La secretaria del Trabajo Martha Hilda González Calderón aseguró que no se implementó la Ley del Seguro de Desempleo durante la pandemia porque no se dieron los supuestos que marca la ley para echarla a andar; por lo cual aplicaron un programa paralelo, a fin de atender a trabajadores formales e informales.
Ante los duros reclamos de legisladores por el programa de desempleo emergente, que el gobierno puso en marcha con muchas dudas y cuestionamientos, y por la falta de aplicación de la norma, la secretaria comparó esa ley, del 2011, con el cuento infantil de la Cenicienta, en el que el problema se convirtió en la hermanastra y simplemente ya no le quedó la zapatilla, es decir, esa norma.
Durante su comparecencia ante legisladores locales por la glosa del tercer informe, asumió toda la responsabilidad del programa y expuso tres cuestiones por las cuales no se aplicó la ley: legales, ya que no hubo una pérdida consistente de empleos; de Estado, porque no se declaró una contingencia económica, sino una emergencia sanitaria; y humanitarias, pues la ley solo permite ayudar a trabajadores formales.
El cuestionamiento más severo fue del diputado Tanech Sánchez Ángeles, de Morena, quien le reclamó que la emergencia evidenció todas las deficiencias estructurales que venían arrastrando las instituciones por la falta de programas a largo plazo y no se puede culpar de todo a la pandemia que solo aceleró la crisis económica.
“Antes de la contingencia ya había focos rojos en la informalidad: 59 mil empleos formales menos y 200 mil en total. El Estado de México estaba en el lugar 22 en ingreso promedio con 6 mil pesos de ingresos para los hombres y 4 mil 500 para las mujeres, cuando en otras entidades el salario mínimo es de 9 mil mensuales”.
Subrayó que el programa de desempleo presentó anomalías y operó en poco tiempo, por lo cual no pudieron acceder las personas de zonas rurales y sin internet. Además, hubo denuncias en redes sociales de que la gente no podía registrarse y presumió que los recursos podrían haber sido usados para mantener a la estructura de apoyo a un partido, en referencia al PRI.
La secretaria del Trabajo afirmó que el desempleo no fue sostenido durante seis meses, como lo marca la ley, pues en junio inició la recuperación de empleos; además de que la ley solo apoya a trabajadores formales, mayores de 60 años que hubieran gastado su liquidación o no les hubieran dado. El espíritu de la ley, dijo, es para una crisis económica, no para una sanitaria.
Aseveró que el 30 por ciento de los 50 mil beneficiarios trabajaban en la formalidad y 70 por ciento en la informalidad, aunque 120 mil personas se registraron, pero no respondió a los cuestionamientos en torno a si existen posibilidades de una segunda entrega de este programa.
María de Lourdes Garay, del PES pidió no dar cifras maquilladas, mientras Araceli Casasola del PRD, también cuestionó el desempleo. Armando Bautista, del PT el «outsourcing» y acusó al Tribunal de actuar de manera facciosa al aplicar la figura del embargo cuando le conviene.
Subrayó que no fue correcto suplir la Ley del Seguro de Desempleo con un programa, sobre todo cuando el Congreso les ofreció apoyo para hacer los ajustes necesarios y advirtió que aplican la ley cuando les conviene, como en el caso del outsourcing –pues González Calderón justificó que esa figura está contemplada en la ley–, pero no lo hacen con otras normas, como la del seguro de desempleo.
El programa de apoyo al desempleo fue criticado por Morena, PRD, PT, PES y PVEM, y este jueves recibieron el informe que pidieron desde hace varias semanas y anunciaron que lo revisarán minuciosamente.