambia la cachucha por una oposición radical que acarrea gente para bloquear calles en Toluca, para gritar insultos al nuevo gobernador y exigirle le entregue las carretadas de dinero que recibía antes. Parece que juega a las vencidas para doblegar a la nueva administración.
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Los perredistas hicieron que la gente en Toluca pasara este miércoles un muy mal día; antes, sólo los antorchistas tenían esos lances. La ciudad se desquició porque el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa –exdirigente estatal y muy cercano al líder de ese partido en el estado, Héctor Bautista–, quiso cobrarle facturas políticas al gobernador, pasando por encima de los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Tomó el centro de la capital, armó su relajo y se fue tranquilo, sin que ninguna autoridad le dijera o hiciera nada.
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Parece que al secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna, los perredistas le están tomando la medida. La aplicación de la ley no es un acto discrecional; por eso resulta inexplicable que no haya acudido a la ley que regula el uso de la fuerza pública para replegar hacia la plancha del zócalo a los acarreados de Neza, quienes bloquearon por horas el centro de Toluca. Igual de incomprensible es que la Fiscalía General de Justicia no haya intervenido, a pesar de que el Código Penal vigente tipifica esas conductas como delito. Claramente, en el artículo 187 señala que “al que sin derecho estorbare de cualquier forma el aprovechamiento de bienes de uso común o vías públicas y no retirare el estorbo a pesar del requerimiento que le haga la autoridad competente, se le impondrán de seis meses a un año de prisión y de treinta a cien días multa, si llegare a privar del uso de los bienes, se le impondrán de uno a dos años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa”, y el 194 advierte que “al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público local de comunicación o transporte, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa”. Lo que hizo ayer el alcalde de Neza en Toluca fue cometer al menos un par de delitos que ameritan prisión, independientemente de la sustancia o el tema de su reclamo.
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Algo huele muy mal en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca; va de escándalo en escándalo generándole más problemas al alcalde, que ya de suyo tiene suficientes. La empresa Operadora Infinito, S. A. (uno de los muchos negocios del empresario Jesús Guerra Campuzano, activo, afortunado y favorecido proveedor del sector gobierno) demandó al Imcufidet por el pago de seis millones de pesos que reclama por la venta de artículos deportivos y presentación de espectáculos. Ya anteriormente el director de ese organismo, Jorge Luis Monroy Marín, había sido acusado de pedir moches de hasta 35 por ciento de lo que cobran a los luchadores que se presentan en el gimnasio Agustín Millán. Una de dos: o ese funcionario es una pobre víctima de malvados que lo atacan sin razón, o definitivamente es un pillo de uñas largas. A ver cómo reacciona don Fernando Zamora.
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