El síndrome del ladrillito

Columna de análisis político del Estado de México: liderazgo de Delfina Gómez, funcionarios que se marean con el poder, disputa con el fiscal, transportistas que incumplen promesas y el debate sobre los nepobabys en la política.
marzo 17, 2026

Hay que cuidar a la gobernadora

En todo gobierno hay una regla elemental que algunos olvidan demasiado rápido: el Poder Ejecutivo tiene una sola depositaria. En el Estado de México esa figura es Delfina Gómez Álvarez. Nadie por encima, nadie intentando construir una sombra paralela. Quien forme parte de su equipo debería entender algo básico: la lealtad institucional implica guarecerse bajo el liderazgo de la gobernadora, no competir con él ni intentar eclipsarlo. Delfina Gómez ha construido su liderazgo sobre una cualidad poco común en la política mexicana: la decencia personal. Una mujer de trato sencillo, formada en las aulas y en la lucha social, que gobierna con cercanía y sentido humano. Precisamente por eso algunos han creído ver debilidad donde hay otra cosa: carácter. Se equivocan quienes subestiman a la maestra. Confundir bonhomía con falta de temple es un error clásico en política. Porque los liderazgos tranquilos también saben ajustar cuentas cuando llega el momento.

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El síndrome del ladrillito

El poder público tiene efectos curiosos sobre el carácter. A algunos los ordena; a otros los extravía. Basta que alguien reciba un pequeño pedazo de autoridad para que empiece a caminar como si llevara el gobierno entero en la bolsa. Es el viejo síndrome del ladrillito: ese momento en que un funcionario se marea con el primer fragmento de poder que le toca sostener y olvida que el edificio no es suyo. La política mexicana conoce bien ese fenómeno. Como solía decir Andrés Manuel López Obrador: “el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”. La frase explica muchas conductas recientes. Sobre todo a esos personajes que, al sentirse importantes por un instante, comienzan a hablar más fuerte de lo que su responsabilidad permite. Conviene recordarles algo elemental: en el servicio público nadie es dueño del poder; apenas lo administra por encargo y por tiempo limitado.

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Chiva en cristalería

En política hay personajes que confunden combatividad con incontinencia. El diputado local Octavio Martínez Vargas parece decidido a protagonizar ese papel. No pierde oportunidad para lanzar golpes contra el fiscal general del estado, José Luis Cervantes Martínez, en una embestida constante que a ratos parece más personal que institucional. Criticar al fiscal es parte del juego democrático; hacerlo con resentimiento permanente termina pareciendo otra cosa: una obsesión. El problema de actuar como chiva en cristalería es que, tarde o temprano, los vidrios rotos también alcanzan a quien embiste. La política suele tener tiempos más largos que los impulsos. Y no sería la primera vez que quien hoy arremete con estridencia termina viendo cómo el adversario permanece mientras su propia fuerza se disipa.

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El tarifazo que no cambió nada

El 15 de octubre los concesionarios del transporte consiguieron lo que llevaban meses presionando: subir la tarifa mínima de 12 a 14 pesos con la promesa de modernizar el servicio. Se habló de renovar unidades, ordenar rutas y ofrecer un sistema digno para millones de usuarios. Meses después la escena es la misma: combis viejas, choferes corriendo por la cuenta y rutas que operan bajo la misma lógica caótica de hace décadas. El sistema concesionado del Estado de México sigue siendo uno de los más precarios del país. Los usuarios pagan más, pero el servicio sigue viajando en el mismo modelo de siempre. Cuando eso ocurre la conclusión es simple: los transportistas volvieron a burlarse de la gente… con la complacencia de las autoridades.

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Nepobabys a debate

El nepotismo suele presentarse como un vicio moral del poder. En realidad es algo más complejo: una forma histórica de reproducción de las élites políticas. En México, los apellidos funcionan como capital político acumulado, redes de confianza y memoria territorial. Desde esa lógica, Juan Hugo de la Rosa ha planteado que el problema no es que familiares participen en política, sino que carezcan de mérito propio. La afirmación abre una discusión más amplia sobre cómo opera realmente el poder en el país. Porque en política, como en tantas otras actividades humanas, el acceso rara vez comienza desde cero: suele atravesar redes familiares, territoriales o partidistas que facilitan el camino. El verdadero debate no es si esas trayectorias existen —porque existen desde siempre— sino si el desempeño logra justificar la herencia.

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