Almoloya de Juárez, México. La primera audiencia para incorporar los datos de prueba por parte de la defensa en el caso de los presos de Salazar fue llevada a cabo en la sala 4 de los Juzgados de control y juicios orales de Toluca; afuera, como siempre, familiares y habitantes de la comunidad, esta vez acompañados por Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, gritaron consignas por la liberación de Miguel Ángel Vilchis García, Cutberto Vilchis García -en prisión domiciliaria- Beatriz Pérez Flores, Yuriko Maribel y Daneyra Kikey Becerril Villavicencio.
Cuatro testigos desfilaron para dar sus testimonios sobre los hechos del 30 de septiembre de 2016, cuando trabajadores ingresaron a un predio de Salazar con la intención de cercarlo, situación que derivó en un conflicto con el abogado contratante de los trabajadores, Mario Alberto “N”, quien, un año después, junto con otras dos personas, por el caso, acusó a ocho comuneros de lesiones, privación de la libertad y robo con violencia.
En esta audiencia, los testigos –entre los que estaba Julio César López, servidor público de Lerma quien se desempeña como Director General de Gobierno del Ayuntamiento de este municipio– brindaron sus percepciones en torno a los sucedido el día de los hechos; se presentó también un trabajador, el hijo Miguel Ángel Vilchis, uno de los presos (quien también estuvo encarcelado acusado de lesiones y liberado, un año dos meses después, luego de pagar 120 mil pesos), así como Germán Rojas, integrante de la Comisión Agraria de Salazar y tío de Fermín Esquivel, otro encarcelado.
Todos los presentados por la defensa, según se señaló en la audiencia, fueron testigos presenciales en distintos momentos del conflicto que –argumentan los pobladores– es en realidad un intento por despojarlos de sus tierras; al momento de la intervención en sus predios existía un amparo en torno a la propiedad de la tierra que los trabajadores intentaban cercar.
Los testigos también fueron cuestionados por el Ministerio Público respecto a los detalles del cercado del predio y del momento en que una de las personas que entraron a la comunidad habría recibido un arma y disparado en contra de los habitantes de Salazar.
Gabriel Aldana, uno de los abogados defensores de los presos, consideró que en la parte esencial de la audiencia se reconoce que se trata de un conflicto agrario y que no se suscitó ningún tipo de robo, lo que permitiría una liberación eventual de los presos.
A la salida de la audiencia, Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización que hace doce años trabajó por impedir la construcción del Aeropuerto en Texcoco, realizó una visita solidaria a fuera de los juzgados, tras dirigir una palabras a los familiares, explicó a AD existe un compromiso de solidarizarse y coordinar las luchas con pueblos que han vivido circunstancias parecidas en torno a la estrategia de despojo que se aplica en comunidades pequeñas.
Mencionó que el único camino que tienen los que defienden la tierra es el de la unidad en razón del derecho legítimo que tienen los pueblos de su patrimonio, mencionó también a los presos de Tlanixco, cuyo conflicto ha sido generado por el agua.
Esta es la primera audiencia de la defensa de las dos que prevén que para desahogar las pruebas; si no existieran otras, denominadas intervinientes, el juicio se estaría acercando a su final.
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