Durante la administración de Silvano Aureoles, se reveló una compleja red de contratos públicos otorgados en Michoacán. Esta apunta a posibles desvíos de recursos, vínculos empresariales con figuras políticas y financiamiento indirecto a plataformas mediáticas como Latinus, mientras las autoridades mantienen abiertas diversas carpetas por presunta corrupción, de acuerdo con investigaciones periodísticas.
Contratos bajo investigación
Los nexos de Silvano Aureoles con Roberto Madrazo, excandidato presidencial del PRI, fueron señalados por presunto desvío de recursos públicos a través de contratos otorgados durante su administración en Michoacán, de acuerdo con una investigación de Sinembargo del 2022.
Las autoridades estatales analizan adjudicaciones por más de 300 millones de pesos a empresas de material y equipo médico vinculadas a Madrazo, las cuales, a su vez, financian el portal Latinus.
Entre los casos más relevantes figura la empresa Samedic, S.A. de C.V., que recibió un contrato por adjudicación directa tras las elecciones federales de 2018 por 137 millones 991 713 pesos.
A este se suman otros tres contratos: el 9 de abril de 2018 por 94 millones 711 000 pesos; el 31 de enero de 2019 por 94 millones 699 000 pesos; y el 30 de marzo de 2019 por 113 millones 220 000 pesos.
Otra firma, Hova Health S.A. de C.V., propiedad del yerno de Madrazo, obtuvo también contratos del Gobierno de Michoacán, entre ellos, uno en 2019 por 10 millones 271 000 pesos.
Empresas, financiamiento y posibles conflictos de interés
Marco Antonio Estrada Castilleja, entonces secretario privado de Aureoles, era accionista de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., mientras que Miguel Alonso Olamendi, secretario particular del exgobernador, también está vinculado a Latinus, de acuerdo con el reportaje.
Se registró que la familia Madrazo es propietaria del portal a través de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., empresas que coinciden con el periodo en que Estrada Castilleja fungía como socio y comisario, respectivamente.
A esta red se suma Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V. —antes Diseño y Publicidad, S.A. de C.V.—, también contratista del Gobierno de Michoacán. En 2018, recibió 134 millones 221 000 pesos y, ya con su nueva razón social, obtuvo en 2020 otros 115 millones.
Parte de estos recursos se transfirió a empresas vinculadas con Latinus: 9 millones 775 000 pesos a BCG Limited Consulting por servicios de producción y pauta publicitaria y 46 millones 714 000 pesos a Digital Beacon Programatic Services por producción y compra de pauta en medios.
Redes personales y círculos de poder
Entre 2015 y 2020, Aureoles realizó viajes a España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Japón acompañado de sus secretarios y de figuras cercanas al entorno político y empresarial.
En estos desplazamientos participaron Fernando Reina Iglesias —empresario priista y esposo de la actriz Galilea Montijo, colaboradora de Latinus—, así como Laura Barrera Fortoul y Luis Ernesto Maccise Uribel, vinculados al círculo de Enrique Peña Nieto. También estuvo presente Alejandro Canek Vázquez Góngora, excolaborador de Roberto Madrazo y Manlio Fabio Beltrones.
Investigaciones abiertas y denuncias
En enero de 2022, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra Aureoles Conejo, catalogada como de “alta prioridad”, por presuntos actos de corrupción durante su mandato.
Una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el exgobernador habría tejido una presunta red de desvío de recursos desde su etapa como diputado federal, mediante empresas fachada y esquemas de lavado de dinero.
Daño al erario y otras irregularidades
El actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció en noviembre de 2022 un presunto daño al erario por 5 186 millones de pesos derivado de contratos simulados para la construcción de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, a través de D&F Inmobiliaria S.A. de C.V.
En 2023, fuerzas federales catearon el rancho La Joya, en Lagunillas, presuntamente vinculado a Aureoles. Según reportes, se hallaron vehículos, objetos de valor y bóvedas con dinero en efectivo. El exmandatario negó los hechos y denunció persecución política.
Sanciones, aspiraciones y situación actual
El 7 de diciembre de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán confirmó su inhabilitación por 11 meses —del 29 de junio de 2023 al 1 de junio de 2024— por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma. Pese a ello, Aureoles sostuvo que podía participar en procesos electorales.
En diciembre de 2023, anunció su aspiración presidencial y emprendió una gira nacional, acompañada de una campaña simbólica con un “banquito verde”. Fue aspirante del Frente Amplio por México.
En 2024, él y su hermano Antonio García fueron expulsados del PRD tras anunciar un nuevo proyecto político.
Ese mismo año, Netflix estrenó un documental sobre el asesinato del activista Homero Gómez González, ocurrido en enero de 2020, en el que Aureoles fue entrevistado como uno de los presuntos señalados.
Prófugo y bajo señalamientos recientes
Desde 2025, se encuentra prófugo al no presentarse a una audiencia por el delito de corrupción durante su presidencia en Michoacán.
En marzo de 2026, declaraciones del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señalaron: “Logra escapar desde el aeropuerto de Jalisco. Todo indica que le ayudaron allá en Jalisco para salir del país”.
Al ser cuestionado sobre posibles apoyos, se indicó que “extraoficialmente, se habla de este grupo delincuencial”.
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