Sin rumbo

El fusilamiento en Tlatlataya contra supuestos delincuentes, el crimen de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, el atentado contra la integridad de la educación superior en el IPN, han venido a polarizar aún más a la sociedad mexicana.  De un lado una clase gobernante a nivel municipal, estatal o federal que toma en cuenta a la población que la eligió, mientras esta última se conforme con lo que haga y esté dispuesta a aplaudirle, elogiarla pero no a reclamarle. Que no reclame aunque las políticas vayan en su contra y sólo beneficien a los grupos asociados con los que toman
octubre 26, 2014

El fusilamiento en Tlatlataya contra supuestos delincuentes, el crimen de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, el atentado contra la integridad de la educación superior en el IPN, han venido a polarizar aún más a la sociedad mexicana. 

De un lado una clase gobernante a nivel municipal, estatal o federal que toma en cuenta a la población que la eligió, mientras esta última se conforme con lo que haga y esté dispuesta a aplaudirle, elogiarla pero no a reclamarle.

Que no reclame aunque las políticas vayan en su contra y sólo beneficien a los grupos asociados con los que toman las decisiones.

Porque si reclama por haber sido objeto de algún hecho criminal,  el estado en todos sus niveles criminalizará a las víctimas y en el mejor de los casos las dejará sin posibilidad de justicia cuando no, les castigará adicionalmente.

Casos ejemplares se dan en el nivel municipal, cuando, por ejemplo,  la inefable presidenta de Toluca, ante el reclamo generalizado contra los criminales del transporte público,  responsabilizó a los peatones de dejarse atropellar.

O el  gobernador del estado cuando recientemente, en un hecho para la historia, exculpó a priori al ejercito por la ejecución sumaria de presuntos miembros de cárteles a quienes declaró culpables.

Y también cuando el gobierno federal pretende hacer creer que los asesinatos y desaparición de los estudiantes de Guerrero fueron una especie de confrontación entre grupos criminales, con  lo que  pudiera atenuar su responsabilidad.

Las protestas que se han extendido a todo lo largo del país en esencia plantean la falta de un proyecto nacional que dé certeza a la mayoría sobre una forma de vida segura y promisoria.

Y mientras las protestas siguen, los gobernantes se recrean en su mundo de terciopelo, donde todo son aplausos.

Aplausos comprensibles si se atiende a que los aplaudidores son empleados o beneficiarios del aplaudido.

En otras latitudes y con estadistas al mando, una crisis como la evidenciada daría lugar a una revisión profunda del proyecto de país y la manera de construir uno encauzado a la edificación de un gobierno y una  sociedad distintos a los que tenemos. 

Esa sería una respuesta alentadora pero lo que se tiene es una serie de justificaciones para que las cosas sigan igual.

Lo más trágico de todo lo que ocurre es que el país no encuentra todavía, después de más de 300 años como nación independiente, el rumbo para alcanzar una sociedad digna, equitativa, próspera y justa. 

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