Durante 28 meses, el Gobierno de Delfina Gómez ha recorrido una curva clásica, aunque pocas veces reconocida con claridad: el tránsito del gabinete como símbolo político al gabinete como instrumento efectivo de poder. Los ajustes recientes no responden a una crisis visible ni a una coyuntura mediática. Responden a una mutación más profunda: el cambio del régimen epistémico, teleológico y métrico desde el cual se gobierna hoy el Estado de México.
La pregunta relevante no es quién entra o quién sale, sino desde qué racionalidad se ordena el poder en esta fase del gobierno.
Entre junio de 2024 y enero de 2026, seis de las 18 secretarías del gabinete original cambiaron de titular: Seguridad, Finanzas, Agua, Oficialía Mayor, Secretaría de las Mujeres y Movilidad. En términos estrictos, un 33.3 % del gabinete.
No se trata de una purga, pero tampoco de continuidad intacta. Es una corrección estructural. La selección de áreas no es casual: fuerza pública, recursos financieros, bienes vitales, logística administrativa, legitimidad simbólica y circulación territorial. Es decir, los espacios donde el Estado ejecuta poder real, no donde solo lo enuncia.
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El gabinete inicial se apoyó en una epistemología de la convicción: afinidad política, trayectoria moral, capital simbólico y pertenencia al proyecto de transformación. Ese saber fue funcional en la fase inaugural del régimen. Hoy, es insuficiente.
Los relevos muestran el desplazamiento hacia una epistemología de la evidencia interna: reportes de desempeño, control de procesos, lectura de riesgos, fricciones interinstitucionales y percepción territorial. El criterio dejó de ser “¿quién representa mejor el proyecto?” y pasó a ser “¿quién reduce incertidumbre operativa?”
El Edomex, por su escala y complejidad, castiga la inexperiencia administrativa más rápido que cualquier oposición organizada. El gobierno lo entendió y corrigió sin proclamarlo.
El fin del ajuste no es estético ni moral. Es funcional.
Primero, concentrar el mando real, reduciendo ambigüedades jerárquicas y lealtades cruzadas.
Segundo, despersonalizar la gestión, sustituyendo perfiles con proyecto propio por operadores funcionales.
Tercero, blindar el horizonte de 2027, ajustando las áreas que concentran mayor riesgo de conflicto social, desgaste narrativo o escándalo administrativo.
Se ajustan los medios para asegurar el fin: gobernar sin que el aparato se vuelva contra el propio gobierno.
También cambió la forma de medir el desempeño. Antes, pesaban la visibilidad política y la coherencia discursiva. Hoy, pesan el control del proceso, la reducción del conflicto, la coordinación intersecretarial y la capacidad de ejecutar sin ruido.
El dato es revelador: un tercio del gabinete fue sustituido sin crisis pública ni ruptura interna visible. Eso no habla de debilidad, sino de control político.
El ajuste convive con corrientes internas, con densidad territorial, actores históricos con proyecto propio, alcaldes y legisladores en lógica preelectoral y un entorno federal que exige alineación y resultados.
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El mensaje es inequívoco: el Gobierno no puede tener más de un centro de gravedad. Las reuniones recientes con alcaldes, legisladores y periodistas locales completan el movimiento: recentralización del mando, alineación territorial y ordenamiento del campo narrativo.
El gabinete de Delfina Gómez ya no está diseñado para explicar el cambio, sino para hacerlo administrable. Ese tránsito es incómodo para los movimientos, pero indispensable para los gobiernos que aspiran a durar.
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