Investigadores y expertos en Derechos Humanos consideran en señalar que en la muerte de 22 civiles en una bodega del municipio de Tlatlaya existe una clara red de complicidades y de encubrimiento para proteger al Ejército mexicano, porque de él depende la estrategia de seguridad del gobierno federal.
Los expertos consultados por el portal de noticias Sin embargo.com.mx, el encubrimiento vino desde los altos niveles de gobierno, no sólo federal sino también estatal.
Los especialistas señalan directamente al Procurador Jesús Murillo Karam; al Gobernador Eruviel Ávila Villegas; al entonces responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, y al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Señalaron que no se trata de un evento aislado: Tlatlaya y Ayotzinapa tienen en común el hecho de un esfuerzo acérrimo por proteger a las fuerzas castrenses. Como esos dos eventos, desde hace años se realiza la misma práctica en México.
“Yo creo que hay una red de encubrimiento que no es de ahora, el sistema de justicia penal, donde muy poca gente puede saber qué hay en el expediente, esa opacidad que bajo lo que estaba construido el sistema, permitía el uso político de la justicia, ahora se espera que cambie con el nuevo sistema. En el caso de Tlatlaya se intervino para encubrir al Ejército, para presentar a las personas ejecutadas como muertos en un enfrentamiento, cuando no era cierto”, dijo Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
La semana pasada, después de que la Comisión Nacional reclasificó como violaciones a los derechos humanos lo sucedido en Tlatlaya, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó liberar todos los datos de la masacre. La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas habían ordenado congelar la información por un periodo de 12 años.
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), informó que ya se investiga a 20 funcionarios estatales, entre ellos, agentes y policías ministeriales, así como peritos en diversas disciplinas, por la presunta tortura de tres mujeres que fueron detenidas luego de la ejecución de 22 civiles por parte de elementos del Ejército mexicano ocurrida el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.
Para Cortez Morales es clara la omisión y la intención de encubrir a las fuerzas castrenses en el caso.
“Hasta la fecha la estrategia del seguridad del gobierno depende en gran medida del Ejército y por ello, tiene esa necesidad de defender a las fuerzas armadas. Hay encubrimiento en tanto que hay opacidad y un interés específico de proteger al Ejército en primer lugar el Gobernador [Eruviel Ávila] sale a dar un discurso político, junto con él el Procurador, que permite una investigación que tiene errores, altera el lugar, la escena de los hechos, da para pensar que los peritos de manera deliberada dieron dictámenes que no correspondían con la realidad”, explicó.
El investigador y experto en derechos humanos agregó que la PGR llevó desde el principio, una investigación que no permitió obtener resultados objetivos, secundada por el gobierno del Estado de México y en su momento por la CNDH.
Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana, dijo que “hay una consigna de proteger la responsabilidad institucional del Ejército”, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, que llevan a un “esquema de impunidad”.
El criminólogo Pablo Monzalvo Pérez agregó que hasta el momento no se ha llegado a una verdad jurídica de lo que sucedió, porque “no sabemos nada”.
“Hay una omisión jurídica, no han tomado su papel, tiene que haber una verdad comprobada, no podemos quedarnos con dichos. Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no son vinculatorias, pueden atenderse o no. Está en los periódicos de todo el mundo, en los pasillos de la ciudad. Que dejen de ser omisos y decir lo que tengan que decir”, expuso.
Para los expertos, todas las autoridades involucradas en el caso Tlatlaya están en el peor de los casos deslegitimadas y en el mejor, en una baja estima.
(Sinembargo.mx)
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