Los niveles de violencia en el Estado de México son de horror, pero a fuerza de costumbre la gente ha aprendido vivir con miedo. Aquí nadie está a salvo, la gente común es víctima de la delincuencia ordinaria y, las elites, de la delincuencia organizada. La sensación de inseguridad en las calles es terrible. En todas las familias está ese miedo a perder a alguien, que no regrese a casa. El asesinato del diputado federal con licencia, Francisco Rojas, y la tardía, casi indiferente reacción del poder frente a la pérdida de uno de los suyos, advierte que algo se ha podrido. Depredadores sociales se han apoderado de los espacios públicos y el gobierno nada más no puede con el paquete. La delincuencia y la impunidad tienen arrodillado al pueblo.
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En cualquier lugar del mundo civilizado un asesinato provocaría azoro, repugnancia, indignación, pero si se tratara del homicidio de alguna figura pública o representante popular, sería una crisis. Pero aquí no pasa nada, la normalización de la violencia ha roto el tejido social. Es lamentable que el fiscal de Justicia guarde ominoso silencio frente a la muerte del diputado Francisco Rojas, que Alejandro Gómez mantenga públicamente una insolente indiferencia, como si no pasara nada. Si no atrapa prontamente a los matones tendría que renunciar.
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No hay un sólo elemento sólido de prueba para sostener que el asesinato del diputado Rojas sea un crimen relacionado con su actividad política o trabajo legislativo. Las principales líneas de investigación se centran en su actividad empresarial y en su vida privada. Francisco Rojas, además de político, era un empresario del transporte que había acumulado una enorme fortuna, pero también una gran cantidad de enemigos, algunos asociados a la mafia.
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En Atlacomulco todo mundo conocía a Maximino Montiel Peña, asesinado el sábado anterior en un altercado con un reconocido criminal de la zona, cuando salían del palenque donde la habían pasado juntos. Lo mataron a tiros. Efectivamente, era pariente del presidente Peña y del ex gobernador Montiel, pero no había relación con ninguno de los dos. Eran, digamos, primos de cuarta generación que no se daban ni el saludo. Maximino, dice la gente del pueblo, era pendenciero y siempre andaba armado. En su muerte nada tuvo que ver su linaje, eso está claro.
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El fin de semana el presidente Peña lo pasó jugando al golf con sus amigos en el campo de Grand Reserva, en Ixtapan de la Sal. El dispositivo de seguridad montado en el pueblo y el fraccionamiento era impresionante, entre soldados uniformados, policía federal, estatal, municipal y su custodia del Estado de Mayor. Estuvo el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien por cierto se da la gran vida lejos de repudio popular y de los procesos legales, allá en su tierra, donde está acusado de corrupto.
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