Toluca, México; 7 de agosto de 2018. A once años de cumplida la ley de la Interrupción Legal del Aborto (ILE), aprobada en 2007, la Ciudad de México ha declarado que, desde entonces, el número de muertes maternas por causas de un aborto mal practicado se ha reducido a cero. En México, ésta es la quinta causa de muerte materna y 57 % de ellas han sido producto de la clandestinidad, de acuerdo con datos de Inmujeres capitalina.
Durante el período 2007-2017, unos 176 mil 100 abortos han sido practicados de manera segura en clínicas especializadas cuya tasa de mortalidad por aborto es nula; un logro que dista en estados como Chiapas, Nayarit, Guerrero o Oaxaca, donde la tasa de mortalidad materna es de entre 68. 5 defunciones la más alta y 48.6 la más baja, cuyas causas son principalmente la mala praxis, además del nacimiento prematuro, entre otras. El Estado de México no figura en los primeros lugares de la lista, debido, entre otras cosas, a la cercanía con la Ciudad de México, pues del total de abortos practicados, 44 mil 608 han sido han mujeres mexiquenses. Es decir, el 35.6 %.
El Estado de México ocupa, por otro lado, uno de los primeros 10 lugares nacionales de muerte por abortos mal practicados junto con Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. De acuerdo con cifras de la organización Grupo de Acción, alrededor de 800 mujeres en el país fueron acusadas por el delito de abortar.
Despenalización para salvar vidas
La razón que despenalizó la práctica en la Ciudad de México no requirió más argumento que un sostén estadístico: previo a 2007, seis de cada diez mujeres fallecían por complicaciones durante una práctica abortiva en la capital, víctimas de mala praxis, negligencia e insalubridad “donde, incluso, se hacían con agujas, pues quien iba a un hospital es porque tenía dinero”, comentaba en entrevista para el diario Excélsior, Teresa Inchuástegui, entonces directora de Inmujeres, a un día del décimo aniversario del ILE en México.
Desde entonces, datos de la antropóloga Marta Lamas de la UNAM arrojan que 80 % de mujeres que se han sometido a un aborto en alguna de las clínicas que ofrecen el servicio gratuito en la Ciudad de México han demostrado conducir el tratamiento con diligencia y consciencia. Lamas comentó que las pacientes pudieron llevar a cabo el procedimiento desde sus casas, con auxilio de un fármaco, y posteriormente regresaron para una revisión, circunstancia que también ilustra un procedimiento seguro por parte de las instituciones médicas.
No obstante, la cifra de pacientes que se someten a la interrupción del embarazo en la capital son mucho mayores a las que se conocen por medio de instituciones públicas y Lamas advierte que de estos 176 mil abortos contabilizados en la década en que ha sido despenalizado hay también que sumar aquellos practicados en clínicas y hospitales privados, que en conjunto pueden llegar hasta el millón de abortos legales hasta las 12 semanas de gestación.
A contrapunto de lo que sucede en la Ciudad de México, el resto del país no sólo se ha mostrado reticente al considerar la despenalización del aborto, iniciativa que por sí misma ha sido producto del impulso ciudadano, sino que, incluso, en algunos de los 31 estados de la República se han endurecido las penas. De entre los que destacan al respecto se encuentran Guanajuato y Querétaro, estados donde abortar sólo es posible bajo el concepto de un embarazo producto de abuso sexual – circunstancia no necesariamente suficiente para las instituciones, como se verá más adelante – y que, además, ponga en riesgo la integridad de la paciente en la medida en que ésta es, incluso, objeto de persecución social y violaciones a los derechos humanos.
En Guanajuato, de 2000 a 2008, médicos de la Secretaría de Salud denunciaron a 130 mujeres que solicitaron atención médica después de someterse al procedimiento, informó en su momento Verónica Cruz Sánchez, entonces directora del Centro Las Liebres. En medios nacionales, Cruz condenó que “antes de atenderlas, a pesar de que llegan con hemorragias, los doctores las obligan a decir que abortaron porque tomaron pastillas. Después, presentan la denuncia penal, que en algunos casos es ratificada por todo el personal del hospital”. Veinte de las más de cien mujeres pasaron una temporada en la cárcel.
Aunque una década ha acontecido desde esta denuncia, Guanajuato continúa como uno de los estados con los marcos legales más rígidos; junto a él, y a manera de testimonio reciente, Querétaro es el otro estado donde el escenario para la mujer lo retrata el caso de Dafne McPherson, es devastador dadas las numerosas violaciones a los derechos humanos de las que fue y sigue siendo víctima. De la fiscalía, Dafne no recibió más que espaldas; la más fría, la del fiscal Gustavo Dolores Acosta, quien se refirió a la joven madre como menos que una “perra”.
El caso Edoméx
El gobierno del Estado de México considera al aborto un delito salvo cuatro consideraciones específicas en las cuales practicarlo es legalmente posible, de acuerdo con el Artículo 251 del Código Penal:
• Cuando el embarazo ha sido producto de una conducta imprudente o culposa de la mujer.
• Cuando el embarazo es producto de una violación.
• Cuando la mujer corre peligro de muerte siempre y cuando así lo dictaminen dos médicos distintos.
• Cuando el feto presente graves alteraciones congénitas o genéticas, siempre que así lo determine un médico.
Aunque un marco legal más laxo que en estados previamente mencionados, las mexiquenses han mostrado un patrón de emigración a la Ciudad de México para practicarse un aborto seguro de manera libre, además de gratuita. Para octubre de 2017, la cifra publicada por Inmujeres capitalina de 176 mil 109 abortos había subido a 183 mil 964, de las cuales 47 mil 45 corresponde a mujeres del Estado de México, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar de abortos practicados en ciudad capital, seguido a lo lejos por Puebla con mil 91.
El estigma ha pulido los métodos con los que las mexiquenses acuden para someterse al procedimiento, como presentar comprobantes domiciliarios apócrifos de la Ciudad de México para evitar ser rastreadas o perseguidas, según declaró a El Universal la joven Lidia, del municipio de Nicolás Romero. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, en México el 40 por ciento de los embarazos no deseados se presenta en mujeres de entre 15 y 19 años.
No obstante el consenso social que castiga a la mujer con etiquetas, cuyo denominador común son la irresponsabilidad, la imprudencia, la inconsciencia y la ignorancia, Inmujeres arrojó cifras que rebaten el argumento de la estigma y en la que se ilustra que el 39.9 por ciento de las mujeres posee educación preparatoria y el 17.3 por ciento educación superior. Como dato demográfico adicional, se muestra que el 53.3 por ciento son solteras, el 28.1 por ciento vive en unión libre, el 12 por ciento en matrimonio y el 3.2 por ciento en el divorcio. Casi el 50 % de todas ellas está compuesto por estudiantes y trabajadoras.
Esperanza Arias Velázques, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), denunció en julio de este año que en el Estado de México son contados los espacios donde el procedimiento pueda conducirse a favor de las mexiquenses que encajen en el marco legal de las cuatro excepciones que establece el Código Penal del estado. A esto se suma que, en la amplia mayoría de los escenarios, el personal médico no está informado acerca de las causales que permiten el acceso al aborto legal, además de que, mencionó Arias, en ocasiones pueden incurrir en violencia obstetricia.
En la entidad, tanto el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) como las delegaciones Oriente y Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendieron a cerca de 16 mil 74 mexiquenses que padecieron un aborto espontáneo. El IMSS por sí solo contabilizó en 2017 2 mil 64 abortos en el Estado de México, procediendo 14 intervenciones por día. Datos del Instituto documentan que el 8.86 % de todos los abortos espontáneos del país corresponde a mujeres mexiquenses.
Para el tercer mes de este año, Toluca padeció la muerte de 3 mexiquenses que se sometieron al procedimiento en clínicas clandestinas, razón por la que un grupo de mujeres activistas se manifestaron en el centro de la capital para exigir la despenalización del aborto como lo hizo la Ciudad de México, que es el único ejemplo para demostrar que combatir la penalización es la vía que garantiza la vida de las jóvenes que por factores exógenos deciden someterse al procedimiento. Al respecto, Arias Velázquez lamentó el hecho de que “hay mujeres que arriesgan su vida por circunstancias sociales y económicas. Se les hace fácil acudir a un centro donde se les puede practicar el aborto clandestinamente, arriesgando sus vidas”.
El derecho a elegir
El debate sobre lo que el ser humano decide hacer con su cuerpo es uno que han minimizado al menos 17 estados del país, donde las legislaciones constriñen la elección de las mexicanas que por numerosas razones de carácter tanto económico como social y de salud optan por el camino del aborto. Las reformas a las constituciones estatales que protegen la vida desde la concepción, con base en argumentos de carácter conservador, son las que han endurecido los marcos legales de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
A once años de introducida la ILE, la Ciudad de México se mantiene como el único estado de la república donde practicar un aborto no pone en riesgo la integridad integral de la mujer mexicana, reduciendo el índice de mortalidad y garantizando atención medica de calidad sin prejuicio. En este momento, el reto al que se enfrenta la legislación es a expandir el lapso de embarazo de 12 a 18 semanas, siguiendo el modelo que opera en otros países del continente europeo, mismos que han demostrado mejorar la calidad de vida, y que se extienden el período de intervención hasta en las 24 semanas de gestación. La ciencia es, en este caso, el mayor argumento con el que Europa ha despenalizado el aborto, pues los estudios han demostrado que previo a las 24 semanas aún no se concreta la sinapsis en el cerebro del feto, por lo que tomar la decisión de interrumpir la maternidad hasta ese momento no infringe sufrimiento al producto.
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