En las últimas semanas hay un par de temas que han sido materia de debate en términos informativos: la decisión de quitar el subsidio a las estancias infantiles y la de dejar de transferir dinero del presupuesto federal a las organizaciones civiles. La discusión se ha dado porque hay una muy fuerte corriente de opinión que sostiene que estos dos ámbitos deben conservarse como venían operando, porque resuelven problemas cotidianos. Y, en frente, hay una percepción de parte del gobierno federal de que era mucho el dinero público que se transfería a manos privadas y ello se prestaba, además, a la corrupción.
Yo soy de la idea de que lo que está a debate son dos maneras distintas de concebir la política, el Estado, los derechos y la ley. De un lado está la postura de recuperación de la ética social para el Estado y del otro está el paradigma de la libre competencia. Pero ese debate se da en un entorno donde el sentido común está cargado del lado de la economía de libre mercado, de lo que se ha dado en llamar neoliberalismo, ese modelo que asigna al mercado el carácter de distribuidor eficiente de la riqueza.
Cuando digo que el sentido común está respaldado a una de las posturas me refiero a esa “naturalización” de ciertos planteamientos que ha venido ocurriendo en el mundo durante, por lo menos, las últimas tres décadas. Durante ese tiempo los organismos financieros internacionales han adoptado y promovido la idea de que sólo mediante una serie de reformas estructurales que favorezcan una economía de libre mercado se puede alcanzar el desarrollo y sortear las vicisitudes de las recurrentes crisis financieras. Esas reformas lo que hacen es replantear los roles del Estado, el mercado y la sociedad.
El discurso neoliberal plantea, en esencia, que en una economía de libre mercado es éste el distribuidor más eficiente de la riqueza, debido a que al regirse por su propia dinámica se encontraría libre de manipulaciones de grupos de interés y podría “dar a cada quien lo que merece”, de acuerdo con su esfuerzo y sus capacidades; de tal forma, el desarrollo depende del grado en que los individuos logran insertarse en la dinámica de mercado. Por su parte, al Estado se le deja la responsabilidad de generar las condiciones óptimas para el funcionamiento del mercado, sin intervenir en la dinámica del mismo.
En esta lógica, los últimos cinco relevos presidenciales eran vistos en estos términos: quien llegue a la Presidencia sólo debe “administrar el changarro” tal cual se lo dejaron, que no tome decisiones más allá de los límites ya puestos desde el modelo. Ese modelo, hay que recordarlo, se diseñó y consolido desde los años 80 y 90. Y ya en este siglo, los presidentes han tenido una labor gerencial y el modelo neoliberal se nos ha mostrado como lo que realmente es: un proyecto cultural una forma de pensar la vida en sociedad y vivirla.
En todo este tiempo se ha trabajado arduamente en la construcción de un sentido común compatible con los fundamentos del modelo de sociedad neoliberal. Y en ellos, el gasto social es percibido como negativo para el desarrollo del libre mercado, por ello se tiene a disminuir, poniendo en manos de la esfera social las responsabilidades que desde el modelo de bienestar le correspondían al Estado. En este último esquema es que se mueven, por ejemplo, las organizaciones civiles, que se presentan como alternativa a las tareas que el Estado ha dejado de hacer. Ahora que se les pretende quitar presupuesto, la respuesta evidente es el rechazo a ello.
Pero creo que vale la pena echarle un ojo a los números, a las cantidades de dinero que se iban de las arcas de la nación a bolsillos privados y donde luego no se podía dar buen seguimiento a su uso. También hay que echarle un ojo a la dinámica histórica, social y cultural en las que esta tendencia floreció y luego darnos cuentas que siempre habrá alternativas, que los modelos únicos no son los más recomendable. Flexibilidad es una de las palabras de nuestro tiempo. Creo que se puede recuperar el sentido ético del Estado y vigilar de mejor manera los recursos públicos.
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