Mientras Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Edomex se pronunció contra la austeridad argumentando la importancia de la suficiencia presupuestal para los poderes judiciales locales, pues “una buena administración de justicia requiere inversión y autonomía”, el senador Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta, afirmó que ningún órgano autónomo escapará de la austeridad, incluyendo el poder judicial y otras instituciones.
Al participar en los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial que este martes se realizaron en el Congreso del Estado de México, Monreal Ávila subrayó que la política de austeridad será una realidad ineludible para todos los órganos autónomos, con el objetivo de garantizar que nadie gane más que el presidente de la república, conforme a lo establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Esta medida afectará tanto a nivel federal como local, obligando a todos los poderes judiciales de las entidades federativas a alinearse con los nuevos parámetros.
Austeridad y derechos laborales
Ante la presencia de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, Monreal Ávila afirmó que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad.
Los presupuestos de egresos considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación laboral.
«Todos los derechos y conquistas laborales de los trabajadores, por disposición constitucional, estarán a salvo», dijo.
¿Cuánto costará elegir a ministros, magistrados y jueces?
La organización de la elección de mil 600 ministros, jueces y magistrados podría costar entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, adelantó Ricardo Monreal Ávila, y explicó que esta cifra se ha calculado con la ayuda de actuarios y personal del INE, quienes asumirán la responsabilidad de organizar las elecciones.
Esta elección, considerada una medida excepcional, forma parte de la profunda reforma judicial que busca homologar las instituciones federales a nivel local.
Para cubrir estos costos, se podría destinar parte de los 23 mil millones de pesos que actualmente se encuentran en fideicomisos y que serán transferidos a la Tesorería de la Federación una vez que se extingan dichos fondos, según lo establece la propuesta de reforma.
Extinción de Fideicomisos
La reforma propone la extinción de fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos que no estén previstos en una ley secundaria, con un plazo de 90 días para enterar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación.
Monreal Ávila destacó que esta medida busca transparentar y optimizar el uso de recursos públicos, eliminando cualquier fondo que no se ajuste a la nueva legislación.
Elección de Ministros y Magistrados
La organización de la elección de mil 600 ministros, jueces y magistrados es una medida única que implica un gasto significativo, estimado entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos.
Esta elección será organizada por el INE, en colaboración con actuarios y expertos, y se financiará con parte de los recursos recuperados de los fideicomisos extinguidos.
Conciliación de derechos adquiridos
En el Salón Benito Juárez de la Cámara de Diputados del Estado de México, destacó la necesidad de conciliar los derechos adquiridos de magistrados y jueces con la implementación de la reforma.
Actualmente, los magistrados y jueces reciben pensiones complementarias significativas que, sumadas a las del ISSSTE, representan montos elevados.
La reforma propone ajustar estas remuneraciones para alinearlas con los parámetros constitucionales, sin comprometer los derechos laborales ya adquiridos.
Eliminación del Haber de Retiro
La reforma también establece que los ministros y ministras de la Suprema Corte que concluyan su encargo no serán beneficiados con el haber de retiro.
Este beneficio incluye el salario al 100 por ciento durante los primeros dos años y el 80 por ciento en los años siguientes, además de diversas prestaciones como aguinaldos, seguros de vida y vehículos blindados, entre otros.
Implementación a nivel local
Una vez aprobada la reforma, las entidades federativas y sus legislaturas locales tendrán 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a sus leyes locales, garantizando que la austeridad también se aplique a los poderes judiciales locales, incluyendo el Estado de México.
El líder de Morena en el Senado de la República, subrayó que este es un mandato del constituyente permanente y es inevitable.
El próximo foro se llevará a cabo en Chiapas, continuando con el proceso de consulta y discusión interinstitucional, en busca de una reforma que satisfaga las necesidades de todos los involucrados en el sistema judicial del país.
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