Hasta el 5 de mayo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) había recibido 28 denuncias por violencia política en razón de género, contra mujeres, en distintos municipios.
A esa cifra se sumarán las que se hayan interpuesto en los últimos días y la presentada por la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, quien este domingo acusó a los columnistas Raymundo Rivapalacio y Leonardo Kourchenko de difamarla, al vincularla con el crimen organizado.
Las quejas que se habían presentado hasta inicios de este mes en su mayoría fueron presentadas por integrantes de ayuntamientos en 16 casos, otras siete por integrantes de juntas, dos por precandidatas, otras dos en el rubro de otras y una por una ciudadana.
La de Núñez Ponce es la primera de una candidata a presidenta municipal en la entidad que al menos se hace pública.
Hasta el 5 de mayo la mayoría de las que fueron presentadas se registraron en Ecatepec con 53, en Metepec tres y una, en Coyotepec en Cuautitlán Izcalli, en Melchor Ocampo, en Nicolás Romero, en Polotitlán, en Teotihuacán, en Tultitlán y una más en Zinacantepec.
Las denuncias son en contra integrantes de ayuntamientos en 13 casos, al consejo general en cuatro, a personal de juntas en otras cuatro, hacia dos periodistas y cinco a otras, sin precisar quienes.
La última es de la abanderada de Valle de Bravo y también señala a periodistas.
Hasta el 5 de mayo 15 de esas denuncias estaban en trámite y 13 ya habían concluido.
De acuerdo con la ley, pueden cometer violencia política contra las mujeres en razón de género agentes estatales, superiores jerárquicos y colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos, militantes, simpatizantes, un particular o un grupo de personas, representantes de partidos, precandidatos, precandidatas, candidatas y candidatos postulados por las fuerzas políticas; así como los medios de comunicación y sus integrantes.
La violencia política en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género que busque limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, el acceso y ejercicio a las prerrogativas.