■ Tecámac y el riesgo de ruptura interna;
■ Metepec y la oposición que no aparece.
El comodato como figura, no como agravio
El Centro Toluqueño de Escritores no es una ocurrencia reciente ni un actor improvisado en la vida cultural de Toluca. Fundado en 1983 como iniciativa ciudadana, funciona como una asociación civil dedicada al fomento de la escritura, la lectura y la formación literaria, y lo hace desde hace décadas en un inmueble de propiedad municipal ubicado en la Plaza Fray Andrés de Castro. Ese dato no es menor: el espacio nunca ha sido privado ni autónomo en términos patrimoniales, sino público, cedido mediante una figura jurídica revocable. Epistemológicamente, el debate debe partir de ahí: no está en juego la libertad intelectual ni la censura cultural, sino la vigencia de un comodato. Ontológicamente, el Ayuntamiento no actúa como antagonista cultural, sino como administrador de bienes colectivos. Y, deontológicamente, revisar o incluso terminar un comodato no constituye una agresión simbólica, sino una facultad legal que debe ejercerse con criterios públicos, transparentes y razonados. El error aparece cuando se confunde trayectoria cultural con derecho adquirido o autonomía creativa con propiedad moral sobre un bien que siempre ha sido público.
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Tecámac: un boquete en construcción
El conflicto abierto entre la alcaldesa Rosy Wong Romero y la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, antes parte del mismo grupo político, dejó de ser un diferendo interno y amenaza con convertirse en un boquete electoral para Morena en 2027. No está en juego solo el Gobierno Municipal de Tecámac: también se disputarán una diputación local y una federal en elecciones concurrentes donde la división cuesta caro. La extensión del conflicto hacia el diputado local Samuel Hernández Cruz confirma que la fractura no está contenida. El origen no es ideológico ni programático; es administrativo: control, decisiones y reparto de recursos. Morena no está procesando bien sus diferencias internas y el tiempo juega en contra. PAN, PRI y MC no necesitan operar: basta con esperar. Desactivar este conflicto no es opcional; es urgente si se quiere llegar competitivo a 2027.
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Metepec: adversarios a modo
Las condiciones de hartazgo social en Metepec son suficientes para sacar del poder en 2027 al grupo político gobernante, hoy encabezado por Fernando Flores Fernández. El repudio al actual Ayuntamiento no es abstracto ni de redes: se expresa en colonias, pueblos y vida cotidiana, donde la consigna es clara y reiterada: no más PAN ni PRI. El desgaste es real, profundo y territorial, producto de un gobierno percibido como distante, autorreferencial y ajeno a las prioridades sociales. Por eso, resulta no solo llamativo, sino francamente sospechoso que Morena y sus aliados no hayan logrado, hasta ahora, organizar una oposición seria ni perfilar un candidato competitivo. No se trata de falta de condiciones políticas, sino de ausencia de decisión. Cuando el adversario está debilitado y la alternativa no aparece, la complacencia deja de ser torpeza y empieza a oler a cálculo. En política, los vacíos no existen: se llenan o se explican.
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Lerma y el PRI: una salida que pesa
El próximo golpe al PRI mexiquense no vendrá de una elección, sino de una renuncia: la del alcalde en funciones de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce. Durante meses, el priismo ha intentado por todas las vías evitar su salida, no por convicción política, sino para contener la exhibición pública de su debilitamiento territorial. Ramírez Ponce no es un cuadro menor: Lerma tiene un valor simbólico relevante para el PRI, por su ubicación, su peso histórico y su papel como municipio bisagra. Aún no está claro hacia dónde se moverá el alcalde, si hacia Morena o hacia el Partido Verde, pero el dato político relevante no es el destino personal, sino la consecuencia electoral: Lerma será territorio morenista en 2027. Cuando un partido ya no puede retener ni a sus propios alcaldes, la derrota deja de ser pronóstico y se convierte en proceso.
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Reforma y el dinero público
El diario Reforma representa hoy la oposición abierta a la Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha clasificado como vocero del conservadurismo que, día tras día, se empeña en desacreditar a su gobierno mediante una combinación de falsedades, medias verdades y sesgos sistemáticos. Antes, Andrés Manuel López Obrador lo definió con desdén como un “vulgar pasquín de la derecha”. Con ese antecedente político y editorial, resulta incomprensible que el Gobierno del Estado de México continúe inyectando recursos públicos a ese medio a través de la contratación de publicidad oficial. No se trata de censura ni de pluralidad informativa, sino de coherencia política y responsabilidad administrativa. Financiar con dinero público a un actor mediático que combate abiertamente al proyecto de gobierno no fortalece la democracia: subsidia a la oposición ideológica. En tiempos de austeridad y prioridades sociales, esa decisión no es neutral; es una toma de partido que exige explicación.
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