Contar con un plan integral de movilidad, fomentar la movilidad activa, construir centros de transferencia modal, así como la cooperación intermetropolitana son claves para mejorar la movilidad en el Estado de México. Sin embargo, los pactos políticos entre gobierno y empresarios transportistas mexiquenses constituyen el principal obstáculo para que estas acciones se lleven a cabo.
Aunque en el valle de Toluca solo el 17 por ciento de los viajes se realizan en automóvil, más del 80 por ciento del presupuesto se destina a la construcción de infraestructura que favorece este medio de transporte y solo el 14.1 por ciento va al transporte público.
El déficit presupuestal contribuye a que el servicio de transporte público en dicha zona, y en general en todo el Estado de México, sea uno de los más caros, inseguros y de peor calidad a nivel nacional.
Dicha precariedad incentiva el uso del auto, lo que trae como consecuencia mayor contaminación y problemas de salud pública, derivados de la mala calidad del aire provocada por el exceso sustancias contaminantes producidas por los vehículos automotores, explicó durante una entrevista Carlos Samayoa, responsable de temas de movilidad de Greenpeace.
A pesar de las propuestas que algunas organizaciones civiles han presentado al gobierno mexiquense y a la Secretaría de Movilidad, las autoridades parecen desoír estas alternativas, así como desoyen también la Ley de Movilidad, mencionó Samaoya: “no se atreven a generar un compromiso que permita dilucidar un avance durante los años que le quedan al gobierno en turno”.
De las alternativas que las organizaciones civiles han presentado a la Semov y al gobierno mexiquense destacan:
- Peatonalizar calles en centros, barrios y colonias, en congruencia con lo que establece la Ley de Movilidad mexiquense.
- Hacer una re-ingeniería de movilidad que eficiente el transporte público a través de corredores estructurados exclusivos para este.
- Implementar centros de transferencia intermodal, a través de los cuales sea posible alternar de modos de transporte.
- Invertir en transporte masivo integrado que esté conectado al sistema de transporte de Ciudad de México, para facilitar la movilidad intermetropolitana.
Sin embargo, el compromiso, continuó Samayoa, es más bien entre el gobierno mexiquense y el sector transportista, ya que este representa una base de apoyo político para la administración actual que, hasta ahora, no ha emprendido acciones para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas.