De una manera indiscutible, las Comisiones de Derechos Humanos en México han adquirido una fama negativa. Con el paso de los años desde su creación, por allá de los años 90’s, tanto la Comisión nacional como las estatales han venido acumulando “negativos” en la opinión pública, sobre todo por dos vías: la primera, por los constantes señalamientos que recibe de “dedicarse a defender delincuentes”; y, la segunda, por las acusaciones de ser omisa ante casos evidentes de violaciones a derechos humanos y rendir “cuentas alegres” sobre cómo marchan las cosas en esa materia en nuestro país.
La primera de las vías tiene que ver con graves falencias en el funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar justicia con las que contamos: su operación es tan deficiente que resulta de lo más “normal” que policías, agentes del ministerio público, peritos y demás servidores públicos actúen al margen de la ley, que se excedan en sus funciones, que sean negligentes, corruptos y abusivos. Por estas graves e históricas deficiencias, son incontables los casos de tortura, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza, dilación, omisiones diversas y un sinfín de abusos. Dado este escenario, las Comisiones de derechos humanos, en sus distintas competencias, suelen tener un amplio campo para hacer señalamientos, denuncias, recomendaciones y demás cosas para lo cual la ley les faculta.
Pero precisamente de ahí se les ha formado la fama de “defender delincuentes”, buena parte de la cual ha sido impulsada por quienes se mueven en ese ámbito de la procuración de justicia, incluyendo periodistas, quienes presentan la información relacionada con violaciones a derechos humanos como obstáculos que las comisiones pondrían artificiosamente para impedir la actuación de dichas autoridades. Nada más erróneo. Las Comisiones serían vigilantes de que realicen bien su trabajo, en aras de que se haga justicia en cada caso en sus manos, pero a nadie le gusta que le señalen por no laborar bien.
La otra vía se ha alimentado por el manejo político en el entorno de las comisiones, tanto la nacional como las estatales. Al ser los Congresos, en sus respectivas competencias federal y estales, los encargados de nombrar a sus titulares, los partidos políticos con mayoría en el congreso (y que suelen ser del mismo partido que el gobernador o presidente en turno) suelen recibir “línea” para nombrar a quienes se desempeñan al frente de estos organismos. Ello coloca en una posición condicionada a tales personajes, que suelen tratar de no resultar “incómodos” a los políticos pertenecientes al partido que les ha nombrado (y con quienes muchos tienen abierta simpatía y hasta antecedentes de militancia).
Así, este uso político de las comisiones de derechos humanos ha contribuido a su descrédito, sobre todo por parte de activistas, organizaciones no gubernamentales, periodistas y políticos de oposición. Pero, bueno, también los números ofrecidos como resultado del actuar de las mismas no ayudan mucho. En el caso del Estado de México, por ejemplo, su actual titular ha estado al frente de dicho organismo un poco más de dos años, ha rendido dos informes y en ellos las cifras son las siguientes: en el ejercicio 2015, la CODHEM abrió 9,239 expedientes, pero sólo acreditó 29 violaciones a derechos humanos que ameritaran una Recomendación; y cerró 4, 137 expediente por considerar que no se trataba de violaciones a derechos humanos.
En el año 2016 abrió 8,198 expedientes, pero sólo acreditó violaciones significativas a derechos humanos que ameritaran una Recomendación en 28 casos; e igual que en el año anterior casi la mitad de esos expedientes (3,576) se cerraron por la causal de “no tratarse de violaciones a derechos humanos”. En ninguno de los dos años en que ha estado al frente de la CODHEM su actual titular el número de Recomendaciones se ha aproximado siquiera al 0.5% de expedientes abiertos.
Si estos números fueran revisados, a la distancia, por alguien en algún remoto país de Europa del norte o de Asia Central dirían: “¡pero qué bien marchan las cosas por allá!, los derechos humanos son privilegiados por las autoridades y las pocas quejas que suelen presentarse, ni siquiera tienen que ver realmente con violaciones”.
Pero la realidad es que quienes vivimos por estos lares sabemos que las cosas no son así, que los homicidios, desapariciones, secuestros, inseguridad, explotación, abusos de autoridad, negligencia y corrupción de las autoridades son el pan de cada día y, de una u otra manera, esos actos violentan los derechos de alguien, sobre todo porque las instituciones encargadas de proveer seguridad pública, justicia, bienestar no hacen su trabajo. Y la CODHEM, que tiene facultades para iniciar quejas “de oficio” y emitir no sólo Recomendaciones sino Informes Especiales, Pronunciamientos y Criterios generales conducentes a la protección de los derechos humanos, en realidad no lo hace con la frecuencia que las condiciones de vida de la población lo requeriría.
Hoy se rumora que el señor Baruch Delgado Carbajal dejará en los próximos días la presidencia de la CODHEM, pues desde la mismísima Presidencia de la República lo propondrán para ocupar otro cargo. Que flaco favor se le hace a la CODHEM al tratarla como “banca” para quien espera otro “hueso”. Que poca valoración se hace del respeto a los derechos humanos al no mostrarse compromiso serio con su salvaguarda, que es pilar para una vida de paz y no violencia, ahora que estamos tan necesitados de ello.
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