Clivaje: territorio-dinero
El proceso sucesorio en el Estado de México siempre ha sido complejo y ahora se ha problematizado aún más. Ya en las lejanas épocas del partido hegemónico la selección de candidatos estuvo marcada por el clivaje centro-periferia, sin embargo, a partir de la “sana distancia” que marco Ernesto Zedillo durante su gobierno, el crecimiento de los poderes locales se ha ido incrementando por una lógica basada en el manejo discrecional de recursos públicos, que como lo ha demostrado en diversos trabajos Luis Carlos Ugalde, Vicente Fox inauguró con la transferencia de dinero público producto de los excedentes petroleros como forma de negociación con los gobernadores del priismo, así el flujo de recursos del que han gozado los gobernadores desde el año 2001 resolvió a favor de la periferia la toma de decisiones para nombrar candidatos en los estados gobernados por el PRI, que estuvieron libres del yugo presidencial durante 12 años, mismos en los que ganaron independencia del centro. Junto a dicha autonomía periférica se registró ese crecimiento exponencial de recursos que ha llevado a afirmar a Héctor Aguilar Camín que en un estado mediano de la República las campañas cuestan al menos 200 millones de pesos al candidato ganador, que por supuesto rebasan los topes de gastos de campaña. En este contexto la carrera sucesoria en el Estado de México amerita ser tratada a partir de dos elementos clave en las elecciones recientes del país; si bien es cierto que no todo se gana con dinero, también es cierto que sin dinero difícilmente se gana una elección, luego entonces el clivaje territorio-dinero es un elemento fundamental para analizar el proceso 2017.
Efectivamente, el territorio que gobierna el PRI en la entidad se ejerce en tres grandes ámbitos, por vez primera desde el año 2000 el PRI es gobierno en el ámbito federal, en el estado y en la mayoría de los municipios de la entidad; una operación simple permitiría llegar a concluir que a los más de 200 mil millones de pesos que tiene el presupuesto el gobierno del Estado habría que sumarle el de los 84 ayuntamientos gobernados por este mismo partido, y que son cobijados estratégicamente por un presupuesto federal que no ha tenido empacho alguno en bajar todos los recursos posibles a la tierra del presidente de la república. Para el PRI, este constituye un escenario francamente favorable pues la clase política local está acostumbrada a competir tanto en posiciones de desventaja (recordemos que entre 1996 y 2006 la oposición tuvo mayoría en el poder legislativo y durante un largo periodo también en los ayuntamientos) como ventajosas, como en este caso donde concurren recursos tanto formales como informales que se sumaran a la misma causa. Pero la oposición “no está manca”; el PAN gobierna en 19 municipios, que en comparación con los ingentes recursos del priismo local, resultan insuficientes, pero seguramente contará para esta competencia, con los apoyos de los ya 11 gobernadores que bajo estas siglas ejercerán recursos públicos el año próximo y tendrán al estado de México como la elección clave rumbo al 2018. Aun con todos estos apoyos el PAN difícilmente ganaría solo, necesita de una coalición en donde al menos sume al PRD, situación que cada vez se ve más compleja dado los recientes coqueteos de AMLO quien se ha cansado de ofender y cuestionar a sus correligionarios pero que ve en Estado de México la oportunidad de sumar votos para su causa, es muy discutible y tengo serias dudas de que las causas de este llamado del dirigente de MORENA sean del todo confesables y más me parece un intento por evitar la coalición PAN-PRD que realmente sería muy competitiva para el PRI, que de una vocación por juntar a las izquierdas que por lo demás, como ya lo hemos apuntado en otra colaboración anterior la suma de un bloque PRD-MORENA-MC-PT (aunque este último tiene vendida su alma con el peñismo) apenas llegarían a sumar del 31 al 33% de probables electores, que como anotamos lejos están del 43% que sumaría el bloque de gobierno, con estas cifras no es difícil advertir que bajo el amago del compromiso ideológico realmente se esconde una sofisticada negociación para fragmentar el voto opositor y darle ventajas al partido en el poder.
Es fundamental el tema del territorio en función de los recursos que tienen los gobiernos de las distintas fracciones partidarias, como por el hecho de que en las actuales condiciones de competencia los candidatos no pueden comprar tiempo en en radio y tv, las reglas electorales en el papel son muy restrictivas, al punto de que el rebase del gastos de campaña puede provocar la anulación de la elección, pero como vimos en las elecciones locales de este año esas reglas resultan ser muy laxas en su operación institucional gracias a dos grandes debilidades estructurales que no serán corregidas por lo pronto: la ausencia de regulación del artículo 134 constitucional y la incapacidad de los órganos electorales para identificar el dinero que en efectivo se maneja en las elecciones y que estando lejos del alcance de la autoridad electoral se convierte en una importante zona gris para la fiscalización electoral.
La falta de reglamentación del artículo 134 constitucional, ha permitido al gobierno local destinar importantes cantidades de dinero tanto a la promoción gubernamental, como a la personalizada del gobernador Eruviel Ávila quien hasta se ha dado el lujo de inventarse un clon en las cápsulas informativas “A mí ya me pasó” , sin que la oposición haga uso de alguno de los recursos legales a su alcance, este manejo de medios no es privativo del partido en el poder, en otra escala pero también ejerciendo recursos informales, José Luis Durán despliega una intensa campaña en redes sociales que podrían tipificarse como actos anticipados de precampaña, y lo mismo podría decirse de Oscar Gonzáles Yáñez del PT quien también abiertamente se promociona como candidato de dicho partido. Cualquiera dirá con cierta razón que, los aspirantes priistas tienen un reducido margen de maniobra en comparación con los de la oposición, pero eso francamente es improbable, basta revisar el despliegue publicitario de los principales aspirantes dentro del partido en el poder para advertir que en las redes sociales también operan en condiciones laxas, así la combinación de la ausencia de regulación para autoridades que ejercen recursos públicos como para actores políticos que utilizan recursos propios o de origen desconocido pero que son informales en tanto no se encuentran sujetos a regulación en estos momentos, se puede concluir que las sorda lucha por ganar espacios publicitarios seguirá en boga los próximos meses sin que autoridad alguna pueda contenerlos. Si en una elección a gobernador promedio el candidato ganador ejerce (según Aguilar Camin, aunque yo pienso que es mucho más) alrededor de 200 millones de pesos con una cuarta o tercera parte del padrón electoral que tiene la entidad, no es descabellado suponer que el costo informal de la elección a gobernador rondará tranquilamente entre los 800 y los mil millones de pesos para el 2017.
Una pregunta resulta pertinente: ¿de dónde se obtienen esos recursos para ganar la elección a gobernador en el Estado de México? No les voy a dar malas ideas, pero resulta claro que los recursos públicos que se ejercen en los tres ámbitos de gobierno canalizan dinero legal, sea en programas de regionalización, como lo hace el gobierno del estado, como en estructuras territoriales que tienen los ayuntamientos para ganarse la confianza de los ciudadanos, además claro está, de la apropiación de las rentas que ha sido ampliamente documentado en la historia del país bajo la modalidades del “contratismo” y a esta cuestionable práctica común, no escapa partido ni actor político alguno, quizá por ello nadie se ocupe en estos momentos de acusar a sus adversarios, pues se sabe que todos recurren a las mismas prácticas cuando se trata de obtener el poder.
Las hipótesis para este ejercicio ya está enmarcando la importancia de este clivaje territorio/dinero, dado que el territorio gobernado es importante tanto por la capacidad organizativa de los gobiernos que utilizan los recursos públicos para allegarse de la simpatía ciudadana, en una práctica que fomenta un modelo corporativista que mantiene una cultura de la dádiva y que año con año hace más caras las elecciones, pero para los gobiernos de todos los signos les resulta “normal” con todo y que dicha práctica acostumbra a los electores a realizar intercambios selectivos impredecibles como quedó demostrado en las recientes elecciones de junio pasado. El PRI contará con estas estructuras territoriales alimentadas por sus gobiernos en cantidades estratosféricas, el PAN tendría por vez primera (si deciden ir por la gubernatura en serio), además de los recursos locales, el eventual auxilio de 11 gobernadores que no dudarán de apostar por un triunfo que los acerque a recuperar la presidencia en el 2018 y el PRD hará lo propio con los suyos (4 que gobierna solo y tres mas que lo hace en coalición con él PAN), de tal suerte que el escenario de la batalla para 2017 se desplegará tanto en el frente territorial como en el uso y abuso de recursos informales, tantos como sean necesarios, por lo que sin duda alguna nuestra elección será la madre de todas la batallas del 2017 y marcará el rumbo para la sucesión presidencial venidera. Un bloque opositor, con todo y que resulte lo más lógico para disputarle con seriedad la gubernatura al PRI, será difícil de amarrar, tanto porque acá tenemos una oposición domesticada, como porque los incentivos de cualquier negociación interpartidaria pueden ser igualados o mejorados por el partido en el poder, recuerden la máxima: en política, todo lo que se compra, sale barato!!
El año próximo estarán en juego 3 de las 5 gubernaturas que él PRI nunca ha perdido, pero ninguna tiene el peso simbólico y electoral del Estado de México. Ya falta poco para saber si este juego sucesorio será tomado en serio por la oposición o veremos una simple mascarada que le de una “ayudadita” a los dueños del balón, como se dice en el argot futbolístico.
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