Miguel Ángel Terrón Mendoza es, desde octubre del 2018 -al menos formalmente-, procurador de la Defensa del Trabajo, y entre sus funciones sustantivas está “proteger los derechos de las y los trabajadores ante los Tribunales Laborales”, pero quizá no lo tenga muy claro todavía, sólo así se explica su ausencia ante la crisis laboral derivada del cierre temporal de empresas por la pandemia de coronavirus. De él y de la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, ni sus luces, a pesar de que es justo en el Estado de México donde a más personal se ha echado impunemente a la calle. Allí el gobierno del estado ha fallado terriblemente.
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Si deficiente ha sido el desempeño de los funcionarios del área laboral del gobierno, el de los dirigentes sindicales es una vergüenza. Están callados, mansos, mientras los recortes de personal en las grandes y medianas empresas es cosas de todos los días. Que no se tratara de una ceremonia oficial, porque allí estarían, en primera fila. Mientras muchos trabajadores la están pansando muy mal, líderes como Hugo Díaz -de Chrysler- o Arnulfo García -CTM-General Motors-, retozan sin apuros.
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Gente del pueblo se pregunta −con curiosidad−, dónde se ha metido, en esta emergencia sanitaria, el tres veces alcalde de Calimaya, Oscar Hernández Meza, a quien no se le ha visto en actividades pública desde hace días. El vacío de poder en la municipalidad, que gobierna en alianza PAN-PRD-MC, es ostensible, se quejan los habitantes, quizá con cierta carga de interés político.
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En Valle de Bravo, los prestadores de servicios turísticos -motor de la economía local- han preferido poner en riesgo su salud y la salud pública en general, al no parar actividades como lo obliga la contingencia sanitaria. Todos los días siguen llevando a centenares de visitantes que pudiesen contagiar o contagiarse con el coronavirus.
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El pago de colegiaturas en escuelas privadas, a pesar de la suspensión obligatoria de clases, es todo un tema que no tardará en convertirse en problema, y después en conflicto, si la autoridad no interviene. Asunto nada fácil de resolver, porque las dos partes implicadas tienen parte de razón, usuarios y prestadores del servicio. Interesante saber cómo piensan resolver este galimatías en la Secretaría de Educación y en la Procuraduría Federal del Consumidor.