El narcomenudeo, los intereses inmobiliarios y la disputa por los recursos públicos ocuparon el centro de la conferencia de prensa del alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, quien este lunes 26 de octubre presentó resultados de seguridad, anunció decisiones sobre el uso del suelo y adelantó las prioridades presupuestarias de su administración para 2027.
Las declaraciones delinean tres desafíos para el gobierno municipal: contener la violencia vinculada con la venta de drogas, recuperar capacidad de decisión sobre el territorio y atender rezagos de vivienda e infraestructura hidráulica. También muestran la confrontación política que acompaña esas decisiones, particularmente con actores a los que el alcalde atribuye intereses ajenos al bienestar de la población.
Narcomenudeo, detrás de la violencia
La afirmación de mayor alcance fue que 98% de los homicidios dolosos y de las muertes violentas en el municipio estaría relacionado con el narcomenudeo, según el diagnóstico expuesto por Serrano.
El alcalde sostuvo que esta caracterización permite orientar las tareas de inteligencia y prevención hacia los puntos de distribución de drogas, en lugar de tratar todos los hechos violentos como fenómenos aislados.
Informó que la Policía Municipal ha entregado a la Fiscalía 22 ubicaciones relacionadas con posibles actividades de narcomenudeo, de las cuales 18 habrían derivado en detenciones o aseguramientos de inmuebles.
El porcentaje de 98% fue presentado por el presidente municipal, pero durante la conferencia no se exhibió la base de datos ni la metodología utilizada para establecer esa relación. Su comprobación requiere contrastar carpetas de investigación y registros oficiales.
Serrano también pidió mayor participación de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía de Investigación en la identificación de puntos de venta de drogas.
Menos percepción de inseguridad, pero siete de cada diez aún tienen miedo
El alcalde destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, según los cuales la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli pasó de 81.8% en marzo a 74.9% en junio y 71.6% en septiembre de 2026.
La reducción acumulada es de 10.2 puntos porcentuales en seis meses.
La mejoría constituye un dato relevante para evaluar la política municipal de seguridad, aunque también revela la magnitud del problema pendiente: aproximadamente siete de cada diez adultos siguen considerando insegura la ciudad.
Serrano atribuyó parte del cambio a una mayor presencia policial y a la recuperación de facultades municipales que, según su interpretación, habían quedado subordinadas a organizaciones y grupos de poder durante administraciones anteriores.
La Guardia Nacional, añadió, incorporó 50 elementos a las acciones de vigilancia en el municipio.
Atlámica: el conflicto por un predio que era vialidad
En materia de desarrollo urbano, Serrano anunció que su administración buscará declarar no urbanizable un predio en disputa en Atlámica, cuya superficie, de acuerdo con su exposición, originalmente formaba parte de una vialidad y estaba destinada a equipamiento urbano.
El alcalde explicó que particulares habrían obtenido derechos sobre el terreno mediante procedimientos de usucapión e inmatriculación iniciados alrededor del año 2000.
Debajo de esa superficie, afirmó, existe infraestructura del organismo municipal de agua, además de un paso utilizado por maquinaria para limpiar un canal.
El gobierno municipal pretende impedir cualquier construcción que comprometa esas instalaciones o el acceso para su mantenimiento.
Serrano insinuó la participación de una persona que anteriormente trabajó en el área de Desarrollo Urbano, pero no reveló su identidad ni presentó documentación sobre una posible irregularidad.
El caso abre una discusión de mayor alcance sobre la transformación de espacios originalmente públicos en propiedades particulares, la protección de infraestructura estratégica y la responsabilidad de las autoridades que intervinieron en los procedimientos correspondientes.
La adquisición del predio y sus condiciones jurídicas deberán examinarse en los expedientes registrales y judiciales antes de establecer responsabilidades.
Tres mil aspirantes para 400 viviendas
La demanda de vivienda social también expone una brecha considerable entre necesidades y disponibilidad.
El alcalde informó que 3 mil personas se registraron para acceder a 400 viviendas del programa federal Vivienda para el Bienestar en Cuautitlán Izcalli. De las solicitantes, 2 mil 400 residen en el municipio.
La relación equivale a 7.5 registros por vivienda disponible, aunque el resultado final dependerá de los criterios de elegibilidad y del sorteo que organizará la Comisión Nacional de Vivienda.
Según la explicación ofrecida, las unidades tienen un valor comercial estimado de 1 millón 210 mil pesos, mientras que el esquema del programa permitiría adquirirlas mediante créditos cercanos a 670 mil pesos.
La diferencia responde, de acuerdo con el alcalde, a la aportación de suelo, facilidades administrativas, infraestructura y mecanismos de reducción de costos.
El municipio deberá completar trámites relacionados con el uso de suelo, mientras que los tiempos de construcción y entrega dependerán de las instancias federales y las empresas responsables.
Todavía no se anunció una fecha para el sorteo.
Proyecta 4 mil millones de presupuesto para 2027
En la antesala del año electoral, Serrano adelantó que el presupuesto municipal de 2027 podría acercarse o superar los 4 mil millones de pesos, con una inversión en obra pública superior a 400 millones.
Entre las prioridades identificó un proyecto integral para llevar agua potable a las zonas altas de Lomas de Cuautitlán y Lomas del Rosario, donde persiste la dependencia del suministro mediante pipas.
El alcalde explicó que el organismo de agua no dispone de recursos suficientes para ejecutar por sí solo una intervención de esa magnitud, por lo que el Ayuntamiento estudia asumirla presupuestariamente.
La propuesta también contempla rehabilitar el tanque Los Pinos para aprovechar el volumen adicional de agua previsto con las obras hidráulicas.
Las cifras corresponden a proyecciones del Ejecutivo municipal, no a un presupuesto aprobado.
Corte de agua del 3 al 5 de noviembre
El gobierno municipal confirmó una intervención hidráulica programada del 3 al 5 de noviembre, durante la cual se prevén afectaciones temporales al suministro.
El operativo de distribución mediante pipas se concentrará en seis comunidades: Infonavit Norte, Santa Rosa de Lima, Sección Parques, Unidad Consorcio, Rinconada San Miguel y Fraccionamiento San Antonio.
La intervención contempla la reubicación de la línea 36 y la coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua.
Según Serrano, una vez concluidos los trabajos se espera contar con 450 litros por segundo adicionales de agua potable.
El gobierno asegura haber preparado reservas y distribución emergente para reducir las afectaciones, aunque la población deberá atender los avisos sobre horarios y disponibilidad en cada colonia.
Infonavit Norte: seguridad y disputa vecinal
Otro frente de conflicto apareció en Infonavit Norte, donde el gobierno desarrolla un proyecto de iluminación, cámaras, botones de auxilio y rehabilitación de espacios públicos.
El alcalde afirmó que algunas resistencias al proyecto responden a intereses políticos y a la presencia de células delictivas que buscan evitar mayores controles de seguridad. No identificó públicamente a los señalados ni presentó pruebas que permitieran corroborar esa acusación.
La controversia derivó en una consulta vecinal sobre el tipo de pasto para una cancha de futbol. Participaron 321 personas, de las cuales 194 votaron por pasto natural y 126 por sintético, según el reporte municipal.
El Ayuntamiento anunció que respetará la preferencia por pasto natural y continuará con la rehabilitación.
El episodio ilustra las tensiones entre intervención gubernamental y participación comunitaria, pero la discrepancia sobre una obra no demuestra, por sí misma, vínculos de los inconformes con actividades delictivas.
Madres buscadoras, universidad y libertad de expresión
Serrano también pidió a las autoridades universitarias reconsiderar la negativa que, según informó, recibió un colectivo de madres buscadoras para realizar una actividad en instalaciones de la FES Cuautitlán.
El alcalde defendió la apertura de los espacios universitarios a expresiones sociales y políticas, independientemente de sus posiciones.
La versión sobre la negativa deberá contrastarse con las autoridades universitarias y las integrantes del colectivo para establecer las razones y condiciones de la solicitud.
Taddei, ética pública y el escenario electoral
La conferencia adquirió una dimensión nacional cuando Serrano fue consultado sobre la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.
El alcalde sostuvo que cualquier servidor público señalado por posibles actos de influyentismo, nepotismo o tráfico de influencias debe ofrecer explicaciones y, cuando corresponda, separarse del cargo.
Su planteamiento colocó la responsabilidad política y la preservación de la credibilidad institucional por encima de la permanencia personal en una posición de poder.
También vinculó el debate público con las estrategias de comunicación rumbo a las elecciones de 2027. A propósito del proceso electoral brasileño, consideró que las fuerzas políticas deberán revisar cómo construyen sus mensajes y cómo disputan la conversación en redes sociales.
El calendario electoral convierte la seguridad, la vivienda, los servicios y la administración del territorio en asuntos de doble relevancia: son obligaciones permanentes de gobierno, pero también serán elementos con los que la ciudadanía evaluará a las autoridades y sus partidos.
El desafío de gobernar y demostrar resultados
La conferencia de Serrano ofreció una lectura de su administración: el gobierno municipal busca recuperar capacidad de intervención frente a la delincuencia, los intereses particulares y los rezagos urbanos.
Sin embargo, sus principales anuncios plantean obligaciones verificables.
La relación entre homicidios y narcomenudeo necesita respaldo estadístico; el conflicto de Atlámica, documentación registral y judicial; las viviendas sociales, reglas transparentes de asignación; y las promesas de infraestructura, presupuestos y plazos comprobables.
El desafío no consiste únicamente en recuperar autoridad o disputar el relato político. Consiste en demostrar que esa autoridad se traduce en seguridad, servicios, acceso equitativo a la vivienda y decisiones públicas sujetas a escrutinio.
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