Las características de la vida en una sociedad son las que deben determinar su orden normativo. La teoría jurídica indica que las normas constituyentes de cualquier orden social tienen por objetivo definir los conflictos relevantes dentro de tal sistema y luego regularlos. Eso quiere decir, en palabras simples, que aquellos problemas que sean más importantes para la vida de las personas deben ser planteados en la ley. Y la ley no solo requiere señalar los problemas, sino cómo tratarlos, cómo buscar su solución.
Desde luego que son las condiciones en las que se desarrolla la vida cotidiana (algunos le llamarían el contexto histórico, social y cultural) las que determinan los conflictos principales de cada sociedad. La mexicana es una sociedad que, a mi parecer, tiene hoy como principal conflicto la desigualdad. Y, sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo refleja así. Sabemos que ésta es producto de un momento histórico muy peculiar, que se redactó originalmente hace ya más de un siglo y que buscó dar con los problemas esenciales que era preciso regular.
A lo largo de todo este tiempo ha tenido innumerables modificaciones, reformas, adiciones, pero no ha cambiado en relación con lo que hoy es el conflicto central en el país: la desigualdad. Además, este término no deja de ser un eufemismo que busca expresar de una forma “suave” la inaceptable distancia que hay entre la vida de la mayoría de las personas y las condiciones de comodidad y lujo para un grupo más reducido.
Hay millones de mexicanos que no saben si mañana tendrán dinero o contarán con trabajo. Son muchos más los que no podrían enfrentar por sus propios medios un problema de salud en su familia. En cambio, hay algunos miles que tienen recursos suficientes para que sus siguientes diez generaciones puedan vivir con total lujo. Ellos no tienen que preocuparse porque una radiografía o un estudio médico y el correspondiente tratamiento para alguno de sus hijos implica una deuda de meses o años. Millones, igualmente mexicanos, nunca podrán pagar un viaje en avión o comprarse un auto del año. No tienen mayor horizonte de futuro que el día de hoy, lo ganado hoy, lo que consumen hoy. Así de desigual es la sociedad mexicana.
Vale la pena preguntarse si no es tiempo ya de que haya un nuevo constituyente que, de una manera plural, democrática, incluyente re-defina qué es aquello que necesita nuestra sociedad para darse un orden normativo que la haga viable, sostenible y con horizonte de futuro para todos. De ese orden normativo podrían desprenderse instituciones y políticas públicas que reduzcan la distancia que hoy existe entre las condiciones en que se desarrolla la vida de los sectores sociales en México.
Muchos países han efectuado el ejercicio de darse una nueva Constitución Política en momentos importantes de su historia: tras un proceso de independencia, tras una guerra civil, tras derrocar a una junta militar, etcétera. Vaya, hablo de que es un ejercicio relativamente frecuente en la historia de las naciones el cambiar su Constitución como regla base del orden normativo.
A mi parecer, el gran tema cuando se redactó nuestra constitución era la incorporación, en igualdad de derechos, de todos los sectores de la población a la vida institucional. Por esta razón, la forma en que está redactada la constitución desde 1917 le da el lugar prioritario a los derechos y libertades que se reconocen a todos los mexicanos, para luego pasar a dar forma al entramado que garantizará el ejercicio de los mismos.
Se trató, en su momento, de un texto revolucionario. La inclusión de una lista de derechos de carácter universal (aplicables, pues, para todos sin distingo de clase, género, edad, etc.) era algo que atendía los graves problemas de exclusión, marginación, racismo y demás que generaron en buena medida el movimiento armado que estalló en 1910. Lo que seguía, después, era generar el entramado institucional que generara las condiciones para el ejercicio pleno de esos derechos.
Infortunadamente, el cauce tomado por esas instituciones (cooptadas por un partido político durante más de medio siglo y luego orientadas por un modelo de desarrollo global, como es el neoliberalismo) nos arrojaron al siglo XXI con una sociedad esencialmente desigual. En la sociedad que hoy somos la movilidad social está prácticamente cancelada, la distancia entre los ingresos del 1% de la población (la más rica) y el grueso de los mexicanos es abismal. La clase media está en proceso de reducción desde hace varios lustros y eso da como resultado que la vida sea muy difícil para unos (la mayoría) y muy fácil para otros (un puñado).
A esa distancia le llamamos “desigualdad”, pero es un término que apenas y aparece en la Constitución. No hay en nuestra Carta Magna un planteamiento esencial sobre este tema. Ahí es en donde vale la pena preguntarnos si no es necesario y pertinente pensar en un Congreso Constituyente que dé cabida a ello en nuestro marco normativo. Una Constitución que aborde el problema en sus múltiples aristas, que trace una ruta para gestionarlo y construir capacidades institucionales que no hagan depender, por ejemplo, la reducción de la pobreza a que un gobernante decida apoyar programas sociales y incrementar los salarios y quienes aspiran a sucederlo cuestionen la pertinencia de ello.
Se trata, por supuesto, de una decisión de extrema importancia, que reclama consensos, trabajo político de altura, una amplia convocatoria, deliberación seria, incluyente y, desde luego, construir legitimidad. ¿Será mucho pedir?
